La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha salido en defensa del proyecto de Ley General de Aguas que ha elaborado su Administración a fin de reordenar las concesiones otorgadas a particulares en el pasado, un punto al que se oponen desde organizaciones agrícolas hasta el gran capital. Este lunes, asociaciones de productores y de transportistas bloquearon hasta por diez horas unas 40 carreteras federales en 22 Estados en protesta por un cúmulo de demandas que pasan por mejoras en la seguridad de las vialidades, subidas de precios de los productos del campo y cambios a la iniciativa presidencial sobre el agua. La presidenta ha blindado este martes el corazón de su reforma, pero ha abierto la puerta a que, antes de su aprobación en el Congreso, se le hagan cambios en foros públicos de discusión, no sin antes referir a supuestas motivaciones políticas que mueven a los manifestantes. “Hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan”, ha afirmado en conferencia en Palacio Nacional.
Las protestas de esta semana han metido una zancadilla al discurso oficialista de que en el país hay paz política, en referencia a la ausencia de conflictos con las organizaciones gremiales o civiles que en otros sexenios tenían una confrontación directa con el Gobierno. Los transportistas han denunciado ser víctimas de delitos como robo y extorsión en las carreteras que vigila la Guardia Nacional, mientras que los campesinos han exigido garantías de precios para sus cosechas. En lo referente a la Ley de Aguas, estos últimos han señalado que el retiro de las concesiones de aprovechamiento que se les habían otorgado hace años hará que pierdan valor sus tierras como venderlas o heredarlas.
Sheinbaum ha explicado que la esencia de su iniciativa es “que no se esté mercantilizando el agua por privados”. La presidenta ha explicado que la nueva ley otorga un total apoyo presupuestal a los productores agrícolas para tecnificar sus distritos de riego a fin de que utilicen menos agua —según la mandataria, casi el 80% del agua del país se destina a ese fin—. A cambio de ese apoyo, que corre a cuenta del erario, ha añadido, los concesionarios deben regresar al Estado el derecho sobre el resto del agua que dejarían de utilizar. Sheinbaum ha señalado, como ejemplo de los privilegios a los que ha hecho referencia, que algunos concesionarios venden a los municipios el agua que luego se distribuye a la población. Esos concesionarios, a su vez, no pagan derecho de agua, por tener el permiso de uso para distrito de riego.
La mandataria ha cuestionado los cierres de carreteras a pesar de que se abrieron mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación y en la Cámara de Diputados, donde se tramita el proyecto de ley. “Entonces, ¿qué necesidad de cerrar las carreteras para que no se apruebe la Ley de Aguas, si hay mesas de trabajo para manifestar en lo que están en contra? No se entiende”, ha señalado. “Y segundo, si se trata de defender privilegios para que acapares agua, pues ahí sí ya no. Porque para eso estamos transformando al país, para que haya agua para todos. Entonces no hay razón para cerrar las carreteras”, ha insistido.
Cortesía de El País
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