La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el impuesto del 2% aplicado en la Ciudad de México a las plataformas de reparto es constitucional. Se trata de un fallo con peso regulatorio que confirma que los gobiernos locales tienen facultades para exigir contribuciones a empresas tecnológicas que usan intensivamente la infraestructura urbana, especialmente la red vial.
Con esta decisión, la Corte reconoce que aplicaciones como Uber Eats, Rappi o DiDi Food pueden ser sujetas a un esquema contributivo ligado al volumen de entregas que operan diariamente. La medida ha estado vigente desde 2022 y consiste en el pago del 2% sobre cada operación asociada a servicios de entrega, sin trasladarlo directamente a repartidores o usuarios finales, al menos en términos normativos.
Un impuesto que divide posturas
La medida ha sido cuestionada por diversos sectores. Algunas organizaciones acusan que el cobro afecta únicamente a plataformas digitales, sin aplicar el mismo criterio a otros modelos logísticos, lo que interpretan como un trato fiscal diferenciado. También existe preocupación sobre su compatibilidad con el T-MEC, dado que podría derivar en un impacto desigual para empresas tecnológicas con origen extranjero.
La controversia también se alimenta por la coexistencia de dos criterios contradictorios del propio máximo tribunal: en resoluciones anteriores se había considerado que impuestos de este tipo podían repercutir en repartidores o consumidores, mientras que el nuevo fallo valida su constitucionalidad.
Posibles impactos económicos para el ecosistema de entregas
Aunque el gravamen no se aplica de manera directa al costo del usuario final, las empresas advierten que el 2% puede generar presiones internas que se reflejen de distintas formas:
- Ajustes en ingresos de repartidores o en sus incentivos
- Aumento de comisiones para restaurantes y pequeños comercios
- Mayor costo operativo por cada transacción procesada
En un escenario así, el mercado podría experimentar cambios en tarifas de entrega, variaciones en comisiones para establecimientos o ajustes en promociones que impacten tanto a repartidores como a negocios afiliados.
Posible efecto dominó en otras entidades federativas
La validación por parte de la SCJN no solo mantiene vigente el impuesto en la CDMX, sino que abre la puerta a que más estados adopten medidas similares. Si cada entidad desarrolla su propia contribución, las plataformas podrían enfrentar un mapa fiscal fragmentado y con cargas diferenciadas según la región.
Para grandes apps, este entorno implicaría elevar esfuerzos administrativos y costos de cumplimiento; para los comercios, el impacto podría reflejarse en comisiones más altas o reconfiguraciones operativas dentro de los esquemas de reparto.
Lo que deben anticipar restaurantes y negocios que dependen de apps de entrega
Ante un escenario regulatorio que podría extenderse, los establecimientos que operan a través de estas plataformas deben observar variables clave:
- Posibles incrementos en comisiones o costos por servicio
- Revisión de márgenes de ganancia y precios finales
- Evaluación de alternativas como modelos híbridos o repartos propios
- Seguimiento a litigios y futuros criterios judiciales sobre el impuesto
- Ajustes en contratos con plataformas para integrar el costo regulatorio
Más allá del porcentaje del impuesto, la atención se concentra en cómo las plataformas absorberán el costo, qué ajustes transferirán a comercios afiliados y cuál será la nueva dinámica económica para quienes operan en el sector de entregas a domicilio.
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Cortesía de El Contribuyente
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