Pedro Sánchez, el pasado 28 de julio en el palacio de La Moncloa. / JOSÉ LUIS ROCA
La actual legislatura es, por desacostumbrada e insólita, una de las más anómalas de nuestra democracia. No es que la vida política española haya estado exenta de sobresaltos, porque los ha habido y graves, pero en este periodo legislativo se están dando situaciones que no se habían producido antes. La primera, sin duda, la propia investidura, impecablemente constitucional, del candidato del segundo partido en votos, el único que fue capaz de reunir los apoyos suficientes para ser elegido presidente con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La inestabilidad política, que desestabiliza la legislatura hasta el punto de no poder prever cuanto durará, viene dada precisamente por la volatilidad de esas alianzas primigenias, que permiten a Pedro Sánchez continuar al frente del Ejecutivo pero limitan hasta el extremo su capacidad para gobernar. Esa imposibilidad del presidente para aglutinar de forma estable a las dispares fuerzas políticas que respaldaron su investidura y apoyan, sin comprometerse explícitamente, su continuidad en el poder es la que le impide, por ejemplo, aprobar unos presupuestos generales.
La ausencia de unas cuentas públicas en los dos años que van desde que se conformó el actual Gobierno es la principal anomalía de la presente legislatura. Se puede gobernar sin presupuestos, de hecho es lo que está haciendo Sánchez desde 2023, incumpliendo incluso la obligación de presentar (no de aprobar) su proyecto en tiempo y forma en el Parlamento. Pero en esta ocasión las circunstancias han empeorado tras la imputación y encarcelamiento por presunta corrupción del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, en la misma causa en la que también está imputado José Luis Ábalos, exministro e igualmente ex número tres del partido, y su asesor Koldo García. Estos hechos colocan a Sánchez y a su Gobierno en una posición de debilidad aún mayor y, aparentemente, sin más cartas en la manga para aguantar los dos años que restan de legislatura que la aprobación de los presupuestos generales de 2026. Es por eso que, ante la imposibilidad de someterse a una cuestión de confianza que sus socios de investidura no están dispuestos a votar, Sánchez anunció el 29 de julio su disposición a presentar, esta vez sí, el proyecto presupuestario a las Cámaras. El presidente es consciente de que solo si consigue sacar las cuentas públicas para el próximo año tendría garantizada la continuidad de la legislatura y ello siempre que los casos de corrupción investigados no vayan a más.
No va a ser una tarea fácil aunque, a diferencia de la cuestión de confianza, los presupuestos no suponen un voto a su persona sino la aprobación de proyectos concretos, que cada una de las fuerzas políticas puede negociar en función de los intereses políticos y territoriales que representan. Pero hay obstáculos que, por mucho que se esfuerce, el Ejecutivo parecen a día de hoy insalvables, y que se dan particularmente en sus relaciones con Junts y con Podemos, que se han alejado políticamente de Sánchez. Al Gobierno le va la vida en ello, pero por más concesiones que esté dispuesto a hacer solo conseguirá el voto de esos partidos si estos consideraran peores las consecuencias de dejarlo caer. La incógnita en este momento está precisamente en ese punto, en saber si Sánchez y la legislatura pueden sobrevivir sin presupuestos.
Cortesía de El Periodico
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