El centro de detención migratorio conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en Florida ha sido calificado por defensores de derechos humanos, personal médico y medios estadounidenses como un campo de concentración, un gulag o un agujero negro en ciernes. Para el cónsul de México en Miami, sin embargo, los temores de los connacionales son infundados, resultado de la “mala fama” de este lugar, donde “el trato es cada vez mejor”. Ante semejantes declaraciones, no queda sino preguntarse qué clase de representante ha enviado el gobierno mexicano al Estados Unidos de Trump y, más allá del personaje, qué permite normalizar el horror como situación “tolerable”.
El Alcatraz de los Caimanes es, como se sabe, un centro de detención construido a toda prisa en una zona pantanosa e insalubre, donde abundan los moscos, las inundaciones y el calor en verano no da tregua. Está situado en una región amenazada por los huracanes. Más que una cárcel es un campo de concentración por la pésima condición de sus instalaciones y los tratos inhumanos que padecen las personas migrantes ahí encerradas. Consiste en jaulas metálicas y tiendas de campaña con un total de 3000 camas. Las luces están encendidas noche y día de modo que los presos pierden la noción del tiempo. No hay suficientes instalaciones sanitarias ni agua: los excusados se tapan y los detenidos sólo se bañan una vez por semana. La comida es insuficiente e infecta, a menudo agusanada o echada a perder.
Este mal trato se añade a la arbitrariedad de las detenciones. Aunque el gobierno estadounidense justificó los arrestos masivos de migrantes como un medio de deshacerse de “los peores criminales”, según una investigación del Miami Herald, un tercio de los detenidos en Alcatraz carecen de antecedentes criminales y las faltas de los demás son menores, como infracciones de tránsito o falta de documentos migratorios; aunque hay también algún intento de homicidio. Además de convertir a los detenidos en “muertos vivos”, cuyo acceso a un representante legal es nulo o limitado, como ha documentado la ACLU, defensora de derechos civiles, al inicio son también desaparecidos ya que pueden pasar días sin que su familia sepa dónde están y pueden ser enviados a una cárcel en otro estado o ser deportados sin que nadie se entere.
Un ejemplo de detención arbitraria es el caso de un hombre arrestado cuando pescaba con su familia en Florida: tenía licencia para pescar pero no tenía licencia de conducir –por falta de documentos migratorios–. Llevaba veinte años viviendo en E.U. Su esposa, también indocumentada, sólo supo tres días después que estaba en Alcatraz; luego fue trasladado a otra parte. Cuando, supone, sea deportado a El Salvador, ella y su hija se reunirán con él (NPR).
La tortura física y psicológica y la destrucción de vidas productivas que representan estas prácticas son violaciones de derechos humanos, no simple aplicación de la ley. Atentan contra la dignidad de las personas y su derecho a un juicio justo.
El Alcatraz de los Caimanes es, hasta ahora, junto con Guantánamo, paradigma de la crueldad normalizada en aras de una ideología racista y del lucro privado. Ha sido denunciado constantemente en medios de EU. Si, como dice Rutilio Escandón, ha visitado cuatro veces a mexicanos detenidos ahí, debe haber visto lo mismo que abogados y periodistas. ¿Cómo puede declarar que “solamente hicieron mala fama de este centro de retención” y los connacionales “están a buen resguardo”? ¿Por qué se hace eco de voceras trumpistas que acusan a los medios de “inventar”? ¿Creerá que, como lo hizo en Chiapas en 2024, negar la violencia basta para rehuir sus obligaciones? ¿O es sólo otro ejemplo de la normalización de la crueldad que caracteriza al gobierno de Trump y que el gobierno mexicano también ejerce cuando minimiza las desapariciones o desdeña los sufrimientos de las comunidades migrantes y les manda a funcionarios incapaces de defenderlas?
Cortesía de El Economista
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