El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se aproxima a cerrar el año 2024 con una crisis política y social en el estado que gobierna. A más de una semana de la eliminación de 1.344 plazas de trabajo en el estado estatal, las protestas continúan en la capital, lo que profundiza las históricas diferencias del mandatario con el PT, uno de los aliados de la 4T en el sur del país.
La semana pasada, Salomón Jara publicó un decreto para eliminar 1.344 plazas que habrían sido entregadas en el período que gobernó el expriista y ahora senador por el partido guinda, Alejandro Murat. El mismo fue aprobado sin mayores problemas por el Congreso local, donde Morena cuenta con una mayoría cómoda para avanzar con las iniciativas del Poder Ejecutivo. Ante esto, diferentes sindicatos de base y movimientos sociales iniciaron una serie de protestas que todavía continúan.
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“Se entregaron plazas de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica”, aseguró Jara para justificar la medida que desató una nueva ola de protestas en un estado caracterizado por las demandas callejeras y sociales de su población. Según el gobierno, la medida fue tomada para clarificar las finanzas al sostener que algunos de estos puestos pertenecerían a personas que se encuentran en Estados Unidos, en otros estados de la República o que nunca se han presentado a trabajar.
Durante los últimos días, el gobernador abrió un canal de diálogo para reinstalar algunos puestos de trabajo de manera puntual en aquellos casos que serán evaluados por su administración. Sin embargo, la tensión social se trasladó a la política ya que el PT -históricamente opositor al gobierno de Salomón Jara- respaldó las protestas y apuntó con fuerza contra el mandatario, lo que abrió un nuevo capítulo en la larga historia de relaciones tormentosas que existen al interior de la 4T oaxaqueña.
La diputada federal oaxaqueña por el PT Margarita García García brindó una conferencia de prensa en nombre de su partido en la cual calificó como “reprobable, vil e imprudente” la decisión del gobernador. Además, no descartó que el cierre de estas plazas esté vinculado a las elecciones del sindicato local que nuclea a la masa laboral del Poder Ejecutivo luego de que ganara los comicios una lista contraria a la impulsada por el gobernador.
En medio de estas disputas, la legisladora llamó al consejero jurídico del estado, Geovany Vásquez Sagrero, “el nuevo Chuky” luego de compararlo con Jorge Franco Vargas, el secretario general de gobierno del gobernador Ulises Ruíz Ortiz, quien comandó la salvaje represión del año 2006 en contra de los sindicatos magisteriales, movimientos sociales y políticos del estado en contra de sus planes de gobierno.
Como respuesta, el gobernador detalló que algunas de estas plazas de trabajo pertenecerían a figuras del PT. “Hay una señora aliada que estaba muy molesta, muy enojada”, manifestó y agregó que otros casos estarían vinculados a la diputada petista local Biaani Palomec y a Laura Jaqueline Ramírez Espinosa, quien trabaja en el Congreso estatal y, al mismo tiempo, en el Poder Ejecutivo. En este contexto, Jara adelantó que el dinero ahorrado será destinado a las pensiones y a la Policía local.
Cortesía de La Política Online
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