La guerra declarada por el Estado de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho no solo expone la magnitud del poder criminal en Brasil, sino que desnuda las fracturas políticas, sociales e institucionales que atraviesan al país. Detrás de los 121 muertos y 81 detenidos que dejó la llamada Operación Contención, emerge un retrato inquietante de un Brasil en disputa: entre el orden y el caos, entre el Estado federal y los gobiernos locales, entre la seguridad y la barbarie.
El martes las barriadas de Penha y Alemao fueron escenario de cruentos enfrentamientos entre 2.500 policías fuertemente armados y sospechosos que lanzaron drones con bombas e hicieron barricadas. Hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar “bombas”. Escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.
La ofensiva —concebida por la administración de Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, y ejecutada sin el conocimiento del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva— revela mucho más que una lucha contra el narcotráfico. Es, en el fondo, un pulso político y territorial que enfrenta dos concepciones de poder: una que privilegia la mano dura y la autonomía de los estados, y otra que insiste en la coordinación institucional y el respeto a los derechos humanos.
Esta red criminal había adquirido un gran poder y se convirtió en una organización dedicada al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el control territorial en las favelas del país más grande de Sudamérica.
Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, explicó a EL COLOMBIANO por qué, en estos tiempos de gobiernos de izquierda, se produjo una masacre de tal magnitud en el corazón de Brasil.
“En una operación en la que hay más de 100 muertos, se presentó una situación que se salió de control porque Comando Vermelho es una de las organizaciones terroristas y criminales más importantes de Brasil y Suramérica. Sin duda, el número de muertos provoca una desazón y, al mismo tiempo, refleja los enfrentamientos entre las autoridades y esa organización por el control de la favela”.
“Quienes controlan la operación y la seguridad son, inicialmente, los Estados. También es cierto que el sistema federal, como sucede en EE. UU. o en México, implica que los gobernadores tienen una gran incidencia. Esto indica que fue una actuación estadual y local de la policía de Río de Janeiro, lo que lleva a una reflexión sobre la capacidad y los planes, o la hoja de ruta, que implementaron para llevar a cabo esta intervención en la favela”.
“Puede que haya conexión en términos de tratar de generar una tensión entre el poder local y federal. En efecto, Bolsonaro sigue teniendo una importante incidencia en estados grandes como Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, que tradicionalmente tienen una visión un poco cambiante, pero que son importantes desde el punto de vista político y económico para Brasil”.
“No creo que haya capacidad de sancionar por parte de las autoridades o de una organización internacional como la ONU, aunque obviamente hay una crítica porque la situación, con el número de muertos, implica un uso excesivo de la fuerza. Hay que entender muy bien qué fue lo que pasó para que llegase a haber ese número tan alto de muertos, que es poco común y del que no sé si logre cambiar la situación en términos del crimen organizado transnacional o la situación en Río. Se podrían incluso esperar represalias por parte de ese grupo en otras ciudades o en la misma”.
“Yo creo que es muy difícil señalar que se va a acabar el crimen organizado. Comando Vermelho tiene al menos unas cuatro o cinco décadas, porque nace en un entorno de dictadura y se convierte primero en una falange para defenderse y luego se transforma en un grupo criminal. De tal forma que es complejo señalar que, con sus tentáculos en las grandes urbes de ese país, se vaya a acabar. Razón por la cual uno podría esperar represalias o una situación de continuo temor o inseguridad en las ciudades, e incluso una violencia entre grupos al margen de la ley que busquen ocupar el espacio en el que Comando Vermelho esté debilitado”.
Y concluyó: “Desde el punto de vista de lo que puede venir, al menos hay una serie de escenarios que se podrían contemplar: primero, un fortalecimiento de los sistemas de seguridad por parte del Estado, o al menos una discusión sobre más seguridad. Segundo, no solo la ONU, sino algunas organizaciones no gubernamentales y grupos sociales pedirán que esta situación debe cambiar, porque no puede suceder que 100 muertos en una operación de esta magnitud se produzcan de nuevo. Tercero, una dificultad que se está generando en los países de la región para combatir el crimen organizado o transnacional”.
“Si bien hoy estamos hablando de Brasil, también se podría hablar de Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Nicaragua… en muchos países que son víctimas de la actividad criminal, que requiere el uso legítimo de la fuerza, pero también la proporcionalidad. Y por supuesto, otro tipo de acciones que ojalá permitan cambiar la situación en las favelas, comunas o en lugares en donde el Estado y las autoridades no tienen la capacidad de imponer el orden y generar un entorno de bienestar propicio para toda la población, porque esa sería una interesante reflexión para hacernos”.
Cortesía de El Colombiano
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