
El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha busca ahora un proyecto sucesorio con perspectiva de género: la diputada local María Teresa Guerra Ochoa, quien, en la óptica del gobernador, sería la mejor opción para competir contra la senadora Imelda Castro, de buena sintonía con Palacio Nacional.
Guerra Ochoa fue una histórica del PRD y su hermano fue funcionario en el gobierno de Mario López Valdez.
A pesar de gobernar una entidad convulsionada por la violencia, Rocha todavía no se resigna a perder el control de la sucesión. En los últimos meses ha comenzado a preparar el terreno en dicha dirección y las cartas ahora son más visibles: el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y la diputada Guerra.
Otra opción es la diputada federal Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación con Rocha y de cercanía con el secretario de Gobierno Feliciano Castro. La diputada tuvo su Informe el pasado fin de semana en Mazatlán y estuvo toda la plana mayor del gobierno estatal.
Desde ya, el plan original era impulsar al senador Enrique Insunza pero los antecedentes y las presuntas conexiones del senador con el mundo del crimen organizado harían inviable este proyecto, más si se considera la actual situación con Estados Unidos.
Rocha no se anima a pisar el país vecino y recientemente se perdió un compromiso familiar en Arizona por el pavor a cruzar la frontera y se arrestado. Al mismo tiempo, toda su familia acata la orden de no viajar al norte.
El gobernador se entiende protegido en México. El entorno presidencial lo trata como un elemento tóxico, pero Rocha entiende que sus historias sobre el financiamiento de su campaña en 2021, y el papel de Andrés Manuel López Obrador en dicho proceso, constituyen su principal blindaje.
Elementos federales cuentan que en las reuniones de seguridad Rocha, que tiene el estado intervenido por la Sedena, comenta con predilección situaciones explosivas de otros gobernadores morenistas, como Javier May en Tabasco o Rocío Nahle en Veracruz, casi como si buscara los argumentos para decir que la violencia es una situación sistémica incontrolable y que no es propia de estado.
Otro elemento que juega en favor del gobernador es que no termina de ser visible que la senadora Castro sea el proyecto de Palacio. Alfonso Ramírez Cuellar sigue cabildeando para desactivar el frente judicial del alcalde Gerardo Vargas y el propio secretario de Hacienda, Edgar Amador, mantiene contactos en el estado con la intención de organizar algún tipo de proyecto electoral.
Cortesía de La Política Online
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