Docentes y estudiantes universitarios se pronunciaron este viernes contra la motosierra de Javier Milei. Con huelgas y movilizaciones, confluyeron en sus protestas en Buenos Aires con médicos y otros trabajadores de hospitales pediátricos. En ambos casos, el propósito de los manifestantes fue rechazar el veto del presidente a dos leyes que otorgan mayores fondos para la universidad y la salud públicas. Fue apenas un anticipo de la marcha nacional que se presume masiva y que fue convocada por la mayoría de los sindicatos y organizaciones de ambos sectores para el próximo miércoles. Ese día la oposición buscará en el Congreso torcerle la mano a Milei e insistir con las normas vetadas. El Ejecutivo respondió a los reclamos con una denuncia judicial contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de estudios más grande del país.
El pulso entre el Gobierno ultraderechista y la comunidad universitaria lleva casi tanto tiempo como la gestión de Milei. Como nunca logró consenso parlamentario para aprobar un presupuesto, el presidente gobierna con sucesivas prórrogas de la distribución de recursos de 2023, modificadas según su propio criterio, el de quien declaró ser “el topo que destruye al Estado desde adentro”.
De acuerdo con las estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, el presupuesto de las universidades sufrió una caída real del 30%. Peor aún fue la pérdida para los sueldos de profesores y trabajadores de la educación superior: su poder adquisitivo cayó un 40% en el mismo lapso.
“El país atraviesa una situación gravísima”, alertó el presidente del CIN, Oscar Alpa. ”Desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también, porque es a partir del presupuesto que se financian el sistema, la autarquía y la autonomía universitarias”, dijo.
Para revertir el ajuste instrumentado por el Ejecutivo, el Congreso aprobó el mes pasado una nueva ley de financiamiento universitario, con apoyo de toda la oposición. La norma prevé una mejora salarial según la inflación, así como una actualización de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, becas y otros rubros. Milei la vetó esta semana, tal como había hecho el año pasado con una ley similar. En 2024, el Parlamento no pudo rechazar la decisión presidencial. El miércoles 17 se comenzará a saber si podrá hacerlo este año, frente a un Gobierno más desgastado, recién derrotado por el peronismo en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires y ya cerca de las decisivas elecciones nacionales del 26 de octubre.
Pero la primera reacción contra el veto se produjo este viernes.Los sindicatos de profesores cumplieron una huelga nacional, mientras algunos gremios conducidos por agrupaciones de izquierda se manifestaron en la Plaza de Mayo, junto a organizaciones estudiantiles.
“No al veto”, decía una de las banderas que cargaban los estudiantes. A unos metros, un cartel exigía”salud pública para las infancias”. Allí, frente a la Casa Rosada, alumnos y profesores coincidieron con una protesta de médicos, enfermeros y otros trabajadores de centros de salud pediátrica, mayoritariamente del Hospital Garrahan. Al igual que los universitarios, se movilizaban en rechazo a un veto de Milei, en este caso contra la ley de emergencia en pediatría, otra norma aprobada para dar marcha atrás con el ajuste que afecta al presupuesto de los hospitales pediátricos y los salarios de su personal.
“Este veto, lejos de ser una señal de fortaleza, es un recurso desesperado de un Gobierno en crisis”, arremetió Alejandro Lipcovich, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Hospital Garrahan. ”La recomposición salarial es una necesidad urgente, pues continúan las renuncias y el vaciamiento hospitalario”, aseguró. El personal del Garrahan, el mayor centro pediátrico del país, inició este viernes una huelga que continuará hasta la mañana del domingo.Y volverá a parar el próximo miércoles, en sintonía con la comunidad universitaria.
Milei dictó los vetos de ambas leyes argumentando que eran necesarios para “preservar el equilibrio fiscal”. Desde la perspectiva del presidente ultra, con estas y otras normas la oposición solo pretende desbaratar desde el Congreso su programa económico, hoy en crisis por una nueva devaluación del peso y una marcada inestabilidad financiera.
La principal respuesta del Ejecutivo a los reclamos de este viernes consistió en el anuncio de una denuncia judicial contra las autoridades de la UBA. ¿De qué se las acusa? De haber colocado en la portada del sitio web de la universidad la leyenda “no al veto”. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apuntó contra los funcionarios a cargo de la UBA por incumplir sus deberes y “bloquear”el acceso al portal “con contenido de carácter político partidario”.
Horas antes, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, había advertido que el funcionamiento de la casa de estudios está en riesgo por la falta de recursos. “Vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos”, dijo. “La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”.
Cortesía de El País
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