El Senado de la República aprobó por unanimidad este miércoles 19 de noviembre la ratificación del Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector minero.
La industria minera emplea a más de 416,000 personas, destacó en tribuna la senadora Lorena Ivette Valles Sampedro, presidenta de la Comisión de Minería, y aseguró, aunque la muestra no es tan grande, alinear la legislación con el estándar internacional es necesario para garantizar “el bienestar de los trabajadores mineros y sus comunidades”.
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Según información de la OIT, el trabajo en minería está clasificado como una actividad de alto riesgo, si bien, solo 1% de los trabajadores se dedica a esa actividad, el desempeño de estos servicios concentra hasta al 8% de los accidentes mortales por motivos laborales a nivel mundial debido a condiciones y espacios de trabajo “precarios”.
Así, la ratificación de este instrumento busca armonizar la legislación laboral mexicana con la normativa internacional adoptada hace ya 30 años en Ginebra, Suiza, de forma que se estandaricen los derechos de las personas trabajadoras en las minas, quienes, según el organismo internacional, enfrentan peligros y riesgos inherentes al desempeño de sus actividades.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) y normas oficiales como la NOM-023 ya regulan la minería. Si bien, históricamente el foco ha estado en la extracción de carbón, el Convenio 176 amplía el espectro y contempla también emplazamientos subterráneos o de superficie donde se manejen minerales (excepto gas y petróleo), así como la maquinaria, equipos, instalaciones y obras de ingeniería civil utilizadas en el proceso.
Durante su intervención, el senador Marco Cortés Mendoza, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, compartió que “la ratificación no contradice la legislación actual, más bien, viene a complementarla”, ya que la normativa ya atiende la mayoría de lo que el Convenio exige, pero aún “hay temas que adecuar”, además, dijo que esta también es una oportunidad para saldar una deuda histórica con los trabajadores del sector minero.
¿Qué sigue tras la ratificación del Convenio 176 en México?
México ha mostrado interés en mejorar las condiciones laborales del sector minero. En julio de 2024, el entonces titular del Ejecutivo Federal envió al Senado la solicitud para la ratificación del Convenio 176, pero no fue sino hasta el pasado 05 de noviembre, cuando Comisiones Unidas de la Cámara Alta dictaminaron el asunto.
Con la aprobación en el Pleno, el país deberá registrar la ratificación ante la Dirección General de la OIT, y su aplicación entrará en vigor 12 meses después de dicho depósito, periodo en el cual se tendrán que realizar diversos ajustes legislativos.
Según expone el propio Convenio, el Estado miembro deberá “formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional” alineada coherentemente con las disposiciones de la normativa internacional.
En esa línea, la LFT deberá acompañarse de medidas que garanticen la aplicación del mecanismo a través de normas técnicas, directrices y repertorios de recomendaciones prácticas. Por su parte, las empresas mineras deberán ajustar sus contratos y protocolos de seguridad con políticas más estrictas acorde a los nuevos requerimientos.
El senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, añadió que la ratificación del Convenio también se complementa con la Recomendación 183 sobre seguridad y salud en las minas de la OIT, que se dirigen hacia la minería del siglo XXI; “ofrecen una hoja de ruta para fortalecer nuestras normas en temas de automatización, teleoperación, monitoreo digital y nuevas tecnologías de prevención”.
Obligaciones y derechos a trabajadores, autoridad y patrones
Murat puntualizó en que 36 países ya han ratificado el Convenio 176, y según datos de la OIT, esto ha reducido significativamente los accidentes mortales y ha impulsado el aumento en la eficiencia operativa de las minas, a través de tres focos: la protección efectiva de la seguridad y salud, la participación activa de los trabajadores y la regulación y supervisión constante.
En ese sentido, el Convenio establece como responsabilidad patronal la eliminación de riesgos, controlarlos en su fuente, reducirlos al mínimo a través de métodos de trabajo seguros y prever la utilización de equipos de protección personal en tanto perdure la situación de riesgo, en ese orden de prioridad.
En sintonía con este empoderamiento, las personas trabajadoras en minas tendrán derecho a participar en el diseño e implementación de las medidas de seguridad, a reportar peligros, solicitar inspecciones e incluso a interrumpir su actividad y retirarse en caso de riesgo inminente.
También tendrán derecho a notificar y recibir alertas sobre accidentes o incidentes, obtener información transparente sobre su salud y recurrir a consejeros o expertos independientes que evalúen riesgos.
Para garantizar el cumplimiento, el gobierno deberá facultar a una autoridad revisora que, a través de inspectores, vigilará que las medidas de seguridad y salud se cumplan, y en caso contrario, dicha autoridad tendrá la facultad de suspender o restringir la operación hasta que el riesgo o peligro se elimine.
Cortesía de El Economista
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