La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó, en tres años, un total de 59 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el tema de las llamadas factureras, informó Grisel Galeano, titular del órgano.
Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para hablar sobre la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 y la Miscelánea Fiscal, la funcionaria señaló que estas denuncias fueron por 54,688 millones de pesos.
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“Un punto medular es la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), pues durante años las factureras fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos”, aseveró antes las y los legisladores.
A detalle, la procuradora indicó que las denuncias que se presentaron en el 2022 sumaron un monto de 17,000 millones de pesos, mientras que en el 2023 se presentaron otras más por 21,700 millones de pesos.
En tanto, en el 2024 se presentaron denuncias por un monto de 10,000 millones de pesos, mientras que en lo que va del año ya suman otros 5,600 millones de pesos.
“Estas cifras equivalen a presupuestos completos de estados de la república. Cifras que pudieron ser hospitales, carreteras, universidades y becas”, condenó.
En este sentido, aseguró que “nadie puede esconderse en lagunas legales” y que con las modificaciones propuestas no se busca presionar a los contribuyentes que ya cumplen, sino “cerrar la puerta a la evasión”.
De acuerdo con los datos de la llamada “lista negra”, que fue creada en el 2014, al cierre de agosto pasado las factureras ya sumaban un total de 11,028 registros.
Las modificaciones
El Paquete Económico 2026 propone una serie de modificaciones al CFF para endurecer el combate a las llamadas factureras y que se les pueda aplicar la prisión preventiva oficiosa.
Uno de los puntos principales de la reforma al CFF es que se busca empatar dicho código con el artículo 19 de la Constitución que establece que “cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales” amerita prisión preventiva oficiosa.
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Otra facultad que se adiciona son las visitas domiciliarias exprés que podrá realizar el fisco para verificar si los comprobantes fiscales emitidos por un contribuyente amparan operaciones reales y verificables.
De esta manera, la autoridad podrá realizar estas visitas domiciliarias cuando tenga indicios de que una empresa está emitiendo falsos comprobantes fiscales y tendrá un plazo de 24 días para hacer la revisión y emitir una resolución.
Por su parte, el contribuyente tendrá un plazo para contestar a la autoridad y demostrar que efectivamente se realizaron las operaciones por las cuales se emitieron las facturas o comprobantes.
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El resultado de esa revisión directa puede llevar no solo a que se le restrinjan al contribuyente de manera definitiva sus certificados sello digital, sino incluso a que se le acuse por la vía penal, lo cual puede resultar en una pena de tres a seis años de cárcel.
Asimismo, otras de las facultades que se proponen otorgarle al fisco para combatir a las factureras es negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas vinculadas con empresas fachada.
Cortesía de El Economista
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