Un proyecto trabajado por legistas y representantes de los pueblos originarios para el impulso de una Ley General sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos está entrando en fase de afinación de detalles para su promoción en el Poder Legislativo y se espera que ésta comience su andar en el entrante Periodo Ordinario de Sesiones, el cual inicia en septiembre próximo.
Lo anterior es un paso en la armonización normativa a partir de una ley particular en la materia después de que en septiembre de 2024 se concretara la reforma en el Capítulo 2 de la Constitución Política para saldar una deuda histórica y reconocer a los individuos y pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, patrimonio propio y, en consecuencia, con derecho a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de gobierno, convivencia, organización social, económica, política y cultural.
Esto se anunció en el Centro Cultural Los Pinos, durante la reunión del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, sucedido este fin de semana, en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la presencia de líderes de pueblos originarios, especialistas en legislación y funcionarias indígenas, además de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quien declaró:
Reunión Consejo Indígena
“No es una palabra menor que ahora digamos que tenemos una reforma constitucional ejemplar que, esperemos, sea seguida por otros países del mundo (…) Ayer sesionó todo el día nuestro Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y hemos tomado una serie de acuerdos con relación al impulso de la ley federal. En este momento estamos en un proceso de análisis por parte de las diversas entidades y dependencias de la administración pública federal sobre el contenido de esta ley. Una vez que se acabe esta revisión, vamos a convocar a un proceso de consulta. Se van a realizar 70 asambleas a lo largo y ancho del territorio nacional. Pedimos a nuestros senadores, diputadas y diputados que puedan aprobarlo en el próximo periodo de sesiones”.
Y agregó que “será la primera vez que el Estado mexicano, a 201 años de existencia, tenga una ley en la materia”.
¿Cuáles son algunas características que busca consolidar esta ley?
Uno de los enfoques más importantes que se busca garantizar a partir de la reforma constitucional y con el impulso de la Ley General sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es la asignación presupuestal desde la administración federal para los pueblos originarios que serán administradas directamente por éstos.
“Es de suma importancia que hoy, en el marco jurídico mexicano, nuestros pueblos sean considerados como sujetos de derecho público y, sobre todo, que en el ejercicio de la autonomía nuestros pueblos puedan recibir recursos públicos de manera directa”, expresó el director general del INPI.
Prueba de lo anterior, amplió, son los 12,300 millones de pesos otorgados vía el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinados a alrededor de 20 mil comunidades y pueblos originarios en todo el país.
Presente también estaba la coordinadora general del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Yaneth del Rosario Cruz Gómez, quien compartió el pronunciamiento concretado en la reunión en Los Pinos. Ésta expresó:
Reunión Consejo Indígena.
“Este reconocimiento significa que nuestros pueblos tienen la capacidad para ejercer nuestros derechos y tomar nuestras decisiones en nuestras asambleas, que nuestros gobiernos comunitarios y sistemas normativos sean plenamente válidos y respetados por el gobierno y la sociedad (…) los recursos públicos que recibamos de manera directa serán ejercidos y vigilados por medio de nuestras asambleas comunitarias”.
Por lo anterior, Cruz Gómez instó: “demandamos y ungimos en nombre de nuestros pueblos y comunidades que se expida la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Periodo Ordinario de Sesiones que inicia el 1 de septiembre, ya que es una demanda que sólo podrá ser saldada con la implementación de todos nuestros derechos fundamentales. Pedimos que las instancias de gobierno involucradas se comprometan genuinamente, sin dilación. Subrayamos que esta ley tendrá una enorme trascendencia histórica”.
Preservación de las lenguas indígenas
Durante su participación en este encuentro, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, expuso que el rescate de las lenguas indígenas será una de las materias a involucrarse como instancia cultural, toda vez que de ésta depende el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y la cual se coordinará de manera estrecha con el INPI.
“Que sea significativo lo que vamos a hacer por la preservación y la difusión desde lo que se habla, no solamente desde la academia, sino cómo se transmite de generación en generación, desde los abuelos, las madres y mujeres transmisoras. Ése va a ser uno de los compromisos más importantes de esta administración”, dijo Curiel de Icaza.
Reunion Consejo Indígena.
Asimismo, la funcionaria reconoció que “si hablamos de pueblos y comunidades indígenas, aún queda mucho por resarcir. A pesar de que ellos han aportado a nuestro país una de sus mayores riquezas, que es la cultura. Todavía tenemos que trabajar de manera conjunta”.
Uno de los primeros pasos que ha dado Cultura federal en este sentido, mencionó Curiel, es el impulso de un programa de Semilleros Creativos implementado hasta ahora en más de 5,000 niños de 12 pueblos y 69 comunidades de todo el país para la promoción y el estímulo de sus lenguas maternas.
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En resumen
Principales componentes de la implementación de la Reforma Constitucional
- Traducción de la reforma constitucional a las lenguas indígenas
- Elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos
- Armonización de las leyes secundarias del ámbito federal
- Armonización en las constituciones y leyes de las entidades federativas
- Reformas al marco institucional y las disposiciones administrativas aplicables, tanto en los ámbitos federal, estatal y municipal
- Asignación de presupuesto directo a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
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Cortesía de El Economista
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