Por Argenis Esquipulas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una presunta red de explotación sexual infantil que operaba al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, conocido como “El Amate” en Cintalapa, Chiapas, ha puesto en jaque al sistema penitenciario de Chiapas. El caso, que involucra a funcionarios del penal, una mujer detenida en Oaxaca y un exdirector actualmente prófugo, se destapó tras el asesinato de un interno clave: Yudiel Flores Tovar, alias El Coyote Consentido.
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención de cuatro custodios penitenciarios por su presunta participación en delitos relacionados con pornografía infantil y el ejercicio ilegal del servicio público. Los detenidos —Luis Miguel “N”, José Avelino “N”, Miguel Ángel “N” y Óscar Antonio “N”— formaban parte del cuerpo operativo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
“Vamos a actuar con contundencia. No habrá impunidad para ningún servidor público que se aparte de sus responsabilidades legales”, declaró el fiscal durante una conferencia de prensa.
La investigación tiene como figura central a Yudiel Flores Tovar, un comunicador y presunto activista social cuya imagen pública ocultaba una vida criminal. Sentenciado en 2021 a 67 años de prisión por trata de personas y explotación sexual infantil, Flores Tovar ya había sido fichado por el FBI y contaba con una alerta roja de la Interpol desde al menos 2010. Bajo el seudónimo “Ronaldfranco”, fue vinculado a la distribución de al menos 23 videos y 176 imágenes de abuso infantil.
A pesar de las alertas internacionales, Flores Tovar permaneció libre durante más de una década, protegido por una red de influencias locales que lo mantuvo impune incluso tras denuncias presentadas en medios independientes. Fue detenido recién en 2021, cuando el daño ya estaba hecho.
Su muerte, ocurrida dentro del penal en abril pasado, fue reportada oficialmente como suicidio. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación afirman que se trató de un homicidio cometido por otros dos internos, Francisco “N” y Marco Antonio “N”, presuntamente por venganza o para silenciarlo. Ambos se encuentran recluidos en el módulo 4, celda 3, y ya se inició la formulación de imputación en su contra.
La muerte de Flores Tovar detonó una serie de diligencias que revelaron la presunta existencia de una red de explotación sexual infantil operada desde dentro de “El Amate”. La Fiscalía informó que menores de edad habrían sido ingresados al penal bajo identidades falsas, con la colaboración de custodios y personal administrativo.
Uno de los hallazgos más delicados fue la detención en Matías Romero, Oaxaca, de Christian “N”, quien se hacía pasar por madre de menores para facilitar su ingreso al penal y el contacto directo con Flores Tovar. Fue trasladada a Chiapas, donde enfrenta cargos por pornografía infantil.
La Fiscalía también anunció una recompensa de 500 mil pesos por información que conduzca a la captura de Pascual “N”, exdirector de “El Amate”, quien presuntamente permitía estas actividades al interior del penal. Hasta el momento, se encuentra prófugo.
Este caso ha dejado en evidencia las profundas fallas estructurales del sistema penitenciario en Chiapas, donde la falta de controles y la corrupción permitieron que una red criminal operara durante años dentro de un centro de reinserción social.
Organismos de derechos humanos han exigido una investigación independiente, así como el acompañamiento de instancias federales e internacionales para evitar que el caso quede impune. Por su parte, la Fiscalía asegura que continuará con las detenciones y procesamientos correspondientes.
El asesinato de Flores Tovar, lejos de cerrar un capítulo, abrió una investigación aún más compleja que podría revelar una trama más amplia de complicidad y explotación dentro del sistema penitenciario chiapaneco.
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