Varios países y organismos internacionales rechazaron este jueves la decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir los viajes a territorio estadounidense desde 12 países y restringir parcialmente la entrada de ciudadanos de otras siete naciones, entre ellas Venezuela y Cuba. La prohibición entrará en vigor el próximo 9 de junio, según la orden ejecutiva del mandatario republicano, que además establece que, en un plazo de 90 días y luego cada 180 días, el secretario de Estado, Marco Rubio, deberá presentar al presidente un informe con su evaluación y una recomendación sobre si continuar, finalizar, modificar o complementar la medida.
Según la orden de Trump, los 12 países con prohibición total “son deficientes en cuanto a la detección y el control y representan un riesgo muy alto para los Estados Unidos”. Estos son: Haití, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Asimismo, Washington limitó los viajes procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Para justificar su medida, Trump indicó en un video publicado por la Casa Blanca que el reciente ataque en Colorado contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel es un ejemplo de los peligros extremos que representa para Estados Unidos la entrada de extranjeros que no han sido examinados adecuadamente, así como de aquellos que llegan al país como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por sus visados.
“Odio visceral”
El Gobierno de Venezuela repudió el veto de la Casa Blanca, asegurando que se trata de una campaña de estigmatización y criminalización lanzada contra sus ciudadanos. “Esta operación ha sido impulsada por el actual Secretario de Estado, Marco Rubio, un funcionario marcado por su conocido odio hacia el pueblo venezolano, que ha hecho de la agresión sistemática su política exterior, contando con el respaldo de la ultraderecha venezolana”, apuntó la Cancillería en un comunicado. “Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una nueva demostración del odio visceral contra el pueblo venezolano que anima a quienes hoy conducen la política exterior de Washington”, añadió.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la nueva prohibición tiene un trasfondo racista que cuenta con el apoyo de “políticos anticubanos”, denominación que emplea para referirse a políticos –principalmente republicanos de Florida, muchos de ellos de origen cubano– contrarios al Gobierno de la isla. Según indicó el funcionario, la medida perjudica los intercambios personales, profesionales, académicos y culturales entre ambos países, así como el contacto entre las familias que residen en ellos.
Durante su primer mandato (2017-2021), Trump reforzó el embargo comercial que Washington aplica a Cuba desde 1962. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, apostó nuevamente por una política de máxima presión sobre la isla. El mandatario estadounidense revirtió el mismo día de su investidura la decisión de su predecesor, el demócrata Joe Biden, de eliminar a Cuba de la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo, lo que dificulta el comercio y la inversión extranjera en la isla. En mayo, Washington volvió a incluirla en otra lista negra, la de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista.
Dignidad humana
Mientras tanto, Stéphane Dujarric, portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó en su conferencia de prensa diaria que, si bien cada país tiene derecho a decidir cómo controla sus fronteras y a quién permite el ingreso, es importante que se respete la dignidad humana de las personas.
Amnistía Internacional (AI) remarcó en un comunicado que el veto del gobierno de Trump propaga el odio y la discriminación. “Señalar a las personas según su raza, religión o nacionalidad, de países con población mayoritariamente negra, marrón o musulmana, significa discriminación racial según los derechos humanos internacionales”, consideró la secretaria general de AI, Agnès Callamard. “Ante una situación actual en la que el derecho de asilo ya es casi inexistente en las fronteras de Estados Unidos, el nuevo veto inflige terribles sufrimientos a personas que huyen de zonas azotadas por la guerra, por las violaciones masivas de derechos humanos y otras situaciones de peligro”, aseveró.
Por medio de un comunicado, la Comisión de la Unión Africana (UA) pidió a Estados Unidos “adoptar un enfoque más consultivo y entablar un diálogo constructivo con los países afectados”. “La Comisión sigue preocupada por el posible impacto negativo de tales medidas en los lazos entre pueblos, el intercambio educativo, el compromiso comercial y las relaciones diplomáticas más amplias que se han cultivado cuidadosamente durante décadas”, expresó el organismo continental.
El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, anunció la suspensión de la concesión de visados a ciudadanos estadounidenses. “Chad no tiene aviones que ofrecer ni miles de millones de dólares que dar, pero sí tiene dignidad y orgullo”, aseveró el mandatario del país africano en su cuenta de la red social Facebook, en aparente alusión al avión donado por Qatar para ser usado como Air Force One del presidente norteamericano.
El caso afgano
Por su parte, solicitantes afganos de las visas especiales de entrada en Estados Unidos consideran que las prohibiciones y restricciones de viaje impuestas por Trump son una traición con los ciudadanos que colaboraron con Washington durante la guerra entre 2001 y 2021. “Esto es una traición. Esta política cruel no sólo va en contra de los valores fundamentales de Estados Unidos, también añade un dolor renovado a las vidas de miles de afganos que apoyaron a ese país con valentía y lealtad”, dijo a la agencia de noticias EFE Ahmad Shakib (nombre falso por razones de seguridad), quien colaboró con medios estadounidenses en apoyo a las operaciones de este país en Afganistán y actualmente es solicitante de una Visa Especial de Inmigrante (SIV).
Tras el fin de la guerra de Afganistán y la vuelta de los talibanes al poder, en agosto de 2021, se establecieron varios regímenes de reubicación para los afganos que colaboraron con la Casa Blanca y el Gobierno republicano: el estatus SIV, los de prioridad uno (P1) y dos (P2), todos ellos destinados a ciudadanos que apoyaron de algún modo a Estados Unidos en el transcurso del conflicto bélico.
La caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán culimnó el 30 de agosto de 2021, después de una ofensiva relámpago de los talibanes que alcanzó Kabul en pocas semanas. La retirada tuvo su punto más crítico el 26 de agosto, cuando un ataque del grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K) mató a 180 personas –13 de ellos soldados estadounidenses– en el aeropuerto de Kabul.
Para Abdul Wasi Kandahari, titular de un caso P1, la situación supone “un golpe a la credibilidad de EE.UU.” y considera que la prohibición de Trump puede ser un mensaje para futuros socios de este país norteamericano en otros conflictos. “Durante más de cuatro años no hemos podido trabajar porque se nos acusa de cooperar con los estadounidenses. Todo mientras enfrentamos la muerte cada día y, por otro lado, sufrimos económicamente”, subrayó.
Según la organización AfghanEvac, con sede en EE.UU. y centrada en la asistencia para socios afganos de los estadounidenses, unos 124.000 aliados afganos tienen pendiente su llegada a un país seguro. La mayoría permanece en Afganistán, donde las autoridades talibanes han instalado en régimen vengativo con los aliados del antiguo Gobierno republicano.
Cortesía de Página 12
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