El sector de comercio, servicios y turismo pidió a las autoridades mexicanas ser excluidos en su totalidad de la reducción de la jornada laboral que busca implementar el gobierno federal de 48 a 40 horas hasta el 2030.
Eduardo Ulises Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Conacope) de Querétaro, consideró que la reducción de horas de trabajo no debe aplicar para todos los sectores debido a la naturaleza de cada área.
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“Nosotros consideramos que el sector terciario debe ser excluido de la reducción obligatoria de la jornada laboral ya sea de manera inmediata o gradual”, aseveró durante su participación en el Quinto foro para la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Sostuvo que buscan el bienestar del trabajador para que descanse dos días a la semana; sin embargo, resaltó que la economía que se tiene en la actualidad no permite que se generen las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo.
“La reducción de la jornada laboral, incluso bajo esquemas de gradualidad, no es aplicable, ni tampoco es viable para el sector terciario mexicano que opera bajo condiciones estructurales laborales y productivas distintas al resto de la economía”, aseguró.
Chávez Hidalgo señaló que una reforma laboral de esa magnitud sin realismo operativo, ni diálogo territorial, puede generar más informalidad e incertidumbre y menor productividad para la mayoría de los negocios.
“En México no podemos proponer una reducción de la jornada laboral sin un diagnóstico técnico, sin una ruta de implementación, ni diferenciación entre ramas productivas, incluso en grandes empresas el sector terciario enfrenta altos costos operativos”, destacó el empresario.
Estas propuestas se presentaron en el Quinto foro
Si bien el sector terciario solicitó ser excluidos de la reducción de la jornada laboral, Chávez Hidalgo argumentó algunas propuestas para una implementación adecuada de la reforma.
En primer lugar, dijo que es necesario impulsar una estrategia para lograr una simplificación administrativa a través de mecanismos digitales; el segundo punto, es implementar incentivos fiscales y financieros que tengan como objetivo compensar el incremento de los costos que tendrán las empresas.
En ese sentido como tercer planteamiento señaló la necesidad de aplicar programas de apoyos financieros preferenciales con financiamiento accesible y recurrente para que las mipymes inviertan en herramientas tecnológicas; la cuarta propuesta, es generar programas de fortalecimiento del comercio local mediante campañas de impulso al consumo; y en quinto punto, el monitoreo y evaluación mediante un observatorio de transición laboral.
Por otro lado, Francisco Martínez Domene, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), señaló que se debe apostar por análisis claros y por sector para que no se pierda competitividad.
Propuso como la implementación sea gradual y sectorialmente diferenciada mediante plazos escalonados, estableciendo un calendario de revisión progresiva que permitan a las empresas adaptarse paulatinamente.
También reconocer las particularidades de cada industria permitiendo modelos flexibles como jornadas inaugurales, semanales e incluso mensuales para ajustarse a la demanda y evitar interrupciones operativas. Siempre llegando a 40 horas.
Añadió que se debe fortalecer el diálogo social tripartito, mediante mesas de negociación permanentes durante todo el periodo de implementación de la reforma; otro punto fue el uso de incentivos fiscales y apoyos financieros para las compañías.
Uno más de los planteamientos fue el enfoque en productividad mediante resultados medibles de las empresas como la no permanencia física en los centros de trabajo; además la flexibilidad laboral con protección social; y el monitoreo de evaluación y ajustes continuos para medir el impacto de la reducción.
En tanto, Juan Carlos Alarcón, vicepresidente de recursos humanos para Walmart de México y Centroamérica propuso una implementación gradual y diferenciada; así como incentivos y apoyos a la productividad.
Agregó que se necesita una deducibilidad en conceptos de previsión social y estímulos en inversión tecnológica y automatización; otro de los planteamientos fue la flexibilidad laboral para revisar la homologación de jornadas.
Además, el reconocimiento de jornadas parciales dentro del marco legal; por otro lado, se necesita acompañar la reforma con mecanismos de simplificación administrativa y regulatoria para quienes implementen modelos de jornada parcial; flexibilidad de jornadas por centros de trabajo; y programas de capacitación.
El sector sindical a través de Abel Domínguez Azuz, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), puso en la mesa la necesidad de hablar de sectores desprotegidos como el caso de las madres trabajadoras, madres solteras, personas con discapacidad y sobre todo poner énfasis en los jóvenes.
“Es muy difícil ver que los empresarios, los representantes de los trabajadores están unidos, y hay criterios totalmente comunes, pero seguimos hablando de postergar, por giro, región, rubro, y debemos tocar temas como la claridad de lo que estamos viviendo y pensamos en madres solteras, trabajadoras, padres solteros, jóvenes con primer empleo y las circunstancias geopolíticas sociales que vive cada región”, argumentó.
Cortesía de El Economista
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