El sector obrero, integrado por 24 organizaciones sindicales, entregó este día a la presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) su propuesta formal de incremento para 2026, en la que además demandan la eliminación definitiva del Monto Independiente de Recuperación (MIR), al considerar que mantenerlo representa “riesgos serios” para la estructura salarial del país y para la negociación colectiva.
En entrevista con El Economista, José Luis Carazo, representante del sector obrero ante la Conasami, explicó que la petición se sustenta en los efectos que ha tenido el uso prolongado del MIR desde 2016. “Estamos solicitando ya la eliminación del MIR porque fue una herramienta que debió haberse utilizado solo durante los primeros años para la recuperación del salario mínimo, sin afectar las revisiones contractuales”, afirmó.
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Carazo detalló que, mientras el salario mínimo ha tenido un crecimiento real acumulado de 146%, los salarios contractuales sólo han recuperado 14% en el mismo periodo. Esta disparidad ha provocado una fuerte compactación salarial: “Hoy, casi el 49% de los trabajadores formales gana entre 1 y 1.4 salarios mínimos; si seguimos así, todos terminaremos ganando lo mismo, independientemente de capacidad, calificación o antigüedad”, advirtió.
El representante sindical insistió en que este fenómeno contraviene recomendaciones de la OIT, pues elimina diferencias entre perfiles laborales y diluye los incentivos productivos. Para 2026, dijo, la compactación superaría la mitad de la plantilla formal si no se corrige la política salarial.
Además, el sector obrero planteó un incremento de 30.6% al salario mínimo, cifra que busca cerrar el rezago histórico respecto al mayor poder adquisitivo registrado, que data de 1976. “Tenemos todavía un rezago del 30.6% en términos reales, pese al dinamismo reciente del salario mínimo”, apuntó Carazo.
El pliego obrero también incluye la actualización de las tablas de subsidio al empleo, al señalar que la falta de ajustes ha elevado la carga tributaria para los trabajadores desde 2024. “Los impuestos están elevadísimos; lo advertimos desde febrero de 2024 y no hemos tenido respuesta”, señaló.
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Frente a los argumentos empresariales que advierten riesgos para la competitividad por mayores incrementos salariales, Carazo sostuvo que estos temores son infundados. “La pérdida de competitividad no proviene del salario, sino de problemas como telecomunicaciones deficientes, altos costos financieros, inseguridad y excesiva tramitología”, dijo.
La Conasami analizará la propuesta y se prevé que convoque al sector para dialogar en la próxima sesión de Salarios Mínimos, prevista para el 27 de noviembre.
Cortesía de El Economista
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