Rentar caro no es ilegal, pero sí se reporta: Hacienda vigila estos montos

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Foto: Getty Images.

Una renta de un inmueble se vuelve de interés del Gobierno cuando supera ciertos montos establecidos en la ley y entra en el radar de las autoridades por su posible uso para lavado de dinero. Así lo establece el decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

La norma busca proteger el sistema financiero y la economía nacional, al obligar a reportar operaciones consideradas de riesgo, entre ellas algunas relacionadas con rentas de bienes inmuebles.

Rentas de inmuebles bajo vigilancia oficial

De acuerdo con el artículo 17, fracción XV, la constitución de derechos de uso o goce de inmuebles —es decir, la renta— se considera una actividad vulnerable cuando el monto mensual supera ciertos límites medidos en UMA (Unidad de Medida y Actualización).

En 2025, el valor diario de la UMA fue de 113.40 pesos, según el Inegi.

Estos son los umbrales clave:

  • Si la renta mensual es mayor a mil 605 UMA, equivale a más de 182 mil pesos al mes
  • La operación debe reportarse obligatoriamente cuando alcanza 3 mil 210 UMA, es decir, aproximadamente 364 mil pesos mensuales

Cuando se rebasan estos montos, la operación debe ser informada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante un Aviso.

¿Por qué el Gobierno vigila estas rentas?

La razón es simple: las rentas de alto valor pueden usarse para ocultar dinero de origen ilícito. Al rentar un inmueble caro, se puede justificar el ingreso constante de grandes cantidades de dinero.

Por eso, la ley obliga a:

  • Identificar al cliente
  • Conocer al beneficiario controlador
  • Conservar documentación
  • Reportar operaciones sospechosas o relevantes

Esto no significa que rentar sea ilegal, sino que las operaciones grandes deben ser transparentes.

¿Qué pasa si no se reporta?

No cumplir puede derivar en multas millonarias, que van desde 2 mil hasta 65 mil UMA, o incluso un porcentaje del valor de la operación.

La autoridad aclara que estas medidas no criminalizan, sino que buscan prevenir delitos financieros y frenar el uso del sector inmobiliario para actividades ilegales.

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Cortesía de UNO TV



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