Hasta el momento suman más de 2 mil amparos presentados contra el acueducto Solís-León.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que ya externó su preocupación y oposición a este proyecto directamente a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que impulsan este proyecto.
“Ellos nos dieron muchas explicaciones sobre todo garantizándonos que los cupos y cuotas que tiene Jalisco no se van a violentar, es decir que los van a cumplir independientemente del agua que se va a ir a León”, explicó esta mañana luego de su participación en la reunión del grupo Guadalajara 500.
Detalló que la forma que se va a cumplir es quitándole parte del caudal al Distrito de Riego 11 de Guanajuato que hoy desperdician.
“Les van a invertir en tecnificación y con lo que van a dejar de desperdiciar, con eso se supone que se van a cumplir las cuotas para que Solís llegue al 70 por ciento y derive a Chapala”
El mandatario les pidió que establecieran esa propuesta por escrito en los propios Acuerdos de Coordinación de la Cuenca Lerma Chapala.
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El acueducto Solís-León es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el fin de abastecer de agua a varias ciudades de Guanajuato, entre ellas, León, lo cual, pondría en riesgo al Lago de Chapala, principal fuente de abasto de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En el recurso legal, los ciudadanos advierten que el proyecto generaría un daño inminente e irreparable al ecosistema del Lago de Chapala, reduciendo sus niveles y afectando la calidad del recurso hídrico.
Esto tendría impacto directo en el suministro de agua para más del 60 por ciento de la población de la metrópoli tapatía, lo que convertiría al proyecto en una amenaza a la seguridad hídrica de millones de habitantes en Guadalajara.
Los amparos están sustentados en el artículo 4° constitucional, que reconoce el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, así como en principios internacionales ratificados por México como el principio jurídico In dubio pro natura (resolver en favor de la naturaleza, ante la duda); así como, el Convenio de Escazú que establece y garantiza el acceso a la justicia ambiental.
Pablo Lemus pidió al futuro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en que resuelvan los recursos jurídicos que lleguen al máximo tribunal en favor de la población aledaña a Chapala, principalmente, los pueblos indígenas.
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OB
Cortesía de El Informador
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