En el último trimestre, el Poder Judicial de la federación ha transcurrido en una parálisis por motivos laborales, pero en términos estrictamente jurídicos no ha ocurrido nada… gracias a un cúmulo de acuerdos dictados por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Con una fórmula que solo aplicaría en eventualidades (como ocurrió efectivamente el 23 de abril, por las intermitencias en la conexión a Internet en los Tribunales laborales y las áreas administrativas del inmueble de Fray Servando), el Pleno de esa instancia, “en pro de salvaguardar la función jurisdiccional y administrativa, para salvaguardar una adecuada administración e impartición de justicia”, autorizó la suspensión de términos y plazos procesales.
Por otras causas de fuerza mayor, las audiencias, actuaciones y diligencias ordenadas por los jueces y magistrados del Poder Judicial de la CDMX no han podido ejecutarse desde hace seis semanas. En ese mismo lapso, diariamente se han publicado avisos consecutivos para reprogramar —“a la mayor brevedad posible, conforme a la agenda que se lleve para tal efecto”— los procedimientos pendientes.
Desde el pasado 29 de mayo, los servidores públicos que cerraron los accesos a los inmuebles de Plaza Juárez — juzgados familiares— Claudio Bernard — juzgados civiles– Fray Servando — juzgados laborales— la Ciudad Judicial y las oficinas de Patriotismo, para demandar una renovación en la representación sindical, aumento salarial del 7% y mejores condiciones de trabajo.
Para reanudar actividades, los trabajadores aceptaron un paquete que incluye un bono extraordinario y una asignación única de 29 millones de pesos a distribuirse en diciembre de 2025, basificación de personal con antigüedad mínima, y garantía de no represalias contra los participantes del paro. Las negociaciones sobre aumento salarial quedaron pendientes para septiembre de 2025.
Las personas justiciables y los abogados postulantes, por el contrario, han sufrido una enorme afectación a pesar de la suspensión de los términos y plazos. Y las actividades plenas del Tribunal, con intermitencias. El impacto cuantificado:
Más de 844,000 personas sin atención semanal. Cerca de 252,000 promociones semanales no recibidas. Más de 33,600 audiencias suspendidas (1,200 diarias, incluyendo 450 penales y 200 familiares).
Para desahogar los expedientes acumulados, no hay planeación o acuerdos que valgan. Y es que las vacaciones judiciales —inician hoy, se extenderán dos semana— y el inminente relevo en juzgados y magistraturas agravará los retrasos, con un rezago potencial de años.
Efectos secundarios
EXCESOS. Los Talleres Gráficos podrían presumir de ser la imprenta más eficiente del país. Tan solo este año cumplieron con la entrega de más de 600 millones de boletas para la elección extraordinaria del Poder Judicial y ahora deben cumplir con el contrato para la impresión de avisos y recibo de cobro del servicio eléctrico, por 1,483 millones de pesos. Para cumplir con CFE en tiempo y forma, empero, deberá recurrir al mismo sistema que con el INE: subcontratar a Gráficas Corona JE, propiedad de Juan Sebastián Estrada Hernández, por 826 millones de pesos. El contrato permite la subcontratación hasta del 49% del servicios…
OBJETIVOS. Actualmente solo tres de cada 10 profesionistas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son mujeres. Con un enfoque de equidad e inclusión, Papalote Museo del Niño y KIO abrirán una nueva sala “Estación Espacial” que presentara la historia de un viaje a una de las lunas de Júpiter a través de la voz de Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio.
Cortesía de El Economista
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