En la discusión política (que no pública) por el incremento en la tarifa del transporte público, el énfasis de la oposición política se ha centrado en el reto por eliminar el aumento en el costo del transporte, sin considerar cuáles pueden ser las consecuencias. La nueva bandera de quienes están en contra es la aplicación de un referéndum que tiene delante una larga lista de obstáculos para concretarse.
Evidentemente, las expresiones políticas de oposición no sólo están en derecho de disentir: es su obligación.
Sin embargo, al tiempo que la discusión rebasa los espacios institucionales como la tribuna del Congreso estatal y se traslada a los medios de comunicación y las redes sociales, los argumentos se exacerban y borran los aspectos técnicos y económicos del fenómeno del transporte público. Las posturas de los políticos se asemejan más a una lucha que está dispuesta a alcanzar cualquier extremo para derrotar al adversario en que han convertido al gobernador Pablo Lemus Navarro.
En la hipótesis de que el referéndum finalmente se aplique y arroje un resultado legalmente válido -con todos los requisitos que eso implica, como por ejemplo la fecha formal de solicitud, que vence el 26 de enero, o la participación en el mismo de cuando menos el 33% de quienes figuran en el Listado Nominal de Electores del INE- que determine anular el decreto de incremento de la tarifa de 9.50 a 14 pesos, lo único que se habría logrado es volver a empezar el proceso, con el desgaste social y político que esto implicaría.
La certeza que se puede tener es que el transporte público incrementará su costo. No puede quedarse en 9.50 pesos. En ciudades como Durango o Torreón, el transporte público tiene un costo de 15 pesos y la calidad del servicio y las unidades es mucho menor a la que se da en el Área Conurbada de Guadalajara.
Dos temas llaman la atención en esta dinámica de discusión: La crítica al subsidio y la ausencia de mecanismos para garantizar la mejoría en la calidad del servicio que ahora se presta en la ciudad de Guadalajara.
En el primer caso, se condena el subsidio como algo intrínsecamente negativo. En varias ciudades de Europa, Australia o Estados Unidos, se ha aplicado durante años el subsidio al transporte público. Subsidiarlo en Jalisco debe considerarse incluso una obligación y quedar establecida esta garantía no durante un año sino durante el sexenio completo.
En cuanto a la calidad del servicio, en la reciente discusión en el Congreso del Estado se exigió el veto al incremento de tarifa; se aprobó citar a secretarios para que lo expliquen y justifiquen; se aprobó solicitar el referéndum y en el ámbito partidista de los diputados, se hay convocado a manifestaciones de protesta y se promueve acudir al juicio de amparo.
Todas estas medidas son válidas.
Pero apenas se ha mencionado cómo mejorar la calidad del transporte: frecuencia de paso, trazado de rutas, incremento de unidades, facilidades para personas con discapacidad, sueldos, horarios y prestaciones para los conductores, además de capacitación y educación para mejorar su servicio, entre otras muchas medidas.
La discusión está centrada en la lucha política y sus resultados, proyectado más a la siguiente elección (año 2027) que a la mejoría del transporte.
Evidentemente, siempre es más fácil destruir que construir.
Cortesía de El Informador
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