El esfuerzo de la autoridad fiscal por obtener más recursos para el erario, se refleja en la recaudación que logró de enero a septiembre por revisar y fiscalizar a grandes contribuyentes, que son las personas físicas y morales con ingresos mayores a los 1,500 millones de pesos anuales, de acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En los primeros nueve meses del año, el SAT reportó 300,470 millones de pesos de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes. Esto es 4.3 veces más que la meta establecida para ese periodo que fue por 69,580 millones de pesos, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Frente al mismo periodo del año pasado, esta recaudación derivada de auditorías y determinación de créditos fiscales, es mayor en 23.3% o 70,189 millones de pesos corrientes. En comparación con lo que se recaudó en 2018, último año a cargo de la administración de Enrique Peña Nieto, lo recaudado en enero-septiembre de 2025 es 5.5 veces más.
De acuerdo con el SAT, al cierre de 2024 se reportaron 16,131 grandes contribuyentes, los cuales frente al universo total de contribuyentes apenas representan el 0.02%, pero aportan más de 52% de todos los ingresos que recauda el fisco. Estas empresas se encargan de retener el IVA que pagan consumidores de bienes y servicios, y lo enteran a la autoridad recaudadora.
Los grandes contribuyentes pertenecen mayormente a los sectores de servicios y al industrial, realizan actividades como el comercio minorista y mayorista; transporte, correos y almacenamiento; información en medios masivos; servicios financieros y de seguros; servicios de apoyos a negocios y manejo de desechos, además de la minería; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; construcción e industrias manufactureras.
La recaudación histórica reportada en los últimos años se deriva de la política de la 4T, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de terminar con las condonaciones para las grandes empresas, que se daban cada inicio de sexenio. Además de la continuación de revisiones y auditorías de años fiscales anteriores con el objetivo de determinar créditos o deudas, por omisión en el pago de impuestos, por grandes transferencias, ventas y/o fusiones de empresas entre conglomerados.
La continuación de esta política, adherida con la aplicación de inteligencia artificial y digitalización de datos, permite a la autoridad fiscal tener tiros más precisos cuando realizan auditorías. Muestra de ello es el avance en la Eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes.
Para el periodo enero-septiembre, el SAT tenía la meta de que el 68.5% de todas las revisiones profundas realizadas a estos contribuyentes terminara en cobros mayores a los 100,000 pesos; el avance reportado fue de 76.4%, con un porcentaje de cumplimiento de 111.6.
También se reportan mayores montos promedio por acto de fiscalización a estos contribuyentes. Al cierre de septiembre, es de 254.8 millones de pesos, el tercer monto más alto de los últimos seis años, en periodos iguales. El monto promedio en 2017 es la mitad de lo que se reporta en la actualidad.
Después de realizar una revisión y determinar adeudos fiscales, el contribuyente puede interponer instrumentos para defenderse de esos cobros, principalmente en juicios. Estos, desde 2023, se resuelven más a favor del SAT que de las personas morales o físicas con grandes ingresos.
El caso más reciente, y parcialmente resuelto por la Corte, es el de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por adeudos de ISR por más de 74,000 millones de pesos.
El pasado 13 de noviembre la Suprema Corte de Justicia rechazó amparos por deudas con el fisco de las empresas Grupo Salinas y Elektra, por lo que tendrá que pagar una deuda de 35,160 millones de pesos , que se convierten en más de 50,000 millones por recargos y multas.
Cortesía de Expansión
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