El Ministerio de Justicia ruso ha agregado a su extensa lista negra de agentes extranjeros al movimiento Camino a casa —Put Domói, en ruso—, un grupo que hasta ahora había sido difícil de perseguir para el Kremlin por su estrecha vinculación con las tropas que sostienen su guerra. Lo forman las mujeres —y en menor medida madres— de los civiles que fueron movilizados al frente de guerra en Ucrania y desean el regreso de sus hombres a casa. Las autoridades han acusado a esta plataforma y a una de sus líderes, Yekaterina Gordéyeva, de difundir “información inexacta” sobre la guerra. “No pararemos, nuestros seres queridos todavía están en peligro de muerte con este Gobierno de patriotas”, han advertido las esposas a través de un comunicado.
La etiqueta de agentes extranjeros no tiene nada que ver con la ley estadounidense del mismo nombre. Con esta legislación, el Kremlin puede designar a cualquier ente o persona que difiera de la línea oficial y crearle una aureola peligrosa: el castigo incluye el veto total a la actividad política y algunos empleos, aunque puede implicar incluso multas y el cierre de la organización perseguida.
Esta protesta comenzó con un pequeño grupo de mujeres y madres de combatientes unidas por el deseo del regreso al hogar de sus parejas o hijos. Su andadura comenzó a finales del verano pasado y poco a poco ganaron más apoyos hasta convertirse en una amenaza real para el Gobierno. Su canal de Telegram suma más de 50.000 seguidores hoy.
Las autoridades acusan a estas mujeres de “crear una imagen negativa de Rusia” y llamar a los ciudadanos a participar en protestas no autorizadas. A diferencia de otros actos contra la guerra de Ucrania o por la persecución del disidente Alexéi Navalni, las mujeres de los movilizados no han sido arrestadas cuando se han congregado ante los monumentos militares para exigir con flores que sus esposos regresen a casa. El quid para el Kremlin es que su detención tensaría aún más la cuerda con los militares, que en un lapso de un año ya han visto un intento de rebelión militar y una purga en el alto mando.
Fuentes del grupo han denunciado a este periódico que algunas participantes han sido amenazadas estos meses. Según esa versión, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) se presentó, por un lado, en las casas donde estaban las mujeres y, por otro, preguntó a sus maridos desplegados en Ucrania por la organización Put Domói. Alguna de ellas incluso ha llegado a borrar su contacto en Telegram.
“¿Qué será lo siguiente? ¿Designarán como agentes extranjeros a los soldados, tanto movilizados como contratados, que se quejan de los impagos o uniformes?”, se preguntaba la plataforma de esposas en sus redes sociales este lunes. “Ahora estamos en la lista de los miembros de la cultura. Actores, músicos, escritores. Felicitémonos, o algo así”, añadía con ironía.
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El presidente Vladímir Putin decretó su primera movilización forzosa en septiembre de 2022. El Ministerio de Defensa aseguró haber reclutado a 300.000 militares, aunque esta cifra ha sido completada con el alistamiento de voluntarios a los que el Kremlin atrae con salarios de 200.000 rublos mensuales, unos 2.000 euros, que casi cuadruplican lo que gana un ruso medio.
El jefe del Kremlin dijo en diciembre del año pasado que unos 617.000 combatientes rusos están desplegados sine die en Ucrania. De hecho, Putin nunca publicó un segundo decreto que cerrase oficialmente su primera movilización y los llamados a filas no saben cuándo regresarán a casa: Moscú se prepara para una guerra larga y ha prohibido tajantemente la desmovilización de sus tropas hasta que acaben los combates.
“Por favor, devuelvan a papá a casa”, rogaba este lunes con un cartel una madre junto con su hijo a las puertas del Ministerio de Defensa. “Establezcan un plazo de servicio para los soldados de la operación militar especial”, clamaba otra. Una decena de mujeres se concentró frente a la sede del ejército durante casi una hora para pedir una reunión con el nuevo ministro de Defensa, Andréi Belóusov, y solo abandonaron el lugar tras las declaraciones de un alto cargo del ejército de que serán escuchadas. El anterior responsable de las Fuerzas Armadas, Serguéi Shoigú, hizo la misma promesa hace medio año, pero no cumplió su palabra.
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Cortesía de El País
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