Si bien, el Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico aclaró algunas dudas respecto al almacenamiento de energía y la separación de actividades para que los privados trabajen de manera conjunta con el gobierno, serán las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) en casi todas las actividades las que aterrizarán la forma en que será operada la electricidad en el país.
“No podemos tener reglas escritas en piedra en un sector tan dinámico, las necesidades van cambiando y a partir de ahora tenemos que revisar con suma atención las nuevas disposiciones que emitan las autoridades”, dijo Jerónimo Ramos, socio del despacho Pérez-Llorca en el área de Proyectos, Energía e Infraestructura”, “tenemos que ser cuidadosos para no caer en que se desincentive la innovación e inversión, por un lado, pero también en que no se pierdan las directrices de una política planeada y ordenada, que se está implementando”.
En lo que sí se aclara, la Comisión Nacional de Energía (CNE) otorgará los siguientes tipos de permisos en materia eléctrica: generación, comercialización en las modalidades de suministro básico, de último recurso y calificado, además de almacenamiento de energía. La Secretaría de Energía autorizará la importación, exportación y manifestación de impacto social.
En el Artículo 23 reitera la existencia de grupos de autoconsumo y la diferencia con el autoabasto y sus socios, que fueron clientes creando un mercado secundario, es que debe ser explícita la red en la que se trabaja y así tendrán su propia generación y en caso de requerirlo, su almacenamiento. El autoconsumo, que es para demandas mayores a 0.7 megawatts, pero menores a 20 megawatts, puede ser aislado o interconectado “preferentemente con energías renovables”, queda exento de permiso y puede solicitarse con trámite simplificado.
También se explican las formas de participación privada en el sector, que serán mediante esquemas de desarrollo mixto entre privados y el gobierno y producción de largo plazo, que son iguales a los PIE aunque todavía no se establece temporalidad, sino que será por contrato de la compra y la CFE puede optar por quedarse con la infraestructura o no.
Es hasta los proyectos de inversión mixta en que se establece el 54% de participación del Estado y el socio puede vender en el mercado mayorista la energía que no utilice la CFE. “La participación de la Empresa Pública del Estado en la inversión mixta puede realizarse a través de aportaciones líquidas, en especie o intangibles o cualquier otra modalidad pactada entre las partes”, establecen.
Sin embargo, con plazos que llegan a 120 y 150 días faltan las DACG en materia de tarifas, instrumentos, requisitos y disposiciones para la transición energética, suministro de todos los tipos, autoconsumo, impacto social y almacenamiento, principalmente.
Cortesía de El Economista
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