El sistema aeroportuario mexicano atraviesa una coyuntura crítica. A pesar de registrar cifras históricas en tráfico aéreo —más de 119 millones de pasajeros y 1.2 millones de toneladas de carga en 2024, según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)—, la gobernanza del sector sigue marcada por decisiones unilaterales, falta de transparencia y tensiones diplomáticas que amenazan la competitividad nacional. La reciente confirmación sobre la restitución de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a aerolíneas estadounidenses, confirmada por United Airlines el 18 de agosto de 2025, reabre el debate sobre la necesidad urgente de una política aeronáutica moderna, técnica y alineada con compromisos internacionales.
La devolución de los slots retirados en 2022 —una medida originalmente justificada por la saturación operativa del AICM— se produce en un contexto de creciente presión por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). En julio de 2025, el DOT anunció que evaluaba suspender nuevas solicitudes de vuelos por parte de aerolíneas mexicanas, revisar el acuerdo bilateral y revocar la inmunidad antimonopolio de la alianza Delta–Aeroméxico. En su comunicado, el DOT acusó al gobierno mexicano de violar compromisos establecidos en tratados internacionales, distorsionar el mercado y generar costos millonarios para empresas estadounidenses, al restringir operaciones y ordenar el traslado forzoso de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La falta de mecanismos públicos, técnicos y auditables para la asignación de slots ha sido señalada desde hace más de una década como un obstáculo estructural para la competencia.
No hay que perder de vista que, si Estados Unidos decidiera terminar con el acuerdo bilateral, el impacto sería profundo: México perdería acceso privilegiado al mercado aéreo más importante del mundo, las empresas privadas enfrentarían mayores costos logísticos y barreras para exportar bienes de alto valor, y los consumidores verían incrementarse tarifas y tiempos de entrega —especialmente en comercio electrónico—, debilitando la competitividad nacional y la confianza de los inversionistas.
De persistir el conflicto, el gobierno mexicano podría enfrentar consultas bilaterales formales bajo el acuerdo aeronáutico y, en caso de no resolverse, un panel arbitral internacional en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o incluso un mecanismo de solución de controversias en el marco del T-MEC. Aunque México podría argumentar razones de seguridad y soberanía para justificar sus decisiones, la ausencia de estudios técnicos y de consultas previas debilita su posición. En un escenario adverso, la pérdida de un panel o arbitraje obligaría al país a restituir slots, compensar a aerolíneas extranjeras o aceptar condiciones más restrictivas, con el riesgo de dañar su credibilidad internacional.
En 2015, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el sistema vigente favorecía la concentración de mercado, elevaba precios y limitaba el acceso de nuevos operadores. Sus recomendaciones para crear un órgano independiente y transparentar el proceso fueron desactivadas por resoluciones judiciales que devolvieron la facultad a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perpetuando un esquema discrecional y sin sanciones efectivas. La historia se repitió con la concentración entre Delta y Aeroméxico. La Cofece autorizó la alianza en 2016, pero la condicionó a la liberación de slots y a la renuncia de designaciones en ciertas rutas transfronterizas para evitar un dominio excesivo. Aunque las aerolíneas aceptaron, los riesgos de concentración se mantuvieron
Por otro lado, la reubicación de operaciones de carga al AIFA, ordenada en febrero de 2023 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tampoco fue acompañada de una planeación integral. Las empresas enfrentaron plazos de 108 días para abandonar el AICM, en medio de preocupaciones por la falta de infraestructura aduanera, conectividad terrestre limitada y costos logísticos elevados. Aunque la medida fue presentada como una solución a la saturación del AICM, en la práctica generó demoras, sobrecostos y una pérdida de competitividad en un momento clave para el país, marcado por el auge del nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro.
En julio de 2023, las autoridades anunciaron una reducción en las operaciones por hora en el AICM, de 52 a 43, con implementación prevista para enero de 2024. Esta decisión, también tomada sin consulta pública ni análisis técnico disponible, se sumó a una serie de medidas que han generado incertidumbre entre operadores nacionales e internacionales. La falta de coordinación entre dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha dificultado la implementación de soluciones integrales, mientras que la ausencia de una visión metropolitana para el sistema aeroportuario del Valle de México ha limitado el aprovechamiento de aeropuertos regionales como Toluca, Puebla o Querétaro.
Por lo que, la restitución de slots a aerolíneas estadounidenses puede interpretarse como una rectificación táctica ante presiones externas, pero también como una ventana estratégica hacia el futuro para corregir déficits estructurales de urgente revisión.
Lo anterior incluye la revisión del desempeño de Mexicana de Aviación. Desde su relanzamiento en diciembre de 2023 como aerolínea estatal, ha enfrentado un desempeño financiero preocupante. En el primer trimestre de 2025, la empresa reportó ingresos por 91.2 millones de pesos, mientras que sus gastos operativos ascendieron a 270 millones, generando un déficit de 180 millones en ese periodo. Las pérdidas acumuladas desde su inicio superan los 1,432 millones de pesos, lo que ha encendido alertas sobre la viabilidad del modelo pues la aerolínea sigue siendo dependiente de subsidios públicos. Como activo de la nación, Mexicana de Aviación representa una apuesta simbólica por la conectividad regional y la soberanía aérea, sin embargo, su sostenibilidad financiera y operativa exige una revisión estratégica urgente.
México necesita transformar su política aeronáutica en un sistema moderno, competitivo y confiable, capaz de responder a las exigencias del comercio internacional, garantizar condiciones equitativas para todos los operadores y proteger los intereses del consumidor. Esta transformación requiere no solo voluntad política, sino también capacidad técnica, institucionalidad robusta y mecanismos de rendición de cuentas.
La creación de un organismo independiente para la gestión de slots, con criterios públicos y alineados a estándares internacionales, por ejemplo, sería una condición indispensable para recuperar la confianza del mercado. Este ente debería contar con autonomía operativa, facultades sancionatorias y capacidad para redistribuir horarios de operación de manera eficiente, evitando la concentración y promoviendo la entrada de nuevos competidores. Asimismo, es urgente invertir en infraestructura integral para el AIFA, que permita convertirlo en una alternativa real al AICM, con servicios aduanales modernos, conectividad terrestre eficiente y plataformas logísticas que respondan a las necesidades del comercio exterior.
Además, la coordinación interinstitucional debe fortalecerse mediante mecanismos formales de planeación, seguimiento y evaluación, que integren a todas las dependencias involucradas en el sistema aeroportuario. La fragmentación actual no solo genera duplicidades y vacíos de responsabilidad, sino que dificulta la implementación de políticas coherentes y sostenibles. En paralelo, es necesario desarrollar una estrategia metropolitana que aproveche el potencial de aeropuertos regionales —como los ubicados en el Bajío o en Puebla— descongestione el AICM y distribuya la demanda de manera más equilibrada.
La atención del DOT y de otros socios comerciales no debe verse como una amenaza, sino como un catalizador para elevar los estándares de transparencia, competencia y planeación. Si el Estado mexicano logra profesionalizar su gobernanza aeronáutica, no solo evitará sanciones bajo el T-MEC, sino que consolidará su posición como un nodo logístico estratégico en la economía global. Lo que está en juego es la capacidad del país para construir un sistema aeroportuario moderno, eficiente y alineado con las mejores prácticas internacionales.
*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana
Cortesía de El Economista
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