Mientras el país centra su atención en negociaciones de paz y reformas estructurales, el drama silencioso del desplazamiento forzado sigue avanzando como una tragedia sin freno. Según la más reciente alerta de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025, al menos 77.719 personas han sido expulsadas de sus territorios por causa de la violencia armada, en su mayoría en zonas donde el Estado está ausente y los grupos armados ilegales ejercen control de facto.
La magnitud de esta cifra refleja una situación crítica que trasciende el plano humanitario. Es una advertencia sobre la pérdida de control territorial por parte del Estado, la inoperancia de los mecanismos de protección y la creciente legitimidad que estructuras criminales están ganando en regiones históricamente abandonadas.
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La situación más dramática se vive en la subregión del Catatumbo, al noreste de Norte de Santander. Allí, 68.347 personas han sido desplazadas en lo que va de 2025, como consecuencia de al menos 21 eventos violentos de gran escala. En esta misma zona, 11.490 personas permanecen confinadas, atrapadas en medio de la guerra entre el ELN, las disidencias de las FARC y bandas narcotraficantes, sin posibilidad de movilizarse ni acceder a alimentos, salud o educación.
A esto se suman otros 40 eventos de confinamiento en distintas regiones del país que han afectado a 7.382 familias, y 127 alertas por riesgo inminente de desplazamiento o confinamiento, que evidencian la expansión de la violencia más allá de los focos tradicionales del conflicto.
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El país está ante una realidad que golpea de frente los principios del Acuerdo de Paz de 2016, la promesa de un territorio en paz, con presencia integral del Estado, parece cada vez más lejana. Lo que existe en su lugar es una mezcla de abandono institucional, economías ilegales y una disputa territorial entre estructuras armadas que castigan sin distinción a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Pero mientras miles de colombianos huyen de sus tierras por causa de la guerra, otras decenas de miles cruzan el país como migrantes forzados, buscando escapar de crisis económicas, persecuciones políticas o violencia estructural.
Según cifras de Migración Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, 72.699 personas migrantes irregulares han transitado por el país. La mayoría proviene de Venezuela (69.236), pero también se han registrado migrantes de Ecuador, India, Perú, Bangladés, Angola, Haití, China, entre otros países, lo que revela el carácter global del fenómeno.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado a mantener y fortalecer los esfuerzos para garantizar los derechos de la población migrante y con necesidad de protección internacional. Aunque existen respuestas estatales y humanitarias, esta situación requiere un enfoque regional y global, basado en la responsabilidad compartida y la solidaridad entre los Estados”, informó la entidad.
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Estas personas, muchas de ellas en condición de alta vulnerabilidad, enfrentan riesgos sistemáticos: desapariciones forzadas, homicidios, extorsiones, robos y múltiples formas de explotación. Las rutas migratorias, especialmente las que cruzan por zonas fronterizas y regiones bajo control armado, se han convertido en corredores de abuso donde el crimen organizado y la negligencia institucional confluyen.
La Defensoría del Pueblo insiste en la urgencia de una respuesta estatal robusta, no solo para atender las consecuencias, sino para enfrentar las causas estructurales de esta doble crisis: la persistencia del conflicto armado y la fragilidad de las respuestas humanitarias. Advierte además que, si bien existen esfuerzos de atención, la magnitud de lo que ocurre requiere un enfoque regional y global, basado en la responsabilidad compartida y la solidaridad entre los Estados.
Cortesía de El Colombiano
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