Fuente de la imagen, Rama Judicial – República de Colombia
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- Autor, Santiago Vanegas
- Título del autor, BBC News Mundo
“La justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas”, dijo la jueza Sandra Heredia antes de dar a conocer este lunes el fallo del caso contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
Heredia, la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, pasó de fallar en casos de robos, lesiones personales y delitos sexuales a condenar a uno de los principales protagonistas de la historia política reciente de Colombia.
Este lunes, declaró culpable, en calidad de determinador, a Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, dos de los tres cargos que se le imputaban.
En otras palabras, concluyó que Uribe sí instigó a su abogado Diego Cadena a manipular testigos para que declararan a su favor ante la justicia.
Álvaro Uribe es el primer expresidente colombiano en ser declarado culpable en un proceso penal.
Durante la audiencia de este lunes, la jueza Heredia insistió en que su decisión se dio de acuerdo con la ley y las pruebas, y que no tiene en cuenta “simpatías ni antipatías” políticas.
Eso ha sido puesto en duda por los partidarios de Uribe e inclusive por el gobierno de EE.UU.
“La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un preocupante precedente”, escribió este lunes en X el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
El expediente del caso de Uribe llegó a manos de la jueza Heredia en abril de 2024 por sorteo, y ella asumió la difícil tarea de llevarlo a término en el corto tiempo que tenía para hacerlo.
Durante el proceso, la defensa de Álvaro Uribe Vélez intentó apartarla del caso acusándola de no ser imparcial, petición que fue rechazada por otra jueza al considerarla “infundada”.
“Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración. No es un acto de oposición ni de política. Es un acto de justicia y solo de justicia”, expresó Heredia este lunes.

Fuente de la imagen, RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images
“La toga no tiene género”
La jueza Heredia nació y se crio en Alpujarra, un municipio de apenas 4.000 habitantes al sur del departamento de Tolima. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ¡Basta ya! —el registro más comprensivo de hechos violentos entre 1988 y 2012—, Alpujarra atravesó al menos cuatro tomas guerrilleras en esa época.
De acuerdo con documentos públicos recabados por medios locales, la jueza Heredia ha estado vinculada a la Rama Judicial desde 1994, donde ha ocupado diversos cargos.
Se graduó como abogada en 2006 y es jueza de la República desde 2009.
Desde 2018, es jueza del circuito de Bogotá, una instancia menor de la justicia ordinaria.
Antes de comenzar la lectura de su fallo, que según ella misma excede las 1.000 páginas, Heredia destacó el rol de las mujeres en la justicia colombiana:
“Hoy también es necesario recordar algo que la historia no debe pasar por alto. La conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres que, desde sus roles, en cada una de las etapas del proceso, han enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre”, dijo.
“La toga no tiene género, pero sí tiene carácter”, declaró.
Y añadió: “Cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor, o incluso más, que cualquier otro funcionario judicial”.

Fuente de la imagen, Juancho Torres/Anadolu via Getty Images
La carrera contrarreloj de Heredia
El plazo máximo para que la justicia colombiana fallara en el caso vencía el 8 de octubre de 2025.
Por eso, fue esencial que, una vez estuvo en sus manos y con las recusaciones resueltas, la jueza Heredia fuera implacable en exigir agilidad por parte de las partes.
Así lo recordó este lunes al afirmar que los 475 días del juicio supusieron un “una maratónica lucha contra el reloj”.
“La justicia ha llegado. Ha llegado como debe ser: serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones”, agregó.
Para llegar a un fallo antes de la prescripción, la jueza agendó audiencias del caso durante los últimos meses todos los lunes, los martes, los jueves y los viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Gracias a esa decisión, logró escuchar en un tiempo récord a los más de 90 testigos.
Los tiempos del caso siguen siendo estrechos para lo que viene en el proceso, ahora que se conoció el fallo de la jueza Heredia.
Ambas partes podrán apelar la decisión y el Tribunal Supremo de Bogotá tendrá también hasta el 8 de octubre para llegar a una decisión en segunda instancia.

Fuente de la imagen, Jair F. Coll/Bloomberg via Getty Images
Protección para la jueza
En uno de los pocos momentos durante la audiencia de este lunes en los que se refirió directamente al expresidente, la jueza Heredia le reconoció “que a pesar de los honorables cargos que ha ocupado y de estar sentado hoy en la silla más difícil de este proceso, en calidad de acusado, lo ha hecho con la mayor gallardía y cordialidad”.
Las partes, a su vez, reiteraron a lo largo del proceso su respeto a la jueza.
A pesar de la insistencia de Heredia en que su fallo es en derecho y no político, su decisión sin duda tendrá implicaciones, posiblemente incluso en las elecciones de 2026.
Medios y analistas señalan que el senador Iván Cepeda, una de las víctimas acreditadas en el proceso, podría convertirse en precandidato presidencial del Pacto Histórico, el partido del actual gobierno.
Por su parte, Uribe publicó mensajes en la red social X en los días anteriores a la audiencia diciendo que es un perseguido político, que el presidente Petro presiona a los jueces y que Cepeda es “el perfecto camarada de la FARC”, narrativas que seguramente utilizará su partido.
Por la alta polarización que provoca el caso, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia pidió protección personal para la jueza Heredia y respeto a su decisión.
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro señaló este lunes: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”.

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Cortesía de BBC Noticias
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