En lo que va de 2025, siete presidentes municipales han sido asesinados en distintos puntos del país, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de las autoridades locales frente a la violencia criminal y la falta de garantías de seguridad en los municipios más conflictivos.
Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado durante el Festival de las Velas, fue el caso más reciente; sin embargo, Mario Hernández García, presidente de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue el primer hecho registrado en el año cuando fue emboscado junto con su chofer y un policía municipal. Los tres murieron tras recibir múltiples disparos mientras viajaban en una patrulla oficial.
En Guerrero, el 2 de junio, murió Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, tras ser víctima de un intento de asalto en la Autopista del Sol. El edil del Partido del Trabajo (PT) fue herido durante el ataque y falleció días después en un hospital de Chilpancingo.
Por otro lado, el 6 de junio, fue ejecutado Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, también en Michoacán, cuando llegaba a su domicilio junto con su escolta. Bastida, quien gobernaba por la coalición PT-PVEM-Morena, había denunciado amenazas derivadas de disputas criminales en la región.
Semanas después, el 15 de junio, Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada dentro del palacio municipal por cuatro hombres armados vestidos de policías. En dicho ataque también perdió la vida el agente municipal Eli Gregorio García Ruiz.
El 17 de junio, la alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza Mendoza, y su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, fueron asesinados frente a su casa. Su hijo de 17 años de resultó herido.
Además, el 20 de octubre, Miguel Bahena, alcalde del municipio de Pisaflores en Hidalgo, fue asesinado afuera de su casa
El ataque que le quitó la vida al funcionario municipal ocurrió después de las 20 horas cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de Bahena quien era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Su partido exigió una investigación inmediata y advirtió que la violencia “está minando la democracia y la seguridad de las comunidades”.
Cortesía de El Economista
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