Por Horacio Rivera
En un intento de frenar la críticas a su gobierno por parte de los medios de comunicación, la presidenta Sheinbaum ha vuelto a insistir en proponer los lineamientos para una regulación que controle los dichos y los excesos de los líderes de opinión. Quizá las grandes medios de radio y televisión puedan ser controlados. Pero en el caso de las redes sociales, es casi imposible. Hoy cualquiera con un teléfono celular es un “influencer” en potencia, cuyos juicios y opiniones pueden mover conciencias
Hace veinte o treinta años un gobierno podía controlar lo que veían y escuchaban sus ciudadanos. El poder de comunicar estaba en manos de un puñado de líderes de opinión, los cuales gozaban de una credibilidad absoluta. La gente los reverenciaba y los gobiernos eran sus amigos. Lo que ellos dijeran era ley. ¿Qué mexicano en los años setenta y ochenta podría haber puesto en duda los dichos de alguien como Jacobo Zabludovsky, titular del noticiero “24 Horas”? Hoy el gobierno, por ineficiencia o por convicción ideológica, no cuenta con alguien que opere como mediador entre el poder y los medios de comunicación. Vivimos un una época en la que cualquiera tiene la posibilidad de opinar. Y no sólo de opinar, sino de ser visto y escuchado por millones de personas. Todo depende de lo que diga. Siendo así, ¿cómo podría el gobierno controlar a los llamados influencers digitales? ¿Cree la presidenta Sheinbaum que con nombrar “defensores de las audiencias” a diestro y siniestro, la gente va a dejar de decir lo que piensa? Bien haría el gobierno en no tratar de censurarlas.
Tal vez los lineamientos que propone la presidenta logren “moderar” en algo los contenidos y los dichos de las grandes cadenas de radio y televisión. Son esas cadenas las que producen los noticieros, así como los programas de opinión y debate con mayor rating; programas que están a cargo de los consagrados del periodismo mediático. Los más vistos, los más leídos. Desde un Loret de Mola, hasta una Anabel Hernández, pasando por Carmen Aristegui, Azucena Uresti o Ciro Gómez Leyva. El gobierno tiene todo el poder para acalambrar a los dueños de esos medios. Y ya lo hizo. Obligó al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a soltar los miles de millones de pesos que le debía a Hacienda. Incluso la presidenta Sheinbaum, en una de sus mañaneras, sugirió al culto pueblo que ya no viera la programación chatarra de TV Azteca. No fue difícil para el gobierno demostrar quién manda. Pero con las redes sociales la cosa no pinta tan sencilla. No se puede controlar la voz de cientos de miles de personas.
Jueces sumarios
Una de las grandes preocupaciones del gobierno es que las redes se han convertido en jueces implacables del actuar de la clase política. Basta que algún diputado o diputada suelte la lengua en el TikTok o en algún podcast con alguna declaración desafortunada, para que la “turba digital” juzgue y condene de forma sumaria. No pocos morenistas han tenido que salir a ofrecer disculpas públicas luego de ser vapuleados en las redes por haber dicho algo que hizo que la audiencia se sintiera ofendida. En las redes la gente manda, no el gobierno ni los dueños de los medios. Aunque eso tampoco garantiza que la gente tenga la razón. ¿Hasta dónde es válida la crítica objetiva y en qué punto esa crítica se convierte en una ofensa personal? Hay formas de decir las cosas.
No es lo mismo aparecer en la pantalla del teléfono celular diciendo que el gobierno mexicano es un “narcogobierno”, que crear un clip animado, mediante la inteligencia artificial, en el que se hace una parodia de principales líderes de Morena, quienes se supone que participan en un reality show, llamado “La Casa de los Mañosos”. El lenguaje que se usa es altisonante y el humor estridente. Los personajes son llevados al terreno de la farsa y lo grotesco. Lo mismo aparece Adán Augusto López que Andy López Beltrán,o Fernández Noroña o Citlalli Hernández. La plana mayor del morenismo ha sido representada y sometida el escarnio y el chacoteo arrabalero. ¿Quién produjo el contenido de “La Casa de los Mañosos”? Es una buena pregunta. A uno de esos defensores de las audiencias que plantea la presidenta, le daría el soponcio nomás de escuchar todo lo que ahí se dice. Y a la presidenta también. ¿Hasta dónde puede tolerar un gobierno el escarnio, antes de comenzar a perseguir a sus más acérrimos detractores?
Silencio obligado
En todos los regímenes autoritarios, incluidos los de izquierda, la única forma de aplastar a los opositores críticos ha sido el uso de la violencia en cualquiera de sus formas. En la ex Unión Soviética (comunista) la solución para callar a los periodistas que no comulgaban con el régimen era desaparecerlos o fusilarlos, tras ser acusados por “agitación antisoviética”. Pero un gobierno como el morenista, el cual se ufana de practicar el “humanismo mexicano”, difícilmente se atrevería a silenciar por medio de la violencia a algún periodista inconforme. Y no tiene necesidad. Para eso está la fuerza del crimen organizado. Nadie mejor que ellos para hacer el trabajo sucio. ¿O no se dijo desde la Fiscalía General de la República que un cártel está detrás del intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva, férreo crítico de la 4T? El caso de Gómez Leyva es conocido por muchos, dada la popularidad del personaje. Pero lo mismo ha ocurrido y, ocurre todos los días, con periodistas, fotógrafos y reporteros que son mucho menos visibles; gente que no dispone de una camioneta blindada. Por lo pronto, tal y como lo han hecho los gobiernos de Inglaterra, Francia y Australia, la presidenta Sheinbaum, junto con su secretario de Educación Pública, han decidido prohibir el uso de celulares en la escuelas. Queda suponer que las restricciones no pasarán de ahí. Por que si deciden ir más lejos, por ejemplo, prohibiendo las redes sociales, el panorama pinta muy oscuro. La última vez que eso ocurrió en Nepal, su gobierno fue derrocado. Sí, por los estudiantes.
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