
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) ya tiene listo el aviso para autorizar de manera temporal, por un periodo de hasta 180 días naturales, que los vehículos permisionados del servicio de autotransporte federal en sus diversas modalidades, sus servicios auxiliares y transporte privado, que circulan en los caminos y puentes Federales, puedan portar como medio de identificación vehicular una “plantilla” impresa en sustitución de la placa metálica asignada.
Ante la falta de placas, destacada por gremios de transportistas en las últimas semanas, se pretende que la medida entre en vigor al día siguiente de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El objetivo del gobierno federal es que los vehículos automotores nacionales que circulan dentro de México se encuentren debidamente identificados, se compruebe la posesión legal de los mismos y se garantice la prestación continua del servicio de autotransporte federal.
“Es una medida adecuada, toda vez que permite la continuidad de la circulación de las unidades que requieren ser emplacadas y es una medida administrativa temporal, por lo que previo a la circulación baja estas condiciones, el permiso deberá portarse en un lugar visible y legible, contener el número de identificación vehicular asignado. Esperamos que después de este tiempo se normalice la entrega de placas”, comentó a El Economista el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Leonardo Gómez.
De acuerdo con la SICT, el permiso constituye exclusivamente una medida administrativa temporal para efectos de identificación vehicular, en tanto se efectúa la entrega de las placas metálicas correspondientes, por tanto, los permisionarios conservarán, en todo momento, las obligaciones y responsabilidades establecidas en la normatividad vigente.
En el segundo transitorio de la propuesta de aviso difundido la noche de este jueves se precisa que “la falsificación, alteración o cualquier uso indebido del permiso será materia de responsabilidad ante las autoridades competentes, en términos de la legislación aplicable”.
Cortesía de El Economista
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