La reforma de trabajo en aplicaciones no modifica el modelo de negocio, lo hace más justo al reconocer derechos de los trabajadores, pero no cambia la forma en la que se prestan los servicios, afirmó Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El funcionario explicó que tomó cerca de cuatro años el diseño de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de plataformas digitales, fue el resultado de mucho diálogo porque el objetivo no era alterar el modelo de operación, sino garantizar el acceso a un trabajo digno para quienes conducen o reparten a través de aplicaciones.
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“Es una reforma que tiene muchos adjetivos, pero hay uno que no tiene y es que no es improvisada. El modelo no cambia un ápice en cómo trabaja hoy un conductor o un repartidor, esto es la flexibilidad, no hay nada que haga rígido el modelo. Un repartidor o conductor puede seguir trabajando al ritmo que quiera, las horas que quiera, con las plataformas que quiera, trabajando intensamente unos días, sin trabajar otro, se mantiene la libertad absoluta”, puntualizó durante el Coffee Break Live de El Economista.
La reforma laboral para las aplicaciones ya está vigente y, con ello, en marcha los programas piloto de afiliación obligatoria tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ejercicios que permitirán adecuar los regímenes a la realidad del esquema de trabajo.
Los trabajadores tendrán acceso pleno tanto a la seguridad social como a la cotización al Infonavit, cuando alcancen ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo mensual en una o más aplicaciones. Además, todos, sin importar los ingresos generados, estarán protegidos por riesgos de trabajo.
En ese sentido, señaló Salafranca Vázquez, la calificación de empleadores que adquieren las plataformas digitales es únicamente para la contribución a la seguridad social y a la cuenta de Infonavit de los repartidores y conductores, “pero no pueden dar órdenes como un patrón tradicional”, tampoco hay exclusividad en la prestación de servicios.
Cabe precisar que no toda la facturación de los trabajadores de apps será considerada ingreso. La STPS fijó porcentajes de exclusión diferenciados por herramienta (vehículo, moto o bicicleta) para la prestación de los servicios. Por ejemplo, para quienes reparten a pie o en bicicleta, por cada 100 pesos facturados, 12 pesos no se considerarán como ingreso.
Por otra parte, detalló el objetivo de incluir en el nuevo capítulo de la Ley Federal del Trabajo, la obligación de las empresas de contar con una política de gestión algorítmica, que entre otras cosas, se trata de compartir con los trabajadores información clara sobre cómo funciona el algoritmo, como criterios para asignación de pedidos o penalizaciones.
“No es tan complejo como suena. La Ley no obliga a revelar secretos industriales. El algoritmo, funcione como funcione, da órdenes, asigna un pedido o no, te envía a una zona u otra, te potencia, te incentiva o desincentiva, es un mecanismo de subordinación especial, aunque también es cierto que el trabajador no tiene obligación de acatar las ordenes, aunque si no se aceptan, hay consecuencias, el algoritmo te puede penalizar. La Ley lo que pide es que los trabajadores sepan las reglas del juego”, apuntó.
México es pionero
“Nos encontramos como país ante el vértigo de ser pioneros (…) me atrevo a decir que somos el país más grande del mundo y con mayor peso en la economía digital que ha legislado sobre el tema, ese fue el reto”, afirmó Alejandro Salafranca. El caso mexicano en el reconocimiento de derechos laborales en la economía digital tuvo un papel destacado en la última Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra, Suiza.
En ese tenor, el funcionario reconoció que el reto fue construir un modelo ad hoc a la economía nacional y con pocos casos de éxito en economías similares. “Había poco de dónde inspirarse”.
El gran cambio de la reforma, aseguró, es que sacará de la informalidad laboral a una gran cantidad de trabajadores que no tenían protección social sin alterar el modelo de negocio.
Por ahora, compartió, los esfuerzos gubernamentales se concentrarán en acompañar la implementación de los cambios, no en inspeccionar.
Cortesía de El Economista
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