En menos de 24 horas, con 76 votos a favor de Morena y sus aliados, y 39 contra de la oposición (PAN, PRI y MC), el Pleno del Senado avaló en lo general la reforma a la Ley de Amparo, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con esta reforma el gobierno federal busca que el amparo sea un instrumento esencial de protección, pero se establecen límites para evitar que juzgadores admitan amparos en casos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.
Y es que el oficialísimo argumentó que en los últimos ocho años se presentaron más de 3 mil 600 amparos contra bloqueos de cuentas que había impuesto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Eso con el fin de liberar más de 32 mil millones de pesos, dinero ligado, en muchos casos, al lavado de dinero o actividades financieras ilegales.
También se fijan tiempos (90 días) para notificaciones y resoluciones que antes quedaban indeterminados, por lo que se prevén sanciones para prácticas dilatorias y se ajustan artículos que generaban retrasos innecesarios.
Además de la reforma constitucional, se reforman normas del Código Fiscal y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impedir que recursos o juicios se utilicen con fines dilatorios en el cobro de créditos firmes. El gobierno busca proteger la hacienda pública sin desconocer el derecho de los contribuyentes a un recurso efectivo.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Insunza Cázares (Morena) la reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitución busca impedir que la suspensión sea utilizada para mantener prácticas ilícitas o privilegios indebidos.
PAN, PRI y MC votaron en contra con duras críticas a la reforma, al afirmar que es un venganza política, es regresiva y solo beneficia al gobierno en turno.
Al respecto, la vicecoordinadora del PAN, Guadalupe Murguía criticó que la reforma tiene el sello de la casa: con prisas, ajustes sobre las rodillas, improvisaciones, cambios repentinos y otras prácticas que aplican Morena y sus aliados.
Sostuvo que es una reforma que blinda a las autoridades y reduce contrapesos ciudadanos. Es decir solo cubrirá al gobierno de la 4T.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda sostuvo que el balance de las audiencias públicas es que condenan esta reforma por ser regresiva, desnaturaliza el amparo y forma parte de un proceso de aniquilación de los mecanismos de defensa de las personas, los colectivos y los derechos humanos.
Incluso calificó a esta reforma como la “Ley del Desamparo”, además de afirmar que las motivaciones aprobadas en las comisiones no son suficientes.
La senadora priista Carolina Viggiano argumentó su voto en contra al decir que esta reforma restringe la suspensión y la ejecución de la sentencia, y “dejan al pueblo desamparado”.
Acusó que Morena presionó para que se regrese el transitorio que había sido eliminado en comisiones, con la finalidad de que esta ley sea retroactiva y aplique para todos los juicios, incluso los que se presentaron antes de la aprobación de la reforma.
Morena, PT y PVEM votaron a favor. La senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre destacó que con la reforma el juicio de amparo evoluciona y mejora a favor de los ciudadanos.
Al respecto, Luis Alfonso Silva, senador por el PVEM, defendió la reforma al afirmar que garantiza los derechos del pueblo y a aquellos que no han tenido a la justicia.
“Esta no es una reforma regresiva ni para el desamparo, sino que busca que un mecanismo como es el amparo no se ponga solo al servicio de los poderosos o que tienen grandes intereses fiscales”, enfatizó.
CS
Cortesía de El Heraldo de México
Dejanos un comentario: