El Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL encontró que los impuestos aplicados a las bebidas azucaradas producen una reducción pequeña: de sólo 3% en el consumo de refrescos, dato que —según declaraciones recientes del director del CIE, Édgar Luna— sugiere que los nuevos incrementos fiscales anunciados para 2026 no cambiarán sustantivamente ese resultado.
A partir de ese punto de partida, la experiencia mexicana muestra efectos reales, pero heterogéneos: hay descenso del consumo en algunos grupos y periodos, sustituciones hacia bebidas no gravadas (especialmente agua embotellada), impactos en producción y empleo y riesgos de efectos distributivos que golpean más a hogares de menores ingresos.
De acuerdo con “Un análisis del Impacto del IEPS sobre el Sector Refrescos y Otras Bebidas No Alcohólicas”, del Instituto Politécnico Nacional” (IPN), así ha sido la implementación de impuestos a los refrescos en México:
- 2014: Se implementa el impuesto especial a las bebidas azucaradas (IEPS), de 1 peso por litro
- 2018: Realizan el primer ajuste y sube a 1.17 pesos por litro
- 2020: Aplican un segundo incremento de 1.26 pesos por litro
- 2021: Llega el tercer ajuste y es de 1.30 pesos por litro
- 2022: 1.39 pesos por litro
- 2023: 1.50 pesos por litro
- 2024: 1.57 pesos por litro
- 2025: 1.64 pesos por litro
- 2026: Determinan un aumento de 3 pesos por litro
Es decir, que para el próximo año se vivirá el incremento más fuerte en más de 10 años de este impuesto, con un aumento de casi el 50%.
Aunque el estudio del CIE reporta una disminución mínima, otros trabajos académicos registran reducciones moderadas en los primeros años tras la implementación del impuesto.
Por ejemplo, el análisis del IPN monitoreó las compras de 6 mil 253 hogares en 53 ciudades entre 2012 y 2014. Los autores concluyeron que el consumo de refrescos cayó 6% en promedio respecto a un escenario sin impuestos, y hacia diciembre de 2014 la reducción alcanzó 12%.
Además, el estudio documentó un fenómeno interesante: la sustitución del refresco por agua embotellada, que aumentó su consumo 4% al cierre de 2014. Este cambio se observó principalmente en hogares de bajos ingresos, los cuales también fueron los más sensibles al aumento de precios.
Por su parte, en “In Mexico, evidence of sustained consumer response two years after implemen-ting a sugar-sweetened beverage tax” (2017), los investigadores encontraron que el consumo per cápita de bebidas azucaradas disminuyó 7.3% en dos años, mientras que el consumo de agua embotellada aumentó 5.2% en el mismo periodo. Nuevamente, los hogares con menores ingresos fueron los que registraron la mayor caída en la compra de refrescos
La evidencia acumulada indica que el impuesto logró modificar comportamientos en los primeros años, pero su efecto se fue desvaneciendo con el tiempo. Los consumidores ajustaron sus gastos, sustituyeron marcas o tamaños, o simplemente absorbieron el aumento en el precio.
Lecciones de América Latina
El caso mexicano no es aislado. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al menos 73 países en el mundo —y 21 en América Latina y el Caribe— aplican impuestos a las bebidas azucaradas. Los resultados, sin embargo, varían ampliamente según el tipo de impuesto y la respuesta de los consumidores.
En Barbados, por ejemplo, un impuesto del 10% se tradujo en un aumento de precios de 5.9%, mientras que en Chile un incremento del 13% al 18% generó alzas de apenas 2% a 4% en las bebidas con más azúcar.
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La OPS destaca que el impacto final depende de la elasticidad precio de la demanda, es decir, de qué tanto se reduce el consumo ante un aumento de precio. En México, esta elasticidad ronda el -1.06, lo que significa que un incremento del 10% en el precio reduce el consumo apenas 10.6%.
En otros países latinoamericanos, la sensibilidad es mayor, como en Chile (-1.37) o Guatemala (-1.39).
De acuerdo con la OPS, el objetivo de los impuestos a bebidas azucaradas debe ir más allá de la recaudación. Su impacto en la salud pública es limitado si no se acompaña de estrategias integrales, como educación nutricional, regulación de la publicidad, etiquetado claro y acceso a alternativas saludables.
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Cortesía de UNO TV
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