A fines de julio, el Kremlin acusó a Ucrania de reclutar a sicarios de cárteles latinoamericanos del narcotráfico para combatir en la guerra que actualmente se desarrolla contra Rusia.
Según una denuncia efectuada en estas últimas semanas, organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa estarían enviando mercenarios al frente, en un intento del gobierno de Kiev por reforzar sus ejércitos ante la deserción masiva de soldados, quienes evitan combatir en una guerra sin final aparente, y que ha causado un amplio número de bajas en las filas ucranianas.
También acuden a la guerra miembros del Cártel de los Zetas, algunos de ellos pertenecientes en sus inicios al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y que podrían haber recibido entrenamiento militar en los Estados Unidos.
De igual modo, se señala en Ucrania la presencia de guerrilleros de origen colombiano, presuntamente exmiembros de las FARC, y con participación directa en las redes internacionales del narcotráfico.
El interés para los sicarios latinoamericanos consiste en aprender a operar drones FPV (First Person View) con aquellos que muchos consideran como los mejores profesionales en este tipo de dispositivo, promocionando así su utilización por los cárteles, todavía en las primeras etapas en el uso de este armamento.
De ahí que, en la actualidad, uno de los principales focos de atención esté colocado en las unidades hispanohablantes de la Legión Internacional, que opera bajo la agencia de inteligencia militar ucraniana, pero principalmente, en el grupo táctico “Ethos”, activo en las regiones de Donetsk y Járkov, y en la que los combatientes latinoamericanos se especializan, entre otras tareas, en el manejo de drones FPV en contextos de combate abierto.
Durante años, los ejércitos ucranianos se han especializado en la fabricación artesanal de pequeños vehículos no tripulados, a partir de la experiencia obtenida en la calibración para garantizar vuelos estables, la generación de camuflaje térmico, y el abordaje de distintas técnicas para neutralizar señales de comunicación de drones enemigos y en vuelos a baja altitud.
Los drones FPV, rápidos, de gran maniobrabilidad gracias a su operatividad por video, y relativamente baratos (se consiguen por 400 dólares) son ahora omnipresentes en Ucrania, donde se utilizan contra vehículos, pequeñas estructuras y contra civiles y personal militar ruso. De hecho, su utilización ya ha sido adoptada por el crimen organizado en América Latina para operaciones básicas de vigilancia y de ataque.
La denuncia del gobierno ruso también se dirige hacia dos agencias encargadas de reclutar y facilitar la llegada de los mercenarios a territorio ucraniano.
El Grupo Roka Seguridad y Protección Miranda Maya, ambos radicados en México, realizarían contrataciones ficticias e irregulares para permitir que ingresen a las filas ucranianas personas con antecedentes penales en su país. Ambas empresas fueron ligadas, además, con el contrabando de armas y de personas por el cruce fronterizo Medyka-Shehyni, entre Polonia y Ucrania.
Mientras que en Colombia fue denunciada la compañía se seguridad privada Segurcol, con sede en Cali y Medellín, la que se habría ocupado de reclutar a mercenarios para combatir a favor de clientes extranjeros.
Se cree que ambas empresas tienen vínculos con redes de narcotráfico, que supuestamente utilizan su infraestructura para financiar viajes, emitir documentos falsificados y obtener visas humanitarias.
Debido a las graves implicaciones internacionales de la denuncia formulada por el Kremlin, el gobierno ucraniano debió iniciar una investigación de oficio.
A cargo de las indagaciones se encuentra la Unidad Técnica del Servicio de Seguridad, adscrita a la Dirección General de Contrainteligencia, responsable de proteger los intereses estratégicos del Estado en áreas sensibles como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la protección de infraestructuras críticas y el control de la exportación de conocimientos militares. Hasta el momento, no se rechazó oficialmente ninguna de las revelaciones elevadas desde Moscú.
Más allá de la novedad del asunto y del tenor y las características de la denuncia, no es la primera vez que se dan a conocer operaciones de estas características.
A principios de abril de 2024 el gobierno ruso acusó a compañías militares privadas de reclutar a presidiarios de México y Colombia alojados en cárceles estadunidenses para enviarlos a combatir en la guerra de Ucrania. Según se señaló en aquel momento, compañías militares privadas de Estados Unidos, bajo la dirección de la Administración Federal de Control de Drogas y del FBI, estaban reclutando a presidiarios pertenecientes a organizaciones criminales mexicanas y colombianas con la promesa de una amnistía total y con la esperanza de que jamás retornen.
La actual ofensiva contra Rusia, direccionada por la OTAN en suelo ucraniano, amenaza con desenvolverse en una nueva fase a partir de una creciente descentralización y del involucramiento de redes y actores directamente vinculados con el crimen transnacional. Ya no consiste solamente en un aspecto crítico del tráfico de armas, sino que la guerra en Ucrania se está exportando a América Latina por la vía del narcotráfico y, subsecuentemente, de la trata de personas.
Además, y bajo la expresión de que Ucrania es en la actualidad un “semillero mundial de entrenamiento táctico en la guerra de los drones”, se sabe de combatientes que acuden al frente para interiorizarse sobre las más avanzadas técnicas en el manejo de vehículos no tripulados para luego vender ese conocimiento al mejor postor, como se sospecha que ha ocurrido en medio del conflicto mortal entre distintas facciones del cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
No sin ironía, desde el gobierno ruso se ha advertido a la Casa Blanca que, si realmente quiere encabezar una cruzada destructiva en contra de las organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, debería preocuparse no por atacar a los gobiernos latinoamericanos sino por avanzar en Ucrania, dada la presencia y el tipo de capacitación que varios de los mercenarios del narcotráfico están recibiendo en medio de la guerra contra Rusia.
Una embestida que, según dicha sugerencia, debería extenderse hasta el Palacio Mariyinski, sede de la administración presidencial en Kiev.
Cortesía de Página 12
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