Es normal que un gobierno publique “programas” con la finalidad de dar coherencia y formalidad institucional y discursiva a sus acciones, o, para justificar burocracias y apuntalar su propia autoestima, o, para apelar a la atención de los medios de comunicación con fines de trascendencia política. El llamado “Programa de Restauración Ambiental” presentado la semana anterior por la Semarnat cumple con las dos últimas condiciones. Esta conclusión es obvia dada la imposibilidad práctica de emprender la “restauración ambiental” de México que promete el Programa, y, que, para ser creíble, requeriría de presupuestos astronómicos, instituciones, y capacidades gerenciales, técnicas y ejecutivas colosales que, obviamente, no corresponden a la realidad actual de la administración pública federal, y mucho menos de la Semarnat. (Que languidece en la inopia y, por ejemplo, tiene abandonadas las Áreas Naturales Protegidas). Llama la atención una ambición totalizadora de echar en un mismo saco una verdadera extravaganza de cuestiones tan disímbolas como manglares y costas, que son propiedad pública; bosques, que son propiedad privada de ejidos y comunidades; restauración de cuencas, que significa una compleja ingeniería e infraestructura hidráulica; costosos y complicados procesos de descontaminación de suelos (excavación, lixiviación, bio-remediación, vitrificación, oxidación química, etcétera); reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero; restauración de espacios públicos urbanos que son competencia de gobiernos municipales; y de islas y zonas marinas federales sobrexplotadas por pesca industrial y artesanal. Ningún sujeto institucional en su sano juicio pretendería abarcar toda esta torre de babel sectorial. No puede tomarse en serio. Menos aún, porque estos propósitos grandilocuentes carecen de la participación y compromiso de SHCP, Sader, Conagua, CONAFOR, Sedatu, Sener, Pemex, CFE, Secretaría de Marina, INAPESCA, y de gobiernos estatales. El “Programa” es sólo una declaración aspiracional, sin ningún atributo programático real, y desbordado de entusiasmo. El “Programa” se compromete a arrancar la restauración de 50 sitios (¡!) con una superficie de ¡un millón y medio de hectáreas! sólo para 2025, que incluyen cuencas prioritarias como las del Lerma, Atoyac y Tula. Para el 2030 promete restaurar 330 mil hectáreas de manglares, otros sistemas costeros y marinos, y numerosas islas. Todo, mientras se acaba con la deforestación, se restauran 100 mil hectáreas forestales, y 1,500 hectáreas de parques urbanos; se remedian sitios contaminados con substancias y residuos peligrosos; y, se crean y operan diez “Áreas de Prosperidad Marina” (no sabemos qué significa esto).
El “Programa” también se plantea reducir en 35% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de nuestro país (se desconoce cómo). La superficie total que se ofrece restaurar para el 2030 equivale aproximadamente a la mitad del territorio nacional, y para el 2050, casi todo. Semarnat va a emprender, de acuerdo al “Programa”, grandes proyectos de regeneración natural de ecosistemas, restauración ecológica, rehabilitación de cuencas, saneamiento, restauración productiva, reforestación, y refaunación. Es curioso que el “Programa” se proclame “humanista”, y asegure que va a respetar los derechos de indígenas y afromexicanos (no sabemos por qué no, también, de mestizos, criollos, sino-mexicanos, libaneses y judíos), en un meloso contexto de desarrollo ““fraterno” y de “bienestar del pueblo”. Restaurar, en serio, requiere un Documento de Desarrollo del Proyecto (PDD) que incluya diagnóstico técnico del estado actual y procesos y agentes de deterioro, y de condiciones institucionales y sociales, y de propiedad de la tierra, así como una línea base y de escenarios alternativos. También, de objetivos de restauración y de instrumentos jurídicos, presupuestarios y tecnológicos para lograrlo, así como de un cronograma o ruta crítica, y un mecanismo de monitoreo, evaluación y seguimiento. En proyectos de restauración de ecosistemas deben equilibrarse objetivos de biodiversidad y de captura de carbono. Cada proyecto debe cumplir con condiciones de adicionalidad (que la restauración no hubiera ocurrido en ausencia del proyecto) y debe evitar fugas (que las actividades destructivas se trasladen a otro sitio). Es preciso estimar los costos de la tierra, costos de oportunidad, y mano de obra, equipos e infraestructuras. Todo esto está ostensiblemente ausente del “Programa”.
Tengamos en cuenta que la restauración, por ejemplo, de una hectárea de bosque o selva, puede tener un costo de entre 2,390 y 3,450 USD (The Economics of Ecosystems and Biodiversity—an Interim Report. Brussels: European Commission). Y restaurar una sola hectárea de suelos contaminados puede costar decenas de miles de USD. Estas son sólo referencias de orden de magnitud. Claramente, el “Programa de Restauración Ambiental” implicaría una inversión de muchos miles de millones de USD, sin considerar infraestructura hidráulica, ni reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Todo ello está fuera del radar de sus autores y de las capacidades de Semarnat. La única posibilidad de dar cierta seriedad al “Programa” (si la Semarnat tuviera las capacidades humanas, analíticas y ejecutivas necesarias), sería que tomara en sus manos el funesto programa de subsidios clientelares “Sembrando Vida” (que cuesta al erario 1,900 millones de USD anuales) y lo transformara en un verdadero Programa Nacional de Restauración Ambiental. Pero eso, no va a ocurrir.
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Cortesía de El Economista
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