Durante la gestión de Nicolás Maduro, el comercio exterior de Venezuela se erosionó de forma constante bajo el peso de los bloqueos internacionales, en especial los de Estados Unidos. Los datos de la Organización Mundial del Comercio dibujan con claridad ese deterioro. Cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, las exportaciones del país sumaron 88,753 millones de dólares, ya por debajo de los 97,340 millones con los que cerró el último año completo de Hugo Chávez.
Desde entonces, la caída fue persistente. Año tras año, las ventas al exterior perdieron terreno hasta tocar fondo en 2021, cuando apenas alcanzaron 3,535 millones de dólares, según estimaciones de la OMC. Para 2024 se observa un repunte modesto, con exportaciones por 14,310 millones de dólares.
La estructura del comercio venezolano explica parte de esa fragilidad. La economía depende casi por completo del petróleo. Nueve de cada 10 dólares que ingresan por exportaciones provienen de esa industria. Las manufacturas, los productos químicos, el hierro y el acero, así como los bienes agrícolas, ocupan un lugar marginal.
Antes de Maduro y buena parte del mandato de Chávez, Estados Unidos figuraba como el principal socio comercial de Venezuela. Brasil, Colombia, China, Suiza, Países Bajos y Argentina completaban el tablero. Con las sanciones y el cierre de accesos a mercados clave, ese mapa cambió de forma radical. El comercio venezolano se reorientó hacia China, Rusia, Cuba, Turquía e Irán, en una red más estrecha y con menor capacidad de absorción.
En 2017, Venezuela llevó su reclamo a la Organización Mundial del Comercio. Denunció lo que describió como una “guerra económica, comercial y financiera” impulsada por “potencias imperiales” que, a su juicio, actuaban al margen de las reglas del organismo. José Gregorio Vielma, entonces ministro de Comercio Exterior, acusó a esos países de obstaculizar de forma deliberada el relanzamiento económico y de subordinar a otras naciones a sus intereses. También sostuvo que las sanciones violaban el derecho internacional y los derechos humanos, y que buscaban imponer un cerco absoluto al país.
Desde 2005, Estados Unidos impuso sanciones a personas y entidades venezolanas ligadas a prácticas criminales, antidemocráticas o corruptas. Con el paso del tiempo, esas medidas se ampliaron. Durante la primera administración Trump, las sanciones incluyeron restricciones financieras y sectoriales dirigidas al gobierno de Maduro. La administración Biden concedió un alivio limitado con la expectativa de incentivar elecciones presidenciales libres en julio de 2024. Maduro reclamó la victoria pese a que los resultados señalaban el triunfo del opositor Edmundo González, de acuerdo con información del Congreso estadounidense.
En enero de 2025, Maduro inició un tercer mandato. Un mes después, la administración Trump designó a grupos criminales vinculados a Venezuela como organizaciones terroristas, sujetas a sanciones y acciones militares. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro permitió la expiración de licencias otorgadas en la era Biden a empresas energéticas con operaciones en el país.
El desplome del vínculo comercial con Estados Unidos ilustra el alcance del quiebre. Las compras estadounidenses a Venezuela alcanzaron un máximo de 51,424 millones de dólares en 2008. Para 2020, ese flujo cayó a un mínimo de 167 millones. Aunque después registró una leve recuperación, los montos siguen en niveles bajos, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Desde 2009, Estados Unidos dejó de figurar como principal destino de las exportaciones venezolanas, de acuerdo con la OMC. Incluso México, que llegó a ubicarse entre los 10 principales socios, salió de esa lista en 2013.
La relación comercial con México también reluce, pues Estados Unidos incluyó al país que como uno de los canales señalados en las acusaciones de narcotráfico y redes criminales ligadas al entorno de Nicolás Maduro, el cual también sufrió un descenso marcado. En el último año de Chávez fue de 189 millones de dólares a 35 millones de 2024.
El comercio exterior venezolano refleja más que cifras en retroceso. Expone el costo económico de un país aislado, atrapado entre sanciones, dependencia petrolera y una red de socios cada vez más reducida.
Cortesía de Expansión
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