El concepto de “violencia política de género” (VPG) surgió en el 2000 a partir de una denuncia de concejalas bolivianas contra el acoso y la violencia de actores políticos que buscaban obligarlas a renunciar a sus cargos. En México se consideró hace casi una década en el marco normativo electoral con el fin de nombrar la práctica patriarcal de marginar a las mujeres de los procesos políticos mediante el amedrentamiento, la descalificación o la estigmatización por el hecho de ser mujeres. En 2025 nos encontramos ante una situación absurda donde este término, acuñado para reivindicar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva en el ámbito político, se usa para acallar expresiones críticas que nada tienen que ver con relaciones de poder desigual ni necesariamente con la condición de género de la persona criticada.
En 2017 el TEPJF publicó el primer Protocolo para atender este fenómeno en el marco electoral y en 2020 el Congreso aprobó su tipificación y sanción. Desde entonces este delito se ha incluido en legislación federal y local para garantizar la no discriminación, la paridad y la igualdad en los procesos electorales (cuando las cuotas de género no bastaban) y en la vida política en general. Según el Protocolo (retomado por el INE en su página “Violencia política. Conceptos clave”), “la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida” (TEPJF, 2017). A diferencia de la definición original, que consideraba principalmente a agentes del Estado o partidos e incluía a medios, ahora se ha ampliado a la ciudadanía.
Si bien en un país de tradición machista como México, hombres y mujeres puede incurrir en el uso de estereotipos de género, abusar de relaciones de poder desigual contra mujeres por el hecho de serlo, o recurrir a la violencia para dañarlas, no toda acusación o acto de violencia contra una candidata o funcionaria se deriva de su condición de mujer ni toda denuncia carece de base. Las recientes acusaciones de VPG contra un periodista y una ciudadana o la especie de blindaje de una gobernadora contra la crítica en los medios no pueden justificarse, como se pretende, mediante esta figura. Si ya es preocupante que funcionarias o candidatas recurran al Poder Judicial para defenderse contra lo que consideran “agresiones”, resulta alarmante que jueces y tribunales lo avalen cuando deberían distinguir entre sufrir abuso en una relación desigual y abusar del poder (simbólico, político, personal) que se tiene, o entre juzgar con perspectiva de género y favorecer la censura.
El lenguaje, como la realidad, evoluciona. La VPG ahora tiene que incluir, por ejemplo, la violencia digital. Sin embargo, ampliar su aplicación para proteger al poder de críticas o denuncias, así sean burdas, o para impedir la difusión de información que puede ser útil para la ciudadanía, es manipular el sentido de los conceptos y así restarles fuerza.
Si cualquier crítica a una funcionaria, con alusión a una relación personal, a un defecto, falla o vicio empieza a considerarse como VPG ¿cómo vamos a nombrar el acoso, la violencia sexual, las amenazas, el recorte de fondos para obstaculizar las campañas o el buen desempeño de (potenciales) candidatas o funcionarias? Si la VPG se vuelve instrumento de censura desde el poder, ¿quién va a garantizar la libertad de expresión, la rendición de cuentas o la transparencia en la política? ¿Ahora toda funcionaria será intocable?
En una democracia (aun deficiente), la censura y la humillación de las voces críticas son peligrosas e intolerables.
Cortesía de El Economista
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