A partir del 1 de enero de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha endurecido los controles para las empresas con alto consumo de gas natural, exigiéndoles instalar controles volumétricos en sus establecimientos. Esta medida, que ya está en vigor, afecta a hoteles, restaurantes e industrias con un consumo mensual superior a 75,714 litros y busca evitar irregularidades en el suministro de hidrocarburos.
De acuerdo con Santiago Sala, director de gas natural de la consultora energética Enegence, esta nueva obligación se incluyó en la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, publicada por el SAT el pasado 30 de diciembre. Las empresas que no cumplan con esta regulación enfrentarán multas de hasta 5 millones de pesos.
¿Quiénes están obligados a instalar controles volumétricos?
Hasta 2022, los usuarios finales de petrolíferos o hidrocarburos no estaban obligados a reportar consumos al SAT. Sin embargo, desde enero de 2023, la autoridad tributaria comenzó a exigir controles volumétricos a quienes almacenan o consumen estos productos en volúmenes superiores a 5,000 gigajoules.
Ahora, con la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, la obligación se amplía aún más. Empresas que consuman un promedio de 75,714 litros de gas natural al mes deben implementar estos sistemas, lo que incluye a restaurantes, hoteles y otros establecimientos comerciales.
Costos e impacto para las empresas
El cumplimiento de esta norma no será barato. José Buganza, director de Enegence, señaló que la inversión en controles volumétricos puede superar los 15,000 dólares (aproximadamente 255,000 pesos mexicanos) por instalación, lo que representa un gasto significativo para las empresas afectadas.
Además, el SAT no ha otorgado un período de adaptación ni incentivos fiscales para la implementación de estos controles, lo que genera preocupación entre empresarios, quienes consideran que la medida afectará principalmente a negocios medianos y pequeños.
¿Por qué el SAT impone estos controles?
El SAT argumenta que la medida busca evitar la comercialización ilegal de combustibles y detectar posibles actos de huachicol o contrabando de gas natural. En palabras de Sala, la intención de la autoridad es verificar que los proveedores de gas reporten correctamente los volúmenes entregados y que los consumidores no adquieran combustible de fuentes ilegales sin saberlo.
“La lógica del SAT es similar a la de las gasolineras que deben demostrar que venden ‘litros de a litro’. Ahora quieren monitorear a los usuarios de alto consumo de gas para asegurarse de que todo el combustible sea adquirido y registrado legalmente”, explicó Sala.
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Cortesía de El Contribuyente
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