Un posible caso de maltrato animal desató la indignación de usuarios en redes y vecinos de la colonia Forjadores, luego de que un perro fuera hallado colgado por el cuello en el exterior de una vivienda, sin posibilidad de respirar, generando controversia en el sur del país por la crueldad del suceso.
El incidente ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Pedro Sáenz en Quintana Roo donde vecinos se percataron de que el lomito estaba suspendido por una cuerda, visiblemente en agonía fue gracias a la rápida acción de los habitantes de la zona, el animal fue rescatado a tiempo y logró sobrevivir.
Una mujer que presenció los hechos y que aclaró no vivir en la colonia antes mencionada señaló que varios vecinos identificaron al presunto responsable como una persona dedicada a la venta de perros y ante la gravedad de la situación, solicitó apoyo para presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
¿Qué pasó con el perrito que casi muere ahorcado?
La difusión del caso en redes sociales ha generado una fuerte reacción por parte de los usuarios, quienes demandan la inmediata intervención de las autoridades de protección animal y además de investigar al posible responsable, exigen que se garantice el bienestar de todos los animales que pudieran encontrarse bajo su resguardo.
Este nuevo caso reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia, regulación y sanción ante el maltrato animal, una problemática que, pese a los avances legales, sigue cobrando víctimas en distintas partes del país, pues no se sabe si recibirá una sanción el presunto dueño del hogar.
Cabe destacar que en Quintana Roo, el maltrato animal está tipificado como delito y puede ser sancionado con penas que van desde los seis meses hasta seis años de prisión, dependiendo de la gravedad del acto pues si el animal sufre lesiones sin que su vida esté en riesgo, la pena va de 6 meses a 1 año de cárcel y una multa de 25 a 50 días de salario mínimo.
Sin embargo, si las agresiones ponen en peligro su vida o le causan la muerte, la sanción puede aumentar hasta los 6 años de prisión y multas de hasta 400 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), especialmente si se aplican métodos que prolongan su sufrimiento.
Además, si el responsable es un servidor público encargado del cuidado de animales, la pena se agrava con un tercio adicional y conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las reformas más recientes permiten que estos delitos se persigan de oficio, lo que significa que la autoridad puede actuar sin necesidad de una denuncia formal.
Cortesía de El Heraldo de México
Dejanos un comentario: