SAT ya puede grabar video y tomar fotos en visitas a domicilios para demostrar que las facturas sean falsas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está a punto de dar un paso más en su “cruzada” contra las factureras. Según un reporte de Expansión, a partir de 2026 los funcionarios del organismo podrán tomar fotos, grabar videos o audios durante una visita domiciliaria cuando sospechen que en esa dirección se emiten facturas falsas o simuladas.

La medida forma parte de las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), ya aprobadas por la Cámara de Diputados y que se discuten en el Senado. Si pasan, entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT, el objetivo es obtener pruebas directas de que un domicilio pertenece a una empresa fachada o de papel. “Muchas de estas compañías están registradas en lotes baldíos o inmuebles abandonados. El video nos va a dar mucha certeza”, explicó el funcionario a Expansión.

Los visitadores podrán iniciar la grabación desde que lleguen al lugar, ya sea un local, oficina o bodega y deberán avisar a la persona presente que la diligencia está siendo registrada con herramientas tecnológicas. El material se anexará a las actas y servirá como prueba legal en caso de irregularidades.

“Una reforma para fiscalizar, no para vigilar”: lo que dice el SAT

Las nuevas facultades del SAT no se limitan al uso de cámaras. Según el reporte, también se contempla la restricción temporal del certificado de sello digital, un permiso esencial para emitir facturas. Si una empresa recibe un CFDI falso y no corrige su situación en 30 días, su sello podría suspenderse, dejándola sin posibilidad de facturar ni cobrar a clientes.

Gil Zenteno, socio del despacho Basham Ringe y Correa, explicó que estas reformas “fortalecen la capacidad de fiscalización” y amplían los supuestos de infracción o delito fiscal. Pedro Aguilar, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, advirtió que las restricciones al sello digital “preocupan mucho a las empresas”, pues pueden dejarlas paralizadas incluso por errores administrativos menores.

De acuerdo con El Economista, si un solo CFDI emitido resulta falso, todos los demás comprobantes del contribuyente se considerarán también falsos, lo que puede activar sanciones, querellas e incluso cárcel de dos a nueve años.

Probar que una factura no es falsa será un reto

Para los contribuyentes, el verdadero problema será demostrar la “materialidad de las operaciones”, es decir, que las transacciones amparadas por las facturas sean reales. “No todos tienen la capacidad de reunir evidencia suficiente para probarlo”, explicó Virginia Ríos, del Colegio de Contadores Públicos de México, en entrevista con El Economista.

Luis Pérez de Acha, especialista en derecho fiscal, añadió que los resultados de este tipo de procedimientos han sido “dispares y desfavorables para los contribuyentes. En los nuevos términos del CFF, el SAT puede iniciar visitas domiciliarias exprés para verificar en el acto si las operaciones son legítimas, lo que, según Pérez de Acha, parte de “una presunción de falsedad desde el inicio”.

Más vigilancia, más control digital: el SAT también tendrá acceso a plataformas

La fiscalización no solo se hará en campo. Expansión detalla que, a partir de abril de 2026, el SAT podrá acceder en línea y en tiempo real a la información fiscal de plataformas digitales como Netflix, Amazon o Uber, con el fin de comprobar el cumplimiento del IVA y otras obligaciones.

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Como reportamos anteriormente en Xataka México, esta disposición fue aprobada con 348 votos a favor y 130 en contra y aplica a cualquier servicio digital definido por la Ley del IVA, desde streaming hasta apps de citas o educación en línea. Aunque el SAT ha asegurado que no accederá a los datos personales de los usuarios, organizaciones como Artículo 19 y R3D han advertido que la medida abre la puerta a una “vigilancia masiva” y desproporcionada.

El SAT también tiene programadas 16,200 auditorías para 2026, dirigidas a contribuyentes con alto riesgo de evasión, desde grandes corporativos hasta pequeñas empresas. El objetivo oficial es fortalecer la recaudación y reducir la evasión, pero los especialistas temen que la línea entre justicia fiscal y exceso de control se vuelva cada vez más delgada.

Cortesía de Xataka



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