Las empresas productoras de refrescos y tabaco pagan, en promedio, una tasa efectiva por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 4.07%, cuando las tasas que enfrenta el 29% de la población trabajadora se ubican entre 7% y 11.5%, de acuerdo con estimaciones de Fundar y Expansión, con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para el siguiente año, el gobierno busca aumentar las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos no saludables, como las bebidas saborizadas con azúcares, —refrescos y jugos— a aquellas que contengan edulcorantes, y al tabaco. La propuesta ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y esta semana se discute y se vota en el Senado.
Estos aumentos significarán un repunte en la recaudación de ingresos para el erario público el próximo año.
El aumento en las cuotas tiene el objetivo de disminuir la compra de estos productos; sin embargo, representantes de la sociedad civil destacan que las cargas de “impuestos saludables” aún se quedan cortas frente a las recomendaciones de organismos internacionales y que también se debe aumentar el pago de ISR de las empresas del ramo.
La tasa efectiva de ISR se refiere al pago de este impuesto sobre las ganancias, después de aplicar deducciones y exenciones que ayudan a reducir la carga tributaria. Datos del SAT refieren que la tasa efectiva que pagaron las empresas por comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco fue de 3.33%, y las del ramo de refrescos o bebidas hidratantes con azúcar y edulcorantes 4.81%.
“Esto significa que de todo lo que generan por ventas, solamente le están pagando al SAT el 4%, y esto tiene diferentes explicaciones, una de ellas es que, por ejemplo, las empresas pueden deducir conceptos, que desde nuestra perspectiva no deberían permitirse, por ejemplo, los derechos por tener concesiones de agua se pueden deducir, también los gastos de publicidad, etcétera, para que esta tasa efectiva incremente deberían este evaluarse estos conceptos”, comenta Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal.
El pago de derechos sobre el uso del agua es considerado un costo de producción y, por lo tanto, la ley permite que dicho costo sea tomado en cuenta al momento de calcular las utilidades de las empresas. Para las industrias no saludables, deducir el pago de derechos se traduce en una base gravable menor, y para el Estado esto significa una menor recaudación de ISR. Gracias a este mecanismo, lo que las industrias pagan por explotar un bien público, lo recuperan parcialmente cuando deben calcular el ISR, explica el estudio “Impuestos saludables. Más recursos para la salud pública”, realizado por el centro de Análisis e Investigación, Fundar.
El documento también señala que las empresas pueden considerar como gasto necesario para generar utilidades (y deducirlo de manera totalmente legal) el pago de otras contribuciones, como el predial, la tenencia, el impuesto sobre nóminas, los derechos por uso de electricidad, la publicidad e incluso las aportaciones de seguridad social de los trabajadores. Este tipo de deducciones también podría limitarse para incrementar el pago de impuestos de las industrias no saludables.
Benumea explicó que las deducciones para reducir la tasa de ISR son una medida legal y justa, pero también existen otras vías muy cuestionables, como recurrir a servicios de empresas factureras, las cuales simulan operaciones para expedir comprobantes fiscales que sirven para deducir gastos fantasma.
Entre las propuestas del Paquete Económico 2026 que pasan esta semana al Senado, se incluyen medidas contra la facturación falsa, como la prisión preventiva para los emisores y la cancelación de sellos digitales para quienes las compren.
Fundar, CIEP y Poder del Consumidor refieren que para incrementar la carga fiscal de las empresas no saludables, la federación puede limitar sus deducciones por la explotación, uso y aprovechamiento del agua, otras contribuciones federales y gastos publicitarios; reducir los beneficios fiscales que hoy les otorga la ley; implementar una sobre tasa de ISR para que sean las propias empresas quienes contribuyan a financiar los costos sociales que generan; además de transparentar su información financiera y fiscal.
Cortesía de Expansión
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