Por la agenda a desahogar, fue una sesión privada. La secretaria Raquel Buenrostro acudió por segunda ocasión a la plenaria del Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción. De los cinco asientos en la mesa, solo quedó vacío el que corresponde al representante del Consejo de la Judicatura Federal.
Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción también cumplieron con la cita, el pasado martes 17. La presidenta del Comité Coordinador del Sistema, Vania Pérez Mendoza, llevaba dos asuntos de urgente resolución: la terna de candidatos a la Secretaría Ejecutiva del SNA y una propuesta para remover a tres mandos superiores: los titulares de la Unidad de Política Pública, la Unidad de la Plataforma Digital Nacional y la Dirección General de Fomento de la Cultura de la Integridad.
En ningún caso, los integrantes del Órgano de Gobierno quisieron entrevistar a los involucrados. Los candidatos ni siquiera les resultaron elegibles. La terna fue desechada y la secretaría ejecutiva seguirá vacante, sin que el Comité de Participación Ciudadana haya convocado nuevamente, para reponer el procedimiento.
Los directivos de la SESNA tampoco tuvieron derecho a una audiencia. Enterados de que su remoción sería sometida a votación, los tres funcionarios enviaron sendas misivas a la secretaria Buenrostro y al resto de los integrantes del órgano de gobierno para denunciar el acoso laboral que han enfrentado los últimos tres meses. El periodo coincide con la unción de Pérez Mendoza como presidenta del CPC y la salida de Roberto Moreno Herrera de la Secretaría Ejecutiva.
“Se me ha informado –de manera informal y sin fundamento legal—que debo presentar mi renuncia laboral, solicitud que considero arbitraria y violatoria de los términos de mi nombramiento vigente”, suscribió Paulina Vallejo Escalona, titular de la Unidad de Política Pública, quien se dijo víctima de “actos dirigidos a desprestigiar mi persona y desempeño profesional, así como la difusión de información falsa o calumniosa que lesiona mi reputación y genera un ambiente labora hostil”.
De los escritos, se desprende que hace dos meses, tanto la Unidad de Políticas Públicas y como la Unidad de la Plataforma Digital Nacional están siendo auditadas.
“El clima de indefinición institucional que en meses recientes ha regido a esta Secretaría Ejecutiva ha sido el resultado de una toma de decisiones discrecionales y la generación de un clima institucional divisivo, que atenta contra lo establecido en la Ley y en el Estatuto Orgánico”, manifestó por su parte Jorge Alejandro Acevedo Piña, director de fomento de la cultura de la legalidad.
“Me he visto expuesta a un entorno hostil, en el que han circulado acusaciones infundadas sobre mi persona y mi desempeño, tanto al interior de la SESNA como en medios de comunicación”, se dolió la titular de la Unidad de la Plataforma Digital Nacional. “Esta situación ha generado un impacto considerable en mi tranquilidad, dañando mi imagen profesional y personal. Me he mantenido firme, no por terquedad sino por responsabilidad institucional y por el profundo compromiso que tengo con el proyecto”.
Ninguno de los involucrados accedió a entregar su renuncia. Designados por Moreno Herrera, su nombramiento tiene una vigencia de seis meses y su definitividad en todo caso debe ser definida por el pleno del Comité de Participación Ciudadana.
Efectos secundarios
EMPLAZAMIENTO. De la Mañanera del Pueblo salió la instrucción: el Congreso de la Unión deberá acudir a sesiones extraordinarias, a partir de la próxima semana, para cumplir con los pendientes. El líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que los trabajos iniciarían el próximo lunes 23 y podrían extenderse hasta el 2 de julio, aunque su homólogo, Adán Augusto López Hernández, solo garantiza la participación de los senadores hasta el último día del mes. Una semana para desahogar la lista de pendientes (22 iniciativas en trámite y siete más que estaría por enviar el Ejecutivo federal) parece breve…
ESPACIADOS. Las organizaciones de la sociedad civil cumplieron con su cronograma y tramitaron una impugnación a la declaratoria de validez de las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los magistrados del Tribunal Electoral. El PAN y la agrupación Somos MX esperaran a que el INE concluya con el cómputo y asignación de magistrados de circuito y jueces de distrito, para solicitar la nulidad de los comicios.
Cortesía de El Economista
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