En los últimos años, la sostenibilidad ha dejado de ser un asunto exclusivo de las grandes corporaciones para convertirse en un tema central para todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas (pymes). Los inversionistas, consumidores y reguladores demandan cada vez más información sobre cómo las organizaciones gestionan su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Sin embargo, cuando se trata de las pymes, la distancia entre el discurso y la práctica es notoria: pocas logran reportar de manera sistemática sus indicadores de sostenibilidad, pese a que reconocen su importancia. La pregunta clave es: ¿qué frena a las pymes en este camino?
Antes de analizar los factores y barreras hacia la sostenibilidad para las pymes, es importante comentar por qué éstas juegan un rol clave en el crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo regional y la cohesión social de América Latina. De acuerdo con el reporte “Índice de Políticas para pymes en ALC 2024” de la OCDE, actualmente constituyen el 99.5% de las empresas en la región y representan el 60% del empleo formal. De este grupo de empresas también es importante tomar en cuenta a las microempresas, que representan 9 de cada 10 en los países de la OECD.
Debido a su tamaño reducido, la primera barrera que enfrentan es evidente: sus limitados recursos. Para una empresa de 10 o 20 empleados, asignar tiempo y presupuesto a la recopilación de datos ambientales o sociales puede sonar irreal cuando lo urgente es pagar nóminas, asegurar liquidez o enfrentar la competencia. Los reportes de sostenibilidad requieren horas de trabajo, capacitación y, en muchos casos, consultoría especializada que no está al alcance de la mayoría.
Además, las pymes suelen priorizar lo inmediato. Si el retorno de la inversión no es claro en el corto plazo, se percibe como un lujo más que como una estrategia de competitividad. Esta visión de corto plazo retrasa la integración de prácticas de reporte, aunque a la larga pueda representar un factor de diferenciación en el mercado. El detalle de esta segunda barrera es que las pymes, al formar parte de la cadena de valor de empresas grandes, deben empezar a atender los requerimientos ESG para poder seguir en el juego y continuar abasteciendo a las grandes compañías.
Una tercera limitante es el desconocimiento. La mayoría de las pymes no está familiarizada con los marcos internacionales de referencia –como la Global Reporting Initiative (GRI) o las Normas Europeas de Reporte de Sostenibilidad (ESRS, por sus siglas en inglés)—. Incluso aquellas que han escuchado hablar de ellos los perciben como complejos, diseñados para corporativos multinacionales, no para pequeños negocios. En la práctica, esto genera confusión: ¿qué indicadores reportar?, ¿cómo medirlos?, ¿qué tan profundo debe ser el análisis?, ¿quién lo hace? Sin claridad ni guías simplificadas, muchas pymes optan por no comenzar, lo que perpetúa la brecha entre grandes y pequeñas empresas en materia de transparencia.
La cuarta barrera está relacionada con los incentivos. En la mayoría de los países de la región, las políticas ambientales no consideran de manera específica las necesidades de las pymes, y los apoyos financieros para proyectos ecológicos son escasos. Aunque existen normativas o estrategias ambientales en todos los países, de acuerdo con la OCDE, solo Colombia y Uruguay han hecho esfuerzos concretos para atender los retos particulares de las pequeñas y medianas empresas en la región. Sin embargo, incluso en esos casos, las estrategias suelen carecer de metas claras, plazos definidos y una evaluación de los impactos esperados.
Por otro lado, los estímulos financieros dirigidos a promover la sostenibilidad en las pymes son muy limitados. Los avances en este terreno son lentos en la mayoría de los países de América Latina. Aunque se han implementado algunos planes para impulsar prácticas empresariales más verdes, rara vez están diseñados con un enfoque específico para las este tipo de empresas. En muchos casos, son las iniciativas apoyadas por organismos donantes las que ayudan a cubrir la brecha de financiamiento necesaria para inversiones ambientales.
¿Cómo corregir el rumbo? El reto es que las prácticas de sostenibilidad se reconozcan como parte del valor empresarial y no como “actividades extra”. Reportarlas puede abrir puertas a financiamiento, mejorar la reputación y fidelizar clientes, pero este mensaje aún no permea de manera clara.
Para que las pymes den el salto, se requiere un enfoque colaborativo: gobiernos, cámaras empresariales y universidades deben ofrecer herramientas de reporte simplificadas, financiamiento accesible y capacitación práctica. Las pymes representan más del 90% de las empresas en países como México y son responsables de la mayoría del empleo formal. Ignorar su papel en la transición hacia la sostenibilidad es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, un riesgo para la competitividad nacional.
* Dra. Alicia Galindo, directora nacional de la Maestría en Finanzas de EGADE Business School
Cortesía de El Economista
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