El movimiento obrero organizado de México ha puesto el foco en dos demandas cruciales y urgentes: la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales y la necesidad de equiparar los aumentos de los salarios contractuales con los del salario mínimo. Estos temas fueron parte de la discusión en la Segunda Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores, un foro que reunió a delegados de América del Norte y Brasil e inaugurado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Martín Esparza, secretario general del SME, destacó en entrevista que la convención sirvió para trazar una hoja de ruta ante los desafíos del sindicalismo moderno, con los dos puntos mencionados acaparando la atención por su inminente impacto en la vida laboral.
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Respecto a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el líder sindical calificó de “anacrónico” que México se mantenga rezagado en su implementación. “La semana de las 40 horas, que es increíble que a estas fechas, a esta época de pleno siglo XXI, todavía no alcancemos las 40 horas de trabajo, con 56 horas de pago”, declaró Esparza, subrayando que organizaciones como el SME lograron esta prestación desde una huelga en 1936 y que ya se aplica en su contrato colectivo con Generadora Fénix.
A pesar de los avances puntuales, Esparza adelantó que la lucha por la jornada de 40 horas será progresiva, pero existe un acuerdo firme entre la Nueva Central de Trabajadores y otras organizaciones para movilizarse y avanzar con esta demanda a nivel nacional.
Otro de los “tendones de Aquiles” del sindicalismo actual, según el dirigente, es la creciente disparidad entre el incremento al salario mínimo y los salarios contractuales. A pesar de reconocer los esfuerzos gubernamentales para aumentar el mínimo, Esparza lamentó que el grueso de la clase trabajadora regida por contratos colectivos haya quedado marginada de esa recuperación salarial.
“Fíjate que… los salarios contractuales se han quedado rezagados”, enfatizó. El líder electricista explicó que esta brecha está generando distorsiones notables, citando el caso de la Universidad Autónoma de Sonora, donde los incrementos al salario mínimo han provocado que este rebase a los salarios profesionales. El argumento patronal de que un mayor aumento incrementaría la inflación o provocaría quiebras empresariales fue tachado de un “tope salarial” que las organizaciones se proponen combatir de manera unificada.
Ante estos y otros retos, como la reforma de pensiones y la deuda pública, la Convención acordó un plan de acción integral que incluye impulsar iniciativas legislativas, utilizar el nuevo Centro de mediación del Poder Judicial para demandas clave y fortalecer la movilización en las calles mediante la solidaridad entre las 120 organizaciones confederadas en la Nueva Central de Trabajadores.
Esparza concluyó que el sindicalismo dará esta lucha en unidad para conseguir que autoridades y legisladores tomen en cuenta las propuestas que emanarán de la plenaria de conclusiones y acuerdos de la Convención.
Cortesía de El Economista
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