La iniciativa presidencial para reformar la Ley de Amparo llegó al Senado acompañada de apoyos y críticas. Mientras el Gobierno federal asegura que busca agilizar procesos judiciales, académicos, legisladores y juristas advierten riesgos para los derechos ciudadanos.
La propuesta enviada por Claudia Sheinbaum fue defendida por figuras como Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, y Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, quienes rechazaron que sea regresiva. Señalaron que el objetivo es contar con un juicio de amparo más ágil y eficaz.
Entre los puntos positivos, el abogado y exsenador jalisciense, Arturo Zamora, destacó la reducción de plazos para dictar sentencia: “Van a permitir que los juicios de amparo no se eternicen; incluso, los juicios derivados no se harán tan largos, porque se reduce el plazo para dictar sentencia prácticamente a 60 días después de celebrada la audiencia”.
La iniciativa generó divisiones dentro de Morena. El coordinador en la Cámara Alta, Adán Augusto López, descartó un parlamento abierto y urgió a votar cuanto antes. Sin embargo, legisladores morenistas como Guadalupe Chavira, Óscar Cantón Zetina y Javier Corral respaldaron la idea de abrir la discusión a un ejercicio más amplio. Corral advirtió sobre el riesgo de restringir el acceso a la justicia a colectivos o grupos vulnerables por el manejo del concepto de interés legítimo.
La oposición también expresó reservas. Claudia Anaya (PRI) y Ricardo Anaya (PAN) coincidieron en que la reforma limita el acceso ciudadano al amparo.
Tras el debate interno, el Senado acordó realizar audiencias públicas los días 29 y 30 de septiembre. Aunque no se trata de un parlamento abierto, las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos escucharán a los académicos, litigantes y organizaciones civiles. Los temas a analizar incluyen interés legítimo, suspensión, plazos, amparo digital, ampliación de la demanda y cumplimiento de sentencias.
El ministro en retiro Javier Laynez, expresó que la iniciativa “pone en el centro a las autoridades y no a las personas”, lo que consideró motivo de seria preocupación.
Desde la academia, Rubén Ortega, de la UdeG, resaltó un aspecto positivo: impedir que delincuentes recuperen el control de cuentas bancarias congeladas mediante suspensiones inmediatas. Sin embargo, advirtió que esta medida podría usarse con fines políticos.
Por su parte, el abogado Joseph Olid Aranda cuestionó que la propuesta refuerce el interés legítimo individual y deje de lado el colectivo, lo que limitaría el acceso de grupos sociales al amparo.
Exministros difieren por reforma a Ley de Amparo
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, cuestionó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum, al calificar como “preocupante” el que se coloque en el centro a las autoridades y no a los ciudadanos.
“Una reforma al juicio de amparo que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación. El control de constitucionalidad nació para limitar el poder y garantizar derechos, no para fortalecer a quienes lo detentan”, escribió Laynez Potisek en su cuenta de “X”.
El ministro en retiro señaló algunos puntos de la reforma, por ejemplo, opinó que podría limitar atribuciones que actualmente tienen los órganos jurisdiccionales en protección al ciudadano, y advirtió que se añade una modificación en materia administrativa que establece no brindar amparos cuando de otorgarse “se continúe con la realización a prestación de servicios que requieren de permiso, autorización o concesión”.
Esto incluye permiso municipal, estatal o federal, cualquier autorización y concesión, por lo que consideró que es muy preocupante este freno al amparo administrativo porque, reiteró, todas las actividades requieren de una licencia.
Por lo anterior, pidió no desviar la atención sobre la discusión y posible aprobación de la propuesta del Ejecutivo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.
Mientras sus defensores como Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México o Ernestina Godoy, consejera Jurídica de Presidencia, rechazan que la reforma sea regresiva y que busque limitar el acceso a la defensa de los mexicanos, afirmaron que se busca un juicio de amparo más ágil y eficaz.
“La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación”, indicó Zaldívar, también exministro.
Ernestina Godoy aseguró que la reforma busca seguir “respetando los derechos humanos y sin que el amparo pierda su espíritu original”. Dijo que se busca que siga siendo la herramienta para la protección de los derechos del pueblo mexicano.
Expertos piden cuidar cambios en nueva norma
Joseph Olid Aranda, abogado, explicó que hay puntos preocupantes en la propuesta de reforma a la Ley de Amparo enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, está la incorporación de las figuras de interés legítimo para promover el juicio y enfocado en lo individual, dejando de lado el colectivo, lo que podría impedir que más personas accedan al amparo. Ahora, se deberá ser una afectación “real, actual y diferenciada” del resto de las personas.
Y se abre la puerta para que la autoridad no cumpla las sentencias establecidas si argumenta “imposibilidad jurídica o material”.
“Lo que va a hacer la ley es facilitar que las autoridades puedan decir ‘oye, tengo una imposibilidad para hacerlo’. Lo que busca la ley es darle más herramientas a la autoridad para que pueda decir ‘es que no puedo por esta razón’”.
Este acto permitió que hubiera personas que accedieran a la vacunación contra COVID-19 pese a que Gobierno federal argumentó la imposibilidad pese a ser un derecho.
Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que a los verdaderos delincuentes les impide retomar el control de sus cuentas al ser congeladas: “Al momento de que se congelen sus cuentas y se aseguren, no se permita una suspensión de manera inmediata, sino hasta que se resuelva el fondo del asunto”.
LA VOZ DEL EXPERTO
La regulación electrónica y agilizar juicios, sus beneficios
Arturo Zamora, abogado y exsenador
Expertos en materia de Derecho ven algunos puntos positivos sobre la propuesta presidencial que reforma la Ley de Amparo.
Entre ellas, destaca la regulación del amparo vía electrónica, el establecimiento de plazos para dictar sentencias después de la audiencia constitucional y que la publicación de sentencias no sea impedida si falta un voto particular.
Arturo Zamora, abogado y exsenador, afirma que se va a reducir el tiempo para dictar sentencia después de celebrada la audiencia constitucional, a 60 días y lo regula de manera electrónica.
“Van a permitir que los juicios de amparo no se eternicen, incluso, los mismos juicios que derivan, no se hagan tan largos, porque se reduce el plazo para determinar la sentencia dentro del juicio de amparo prácticamente a 60 días después de que se celebre la audiencia”.
La reforma establece que las autoridades comparezcan por medios digitales a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y mandata al Órgano de Administración Judicial a emitir acuerdos generales que regulen cómo integrar expedientes electrónicos y físicos. Además, establece que las notificaciones puedan realizarse de forma preferente por vía electrónica.
Oposición ve “regresiva” la nueva ley
Las reformas en materia de amparo impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum son “regresivas”, además de afectar la defensa de los derechos de los ciudadanos y limitan esa figura legal, aseguran legisladores de oposición, quienes alertaron del avance de la misma.
El legislador panista Raymundo Bolaños, la iniciativa de reforma, para la cual se abrirá solo un conversatorio -y no parlamento abierto- elimina derechos en vez de robustecer las posibilidades de la autoridad.
“Los acorta (derechos ciudadanos), destruye instituciones del amparo que son fundamentales para que prevalezca como tal un Estado de Derecho y para que se eviten abusos y autoritarismo”, apunta.
Por su parte, Pablo Angulo, senador del PRI, recuerda que el amparo surgió para que los ciudadanos se protejan contra decisiones unilaterales de los gobiernos.
Agrega que la ley muestra una evolución a sus “sistema autoritario” donde el ciudadano no se puede defender, no habrá instancias para hacerlo y la Suprema Corte no podrá resolver las controversias constitucionales.
LO QUE VIENE
Audiencias públicas en el Senado
Temas de análisis: El lunes 29 se abordarán temas como interés legítimo y suspensión, los plazos y sus consecuencias y el juicio de amparo digital. Al día siguiente se discutirá la ampliación de la demanda y el cumplimiento de sentencias, así como la armonización de la Ley de Amparo con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Mecánica: El formato prevé ocho ponentes por tema, con exposiciones de hasta cinco minutos. Después, cada grupo parlamentario podrá hacer preguntas durante tres minutos y los participantes tendrán cinco más para responder. Las audiencias serán transmitidas por el Canal del Congreso y en las plataformas digitales de la Cámara Alta. Además, se habilitará un micrositio para seguir las sesiones, consultar versiones estenográficas y enviar preguntas.
Participación y registro: Podrán intervenir académicos, litigantes, integrantes de colegios y barras de abogados, universidades y organizaciones civiles. El registro estuvo abierto hasta el 26 de septiembre en el micrositio del Senado, donde también se informará si las participaciones serán presenciales, semipresenciales o virtuales. Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos serán las encargadas de conducir los trabajos y dictaminar la iniciativa, que podría votarse en el pleno hacia el final de la próxima semana.
Posturas encontradas: La iniciativa fue enviada por la presidenta Sheinbaum el 15 de septiembre. Desde entonces, hubo diferencias sobre el método de discusión. El morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que el análisis no sería apresurado y planteó la posibilidad de un parlamento abierto.
Avanzará sin modificaciones: Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Estudios Legislativos, adelantó que se realizaría un “conversatorio profundo”. Pese a ello, Adán Augusto López reiteró que el proyecto podría aprobarse prácticamente sin cambios y ser votado en el pleno el 30 de septiembre.
Cortesía de El Informador
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