Muchos son los rubros que abarca la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud cuyo dictamen se discutió y dictaminó ayer en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Están proyectando modificaciones que abarcan de todo: desde telemedicina y salud digital, simplificación de registros sanitarios para medicamentos y demás insumos médicos, y aspectos clave como el aprovechamiento de plasma humano residual para hemoderivados (placenta, factores de la sangre, inmunoglobulinas, células madre, etc), hasta regulación de infraestructura, fortalecimiento de la Conamed, reforzamiento regulatorio en torno a estupefacientes y una mayor discrecionalidad en torno al uso de los recursos del llamado Fonsabi.
Todos son aspectos importantes, pero la oposición expuso críticas sensatos sobre puntos cru ciales.
Particularmente, el PAN y Movimiento Ciudadano fueron los se opusieron y expresaron todos los argumentos ante puntos específicos en torno a la reforma de ley propuesta.
En particular criticaron férreamente la prohibición absoluta y criminalización del uso, producción, venta y posesión de vapeadores (cigarrillos electrónicos), tema que la presidente Sheinbaum hereda de la administración de López Obrador y se la apropia con gran ahínco.
Que se quieran imponer penas de prisión de 1 a 8 años incluso para quienes simplemente adquieran un vapeador, está fuera de lugar porque es obvio que no se eliminará el uso y en lugar de enfocarse en la salud pública; sólo se criminaliza a los usuarios y se incentiva un mercado negro sin regulación en perjuicio del propio consumidor y en favor de la delincuencia que tendrá un nuevo segmento a aprovechar.
Tienen razón los legisladores que dijeron que México será el país donde va a ser más peligroso comprar un vape que traficar droga, ya que las penas de hasta 8 años superan las establecidas por delitos graves como el tráfico de cristal o cocaína (que llegan a 6 años); ello generaría una desproporción absurda en el sistema penal.
Otro tema muy debatido es el de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (derivado del otrora Fondo para Gastos Catastróficos) que se vuelve 100% discrecional. La oposición busca que se formalice el uso sin transparencia de los recursos remanentes del Fonsabi, desapareciendo los porcentajes definidos para tratamientos y atención a pacientes, y que ahora puedan ser utilizados para se podrá usar en mantenimiento, conservación, infraestructura o “cualquier cosa”. La reforma elimina el porcentaje obligatorio del 8% destinado exclusivamente a enfermedades de gastos catastróficos (cáncer, enfermedades raras y del sistema inmune, etc). Así también se formaliza que la Tesorería pueda tomar recursos del Fonsabi sin reportar el destino que puede ir más allá del sistema de salud. El problema es que se extiende la discrecionalidad al querer borrar todo mecanismo de fiscalización ni transferencia automática a los estados. Además, la 4T propone crear un comité (cuya integración no queda clara, aunque en principio le tocaría definirlo al IMSS BIenestar, de Alejandro Svarch) que decidirá caso por caso lo que entrará o no como gasto catastrófico.
En la práctica, la iniciativa formaliza la desaparición de la garantía de recursos para enfermedades de alto costo. Recuérdese que el saldo de dicho fondo pasó de 105 mil millones en 2018 a 35 mil millones actualmente; el temor es que siga siendo succionado hacia Tesorería para gasto libre.
Simplificación sobre registros sanitarios
Un avance parcial que sí se celebra es la ampliación de la vigencia de registros sanitarios de Cofepris: en vez del registro indefinido que pedía la industria, se logró una prórroga de hasta 10 años adicionales a los cinco actuales si no cambia la fórmula del medicamento. Además, se eliminó el polémico “registro simplificado” que la iniciativa original de la presidenta Sheinbaum otorgaba solo a productos con producción nacional, evitando así distorsiones en el mercado y preferencias proteccionistas disfrazadas de requisito sanitario.
Sobre la reclasificación del tramadol y precursores de fentanilo, la versión original los prohibía de un día para otro. Gracias a la presión legislativa se consiguió un plazo de 180 días para que la industria reformule sus cadenas productivas; Canifarma y el PAN seguirán peleando por extenderlo a un año, pues cambiar procesos farmacéuticos no es cosa de semanas.
Te puede interesar
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: