La red de corrupción descubierta en marzo en el puerto industrial de Altamira, en Tamaulipas, rompió la percepción de incorruptibilidad de la Marina, que durante años fue la única institución altamente confiable en México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Al mismo tiempo, está empezando a aportar pistas que tocan al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de manera directa y rebotan en cuando menos dos de sus familiares. La Presidenta Claudia Sheinbaum, que ordenó el desmantelamiento de la red sin saber lo que se iba a encontrar detrás, dijo que no habrá impunidad ni se limitará la investigación. La decisión está tomada; lo que se verá es si libra los probables sabotajes a sus intenciones.
Funcionarios federales dicen que solo en el caso de Altamira hay 20 oficiales presuntamente involucrados en diversas áreas de la estructura de mando, que incluye posiciones en los aeropuertos administrados por la Marina, así como las terminales terrestres y marítimas, que controlaban dos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de la Marina, quienes están en el centro de la red de corrupción. Además, agregan, está bajo sospecha el almirante Alfredo Hernández Suárez, que fue jefe de la Unidad de Inteligencia Naval y al final del sexenio jefe del Estado Mayor de la Armada, y el primer candidato que tenía el equipo de Sheinbaum para que fuera el relevo de Ojeda.
En el momento en que Sheinbaum autorizó la operación para desmantelar la red y asegurar un buque-tanque con diésel que atracó en Altamira con documentación que lo disfrazaba de aceite, con lo cual no pagó impuestos por casi 142 mil millones de pesos, la Presidenta probablemente tampoco sabía cómo se iría desenredando la madeja del huachicol fiscal. El primer muro que se franqueó fue la persecución de los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, y de un puñado de marinos en activo, agentes aduanales y empresarios, que ya están presos.
Uno de los sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que se encargaba de la administración y finanzas de la red criminal, está detenido en el Altiplano. El otro, el contralmirante Fernando Farías Laguna, a quien se le considera el más importante en la red y que se encargaba de los negocios, se encuentra prófugo. El almirante Ojeda, que los dejó hacer lo que quisieron durante los primeros cinco años del sexenio, cambió su proceder el año pasado cuando leyó un informe donde se describían los negocios criminales de los hijos de su cuñada. Presentó una denuncia en el Órgano de Control Interno de la Marina, que nunca investigó, o que si lo hizo concluyó que no había nada qué perseguir. Esta acción, aunque no tuvo consecuencias legales, es la muy fina línea en la que se ha parado el Gobierno de Sheinbaum para defenderlo y exonerarlo.
El informe no solo mencionaba el huachicol fiscal, sino todo el entramado que presuntamente, de acuerdo con el documento, habían construido. Por ejemplo, el control más allá de la Zona Económica Exclusiva de 300 millas náuticas (684 kilómetros) en el Golfo de México para introducir droga proveniente de Sudamérica por Veracruz, en complicidad con “El Motor”, como apodan al líder criminal en la región; y en el lado del Pacífico, donde el negocio era detener o dejar pasar los cargamentos de cocaína procedentes del subcontinente. En Pantaco, la aduana para el manejo logístico de mercancías al norte de la Ciudad de México, controlaban todos los productos, como predominantemente telas, que vendían a la Unión Tepito y a varios empresarios textileros importantes.
El huachicol es uno de los negocios criminales más lucrativos, aunque es donde más tarde llegó el crimen organizado. Durante años, el combate al huachicol reveló corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, federales y locales, pero poco se hablaba, hasta hace poco más de seis años, de grandes organizaciones delincuenciales involucradas. La primera fue el Cártel de Santa Rosa de Lima que apareció en 2014 en Guanajuato, que es una banda de alcance limitado. Los narcotraficantes, explicó un experto, veían el robo de combustible como un negocio del Gobierno.
En el sexenio de López Obrador el combate al huachicol fue más laxo y permisivo, por necesidades concretas del régimen. Funcionarios federales señalan que los trenes Maya y el Interoceánico pudieron construirse en los costos actuales porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años. La descripción de este esquema ha sido documentada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que consideran que durante la administración de López Obrador se construyó una economía criminal alterna.
En esta estructura que operó durante el obradorato, se ha documentado cómo se fortaleció la actitud delincuencial en diferentes niveles, como de manera clara han revelado investigaciones periodísticas los andares de Amílcar Olán, muy cercano a Andrés Andy López Beltrán, el hijo del ex presidente, que se hizo millonario instantáneo en el sexenio pasado y sigue despachando y haciendo negocios -incluidos con Pemex- desde una suite en uno de los hoteles más lujosos de la capital federal. El grupo de amigos de los hijos del Presidente fue capitalizado también por varios miembros del Grupo Tabasco, que encabeza el senador Adán Augusto López y que, de acuerdo con averiguaciones en México y Estados Unidos, algunos están involucrados en el huachicol en Chiapas y Tabasco.
Los sobrinos políticos del almirante Ojeda se movieron y crecieron en este ambiente de condiciones propicias para las actividades criminales, donde prevaleció la impunidad sobre el castigo. Por omisión o comisión hay una responsabilidad del ex secretario de la Marina, pero no sería el único. El hecho de que sus familiares políticos estén en el centro de la investigación sobre huachicol más importante que se haya realizado en el país ha hecho que el fenómeno tenga un escrutinio más detallado y profundo. Pero lo más importante está en las manos de Sheinbaum: barrer la escalera de corrupción y criminalidad de arriba hacia abajo, como decía López Obrador, aunque de hacerlo, el ejercicio, de una forma o de otra, lo tocará a él.
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Cortesía de El Informador
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