Qué son las Áreas de Defensa Nacional de EE.UU. y cómo muestran la militarización de la frontera con México

La parte más alta del Monte Cristo Rey, en El Paso, Texas, es tan agreste que no llegan las altas barras de acero que forman el muro que separa Estados Unidos de México.

Allí, arriba del cerro, en la parte mexicana, se atisba a un joven. Es lo que los agentes de la patrulla fronteriza llaman un “halcón”, que son los que vigilan y deciden en qué momento y por qué lugar cruzarán los migrantes a territorio estadounidense.

Junto a una sandalia polvorienta perdida hace tiempo, el adolescente es uno de los pocos signos de lo que el gobierno de EE.UU. describe como una “invasión” y una “crisis” en la frontera.

En el sector de El Paso, que comprende el oeste de Texas y Nuevo México, y que es el de mayor actividad en cuanto a cruces y detenciones en los más de 3.100 km de línea divisoria, recuerdan cuando había 2.500 detenciones diarias. Ahora son 67.

En abril, 8.000 personas fueron detenidas por ingresar ilegalmente al país en toda la zona fronteriza. Hace un año fueron 128.000, según las estadísticas del gobierno.

Pese a la caída de las cifras, que comenzó en los últimos meses del gobierno de Joe Biden y se aceleró con la política de mano dura y de disuasión del de su sucesor, Donald Trump, la frontera está en un proceso progresivo de militarización.

A pocas millas del Monte Cristo Rey, un Stryker, un ligero pero potente vehículo de combate de ocho ruedas usado en las guerras de Irak y Afganistán, está posicionado a pocos metros del muro en una zona desértica que forma parte de una de las dos nuevas Áreas de Defensa Nacional creadas en abril y mayo a lo largo de una frontera que para el gobierno Trump es zona de emergencia nacional.

Unos 1.700 nuevos carteles en inglés y español en esta zona desértica advierten del riesgo de detención si se ingresa a la zona militar.

Los migrantes que entran en estas franjas son considerados intrusos y pueden ser detenidos temporalmente por soldados estadounidenses hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza.

El mando militar insiste en que su misión es retener y alertar a los agentes fronterizos para que hagan la detención oficial. Con ello quieren evitar que se considere que las Fuerzas Armadas están haciendo labores policiales dentro del territorio nacional, algo prohibido por ley.

Trump, como ningún otro presidente antes, está empleando al Ejército más poderoso del mundo para controlar la frontera con México y se estima que ya hay más de 8.000 soldados desplegados por la línea, además de los más de 100 Strykers, así como aviones y drones espía, y dos buques de la Armada que vigilan las costas.

“La contención es del 95%. Pero el 95% no es el 100%. La cifra (de cruces) es históricamente baja, pero no es cero”, dice el general de brigada Jeremy Winters, comandante adjunto de maniobras de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, un nuevo mecanismo para coordinar los esfuerzos de los diferentes cuerpos de seguridad.

Recientemente, aprovechando lo que los expertos consideran una laguna legal, Trump otorgó a los militares aún más peso en las tareas de control de la frontera.

“La complejidad de la situación actual requiere que nuestro ejército asuma un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur”, justificó el mandatario en un memorándum rubricado el 11 de abril.

Con ello, autorizó a crear las Áreas de Defensa Nacional al traspasar al Departamento de Defensa todos los terrenos fronterizos federales administrados hasta entonces por elDepartamento de Interior.

Entre el 18 de abril y el 1 de mayo el Pentágono creó dos Áreas de Defensa Nacionales, ambas colindantes con el estado mexicano de Chihuahua, y las convirtió de facto en parte de unas bases militares ya existentes.

La primera de ellas, que abarca 273 km de Nuevo México, se considera ahora parte de Fort Huachuca, una base militar situada a decenas de kilómetros de allí, en el estado vecino de Arizona.

Y el Área de Defensa Nacional de Texas comprende los 85 km entre los municipios de El Paso y Fort Hancock, y sirve ahora a Fort Bliss, una de las mayores instalaciones militares del país.

Estas secciones “mejorarán nuestra capacidad para detectar, interceptar y procesar a los inmigrantes ilegales, bandas criminales y terroristas como los que pudieron invadir nuestro país sin consecuencias en los últimos cuatro años”, justificó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Y también fortalecerá nuestra defensa contra el fentanilo y otras drogas peligrosas que han estado envenenando a nuestras comunidades”, añadió.

“Nosotros aportamos una variedad de capacidades militares únicas para complementar el control fronterizo”, explica el general de brigada Winters.

Enumera recursos –helicópteros Black Hawk, Chinook o Lakota–, destacando los vehículos blindados Stryker, con su capacidad para avanzar por terrenos agrestes a mayor velocidad que las camionetas de la Patrulla Fronteriza y su “impresionante sistema de sensores”.

“Y como fuerzas armadas aportamos una capacidad única: la de (obtener) inteligencia que la Patrulla Fronteriza no tiene”, subraya.

Blaine Bennett, comandante adjunto de aduanas y protección fronteriza de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, cuenta que la integración de las agencias en la frontera es algo que no había visto en 20 años de servicio.

Ambos responsables de operaciones destacan también una mayor coordinación con las fuerzas del lado mexicano, con las que ya llevan a cabo “patrullajes espejo” en algunos puntos.

El aumento progresivo de presencia militar en territorio estadounidense despierta temores y críticas que los responsables tratan de atajar.

“Si identificamos a alguien en la zona nacional de defensa, obviamente nos ponemos en contacto con las fuerzas del orden de la zona, porque no tenemos la autoridad de arrestar a la gente”, puntualiza Winters.

Y es que en EE.UU. la Ley Posse Comitatus impide a las fuerzas armadas federales participar en tareas de orden público, a menos que el Congreso lo haya autorizado expresamente.

“Sin embargo, la prohibición no aplica si el propósito primario de las acciones de las tropas es militar”, le dice a BBC Mundo Elizabeth Goitein, directora del Programa Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, un instituto sin fines de lucro especializado en derecho y políticas públicas.

Es lo que se conoce como la “doctrina del propósito militar”.

“El caso típico que responde a dicha doctrina es que haya una base del ejército y que alguien acceda ilegalmente a ella”, explica la especialista.

“Porque en esa situación los militares no pueden limitarse a llamar a la policía y a esperar a que llegue mientras la persona deambula por la base. Necesitan protegerla”, aclara.

Goitein cree que esa herramienta es la que está usando el gobierno Trump para justificar la creación de estas Áreas de Defensa Nacional.

“Es exactamente lo que el gobierno está tratando de hacer: convertir un tercio de la frontera sur en una instalación militar para que, cuando alguien ingrese al área y lo detengan, puedan argumentar que la razón principal para hacerlo es proteger la base”, prosigue.

De este modo, argumenta la experta, logran “generar menos resistencia política y legal”.

Muchas más oposición habría generado que Trump hubiera invocado la Ley de Insurrección de 1807, que permite al Ejecutivo desplegar tropas en el territorio en caso de rebelión.

El presidente ya puso la idea sobre la mesa en su primer mandato, tras los disturbios por la muerte en 2020 del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.

Y este enero volvió a hacerlo, cuando, al emitir la orden ejecutiva que declaraba la emergencia en la frontera, les dio al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, 90 días para que le aconsejaran si invocar o no la Ley de Insurrección para ayudar a tener el “control operativo completo” del área colindante con México.

Trump redobla así la militarización de la frontera con el argumento de una emergencia, mientras los números de cruces ilegales de personas están en mínimos históricos, lo que para Goitein es una clara contradicción.

“Aceptar que una contención del 95% (de los cruces irregulares) es suficiente es como aceptar que conceptualmente está bien quebrar la ley, y no es eso lo que estamos haciendo aquí”, dice el general de brigada Winters.

“Nuestro trabajo es controlarlo completamente”.

Según el mando militar, en patrullajes combinados han detectado y arrestado a 150 “invasores no autorizados”.

Decenas de ellos ya pasaron a disposición del juez en el Tribunal de Distrito de Las Cruces, en Nuevo México.

Al cargo común de ingresar a EE.UU. de forma ilegal, los fiscales le sumaron el de violar intencionalmente las regulaciones de seguridad en las zonas declaradas ahora restringidas.

Clasificados ambos como delitos menores, mientras que ingresar al país sin permiso por un lugar que no es designado como puerto de entrada conlleva una condena máxima de seis meses de cárcel y un pago de hasta US$5.000, el segundo cargo aumenta las posibles penas hasta a un año de prisión y una multa de US$100.000.

“Esto es puro desierto”, le dice Carlos Ibarra, el abogado de oficio de varios de los detenidos, a BBC Mundo. “(Los migrantes) Siguen llegando como siempre pero, de repente, enfrentan cargos militares. Y no entienden nada”.

Para el juez Gregory B. Wormuth, sin embargo, no hay confusión.

El jueves 15 de mayo afirmó que el gobierno federal no había demostrado que los migrantes supieran realmente que estaban ingresando a una zona militar restringida y, por tanto, al no encontrar causa probable, desestimó los cargos presentados contra 98 de los acusados.

Según los abogados, algunos de los migrantes cruzaron la frontera antes de que se colocaran los carteles, y otros la atravesaron sin poder verlos.

Los letreros, las nuevas Áreas de Defensa Nacional y los Strykers confirman la gradual militarización de la frontera que Trump ya buscó en su primer mandato pero que fue rechazada entonces por los responsables militares del momento, algo que ahora ya no sucede con el secretario de Defensa Hegseth, alineado con el presidente.

El Ejército ve sentido a esta misión interna.

“Tenemos estadísticas de que el precio de la droga está aumentando porque la competencia es más difícil, ya que estamos asegurando la frontera. Así como también ha subido el precio de traficar ilegalmente a alguien para que cruce nuestra frontera. Estamos teniendo un impacto, pero aún no es suficiente para nosotros”, subraya Winters.

Y apunta a que va a continuar la militarización de la frontera, que, según el Pentágono, ha costado ya más de US$500 millones.

Trump incluso dijo recientemente que presionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que dejara al Ejército cruzar a territorio del país vecino para realizar operaciones contra los carteles, algo que la mandataria rechazó tajantemente.

De momento, las tropas están en el lado estadounidense de la frontera, cerca de México pero lejos de las peligrosas misiones internacionales tradicionales.

“Esta es su misión principal. Esto no es un entrenamiento. Es una operación para sellar y proteger nuestra frontera, nuestro país, y a las familias en Estados Unidos que están siendo destrozadas por el flagelo de la violencia y las drogas”, recalca Winters.

A pocos metros del muro fronterizo, bajo un sol implacable, no hay atisbo de movimiento ni en el lado estadounidense ni en el mexicano.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.