Frente a una crisis sanitaria sin precedentes, marcada por un desabasto de medicamentos que en 2023 alcanzó hasta un 30% y afectó directamente a millones de personas —especialmente pacientes con enfermedades graves como el cáncer—, el gobierno mexicano ha decidido tomar una ruta de transformación estructural. La emergencia es real: durante 2022, más de 15.2 millones de recetas no fueron surtidas en las principales instituciones de salud pública que afectó a personas con enfermedades neurológicas, psiquiátricas, Parkinson e hipertensión arterial. Esta situación ha llevado a quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha obligado a muchos pacientes a recurrir a la vía legal para exigir su derecho a la salud. En este contexto de urgencia, el nuevo decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone un cambio de paradigma: convertir a México en un líder global en producción e innovación farmacéutica, con un modelo de soberanía farmacéutica, inversión estratégica y desarrollo industrial.
El decreto forma parte central del llamado Plan México, una estrategia de largo aliento que busca reactivar la producción nacional de medicamentos e insumos para la salud. Transformar al país en un centro de excelencia farmacéutica implica lograr atraer inversiones extranjeras pero también la consolidación de infraestructura productiva, la creación de empleos de alto valor agregado, y el fortalecimiento de capacidades regulatorias e institucionales.
La palanca del nuevo modelo es el uso de la capacidad de compra pública del Estado mexicano —más de 300 mil millones de pesos cada dos años— para reindustrializar el sector. A través de este instrumento, el gobierno federal planea ofrecer ventajas competitivas a las empresas que establezcan plantas, laboratorios, centros de investigación y cadenas logísticas en territorio nacional, con especial énfasis en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) e incentivos, como el otorgamiento de puntos puntos adicionales en las licitaciones públicas a quienes acrediten tener operaciones locales para el nuevo sistema de compras consolidadas para los años 2027 y 2028.
Este esquema busca, además, revitalizar a Birmex con una inversión de 130,000 millones de pesos —Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México—, la empresa estatal que fungirá como ente coordinador de las nuevas inversiones, articulando esfuerzos entre el sector público, el privado y la academia. Como parte del plan, también se planea crear plantas bioincubadoras farmacéuticas, espacios para impulsar la investigación biomédica, la innovación tecnológica y la formación de talentos, además del desarrollo de propiedad intelectual nacional.
Este esfuerzo de transformación no se limita al ámbito productivo. En paralelo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra en un proceso acelerado de modernización para alinearse con estándares regulatorios internacionales. Actualmente, el 60% de los trámites ya han sido digitalizados, con el objetivo de alcanzar el 100%. Además, se ha modernizado la plataforma DIGIPRiS para la autorización de ensayos clínicos y se ha establecido una colaboración estratégica con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para acelerar tanto el registro de patentes como el proceso sanitario. Estos avances buscan reducir los tiempos de espera, aumentar la transparencia y facilitar la entrada de nuevas inversiones al país.
La magnitud del plan es indudable, pero no está exenta de tensiones. Representantes del sector farmacéutico, tanto nacional como internacional, han manifestado preocupaciones legítimas sobre la reincorporación de requisitos de desempeño, como el de establecer una fábrica en México como condición para participar en licitaciones. Esta cláusula, que existió hasta 2008 y fue eliminada bajo el argumento de fomentar la competencia global y reducir precios, ha sido señalada como posible fuente de conflicto con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El T-MEC, en su Artículo 14.10, prohíbe explícitamente a los países miembros imponer condiciones a las inversiones extranjeras, como la exigencia de exportar productos, contratar personal local o instalar fábricas, como requisito para recibir trato preferencial. Aunque existen excepciones —como razones de salud pública, seguridad o medio ambiente—, cualquier intento de aplicar estos requisitos puede ser interpretado como una violación al tratado, particularmente si se discrimina entre empresas nacionales y extranjeras, o si se otorgan beneficios económicos condicionales.
De confirmarse una infracción, México podría enfrentar represalias en mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estado, incluidas sanciones comerciales, demandas millonarias o incluso la imposición de aranceles por parte de sus socios. En el peor de los casos, estas disputas podrían erosionar la confianza en el clima de inversión del país y poner en riesgo el acceso preferencial al mercado más importante para la economía mexicana: Estados Unidos.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) ha advertido que si bien la política del gobierno puede proteger a la industria nacional de la competencia desleal de países como India o China —que ofrecen medicamentos a precios bajos sin invertir localmente—, también es crucial diseñar el marco regulatorio con claridad para evitar sanciones internacionales. Especialmente en el caso de medicamentos de patente, cuyo desarrollo e innovación se concentra globalmente en un número limitado de instalaciones, la exigencia de producción local podría resultar inviable y contraproducente.
A ello se suma la convicción gubernamental de que el gasto público en salud no debe limitarse a compras reactivas, sino transformarse en inversión estratégica. Por ello, la administración Sheinbaum ha propuesto que las farmacéuticas que participen en compras públicas a gran escala se comprometan con inversiones proporcionales en infraestructura, innovación y transferencia tecnológica. En otras palabras, se busca que el Estado deje de ser un simple comprador de medicamentos para convertirse en arquitecto de una nueva economía de salud
No obstante, existen áreas de oportunidad también en el uso del comercio exterior como herramienta para el desarrollo del sector farmacéutico. Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), en 2020, el sector farmacéutico mexicano registró ventas por 223 mil millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 10,500 millones de dólares. Por su parte, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, participa en proyectos para introducir medicamentos mexicanos en el mercado estadounidense, y ve en el Plan México una oportunidad para elevar estándares de calidad y proyectar al país como un hub logístico continental. Recientemente firmó un acuerdo de entendimiento con la US Pharmacopeia (USP) para capacitar a sus laboratorios en estándares internacionales de calidad, con el objetivo de facilitar la entrada de medicamentos mexicanos al mercado estadounidense.
Sin duda, el camino hacia la soberanía farmacéutica será complejo por los equilibrios que se deberán lograr mediante reformas regulatorias que logren desarrollar el mercado interno, y al mismo tiempo logren controlar riesgos comerciales y aprovechar las oportunidades que plantea la relación comercial con América del Norte.
La buena noticia es que, por primera vez en años, el gobierno federal tiene una visión clara y atractiva; resultado de ampliar el horizonte para que el Plan México no sólo sea un instrumento que resuelva una crisis, sino también que sea el vehículo para cambiar el modelo: de la escasez a la autosuficiencia, y del gasto a la inversión y al crecimiento. Una apuesta audaz, que definirá el futuro del país en materia de salud y desarrollo industrial.
*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.
Te puede interesar
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: