Se acerca el fin de 2025 y la industria de telecomunicaciones de América Latina nos deja un panorama en el que varias esperanzas siguen vivas, ya que no se cumplieron en los últimos doce meses. Podría decirse que son parte de un ejercicio anual en el que se busca encontrar soluciones a males diagnosticados hace más de tres décadas, pero, por alguna razón, las diversas facetas de la conectividad, las capacitaciones y la innovación no resultan fáciles de integrar en la política pública.
Por esta razón, es importante mencionar qué elementos deberían trabajarse en los próximos años para lograr que la tecnología sirva realmente como catalizador del desarrollo económico, en lugar de ser una promesa recurrente en presentaciones en PowerPoint.
Desde que se identificó por primera vez la brecha digital y se dio la receta para remediarla, han pasado décadas y el problema sigue multiplicándose como un Gremlin mojado. La época de simplemente brindar cobertura ha quedado en el pasado. Ahora se apunta a la asequibilidad para que las personas puedan acceder a las tecnologías disponibles en las localidades donde viven y trabajan. Pero, la asimetría en los despliegues, junto con las demoras en la disponibilidad de nuevos teléfonos celulares con 5G, incrementa las diferencias en el mercado, ya que, según el dispositivo, se define a qué tecnología puede acceder el usuario.
Continuando con la brecha digital, algunos tomadores de decisiones creen que esta se cierra si el 100% de la población vive en una zona donde alguna red terrestre de telecomunicaciones ofrece servicios minoristas. En otras palabras, se crea un espejismo que limita la existencia de la brecha digital a zonas rurales, de baja densidad poblacional o, simplemente, a gran distancia de las ciudades. Aunque es cierto que un mayor porcentaje de la población rural vive en condiciones de pobreza o de pobreza extrema, ello no debe obviar que el 82% de la población latinoamericana vive en ciudades.
La realidad es clara: según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ya sea midiendo ingresos o pobreza multidimensional, en términos nominales, la mayor proporción de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema se encuentra en zonas urbanas. En otras palabras, gran parte de quienes están en la brecha digital vive en zonas donde están disponibles todos o casi todos los servicios públicos que ofrece el Estado, con infraestructura civil adecuada y múltiples operadores de telecomunicaciones.
Los gobiernos tienen que entender que la brecha digital no se solventa con la presencia de uno o de mil operadores en una localidad. Es un tema más complejo, donde algunas personas simplemente no se quieren conectar porque no perciben valor en la red de telecomunicaciones, pero la gran mayoría de las personas que desean tener el servicio y no pueden lo hace por temas de dinero, y no por la disponibilidad del servicio en su localidad.
El sector de telecomunicaciones no funciona de manera independiente del resto de la economía del país y su funcionamiento depende de los avances que hagan otras carteras de gobierno en infraestructura vial, energética y educativa, entre otras. Asimismo, temas económicos que van desde impuestos a exportación de ganancias juegan un papel fundamental en los niveles de innovación y expansión de cobertura de los distintos operadores.
Hasta los operadores estatales tienen que regirse a las leyes de las finanzas al momento de establecer un modelo de negocios, si es que no desean convertirse en una carga para el estado al ser una empresa deficitaria que consumes ingresos del erario reduciendo los fondos que se pueden destinar a sectores como la educación, la seguridad o la salud.
Por eso, la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones existente es un punto clave. Aquellos países que han tomado el tiempo para desarrollar una estrategia nacional de transformación digital hacen hincapié en la necesidad de que los operadores de telecomunicaciones que operan en su territorio inviertan en nuevas tecnologías. Sin embargo, sin los habilitadores necesarios que incentiven la inversión, el cumplimiento de los deseos de digitalización estará más cerca de cumplirse al frotar una lámpara como la de Aladino que al invertir los operadores del mercado.
Aunque algunos gobiernos pretenden que lo olvidan, el objetivo de las empresas de telecomunicaciones es ser rentables y obtener ganancias de los servicios que prestan. Para lograrlo, lo primero que tienen que hacer es obtener un retorno sobre la inversión que ya han hecho, mientras exploran qué nuevos modelos de negocio pueden implementar para seguir creciendo en ingresos. Fuera de declaraciones jingoístas clamando por la obligación de las empresas privadas de invertir, la realidad es que cada empresa invertirá según el modelo de negocio que quiera perseguir, y ese modelo cambiará de operador en operador y de mercado en mercado.
Aun con frenos a la inversión, impuestos por políticas absurdas como el precio oneroso de las concesiones de espectro en México, las trabas a la expatriación de ingresos en Venezuela y hasta hace algunos años los antiguos impuestos y otras trabas a la llegada de dispositivos en Ecuador o en Argentina, el crecimiento observado en la oferta de telecomunicaciones a nivel regional ha sido sorprendente. Mientras que en las últimas dos décadas del Siglo XX las listas de espera para una línea telefónica y la casi nula infraestructura rural de telecomunicaciones, en la actualidad, se observan en muchos de los países de la región que contaban con operadores nacionales ineficientes y tecnología obsoleta.
No obstante, la memoria es corta y, de vez en cuando, aterrizan en el sector de los tomadores de decisiones de política pública que pasarían tranquilamente por discípulos de Jorge Manrique en cualquier facultad de literatura, pues sus almas dormidas parecen predicar que todo tiempo pasado fue mejor. Ergo, se la pasan pregonando la necesidad y la urgencia de contar con operadores del Estado. El problema no es la existencia o no de empresas con capital público, como se ha visto con Antel en Uruguay, sino la idea de que si la empresa es del Estado es su obligación ofrecer servicios por debajo del costo a los usuarios.
Incluso en esta área se ha visto una evolución; en su momento se deseaba un operador móvil estatal como la natimuerta Libre.Ar, luego la moda emula el concepto de la red compartida de México a través de la región, con lo más cercano siendo el surgimiento de Internet para Todos en el Perú, pero diferenciándose en no poseer su propia concesión de espectro. Últimamente, lo que se ve en los planes de gobierno de candidatos regionales, es un regreso a la idea de lanzar satélites nacionales. Idea que en su momento impulsó a Venezuela, emulada por Bolivia y, más tarde, por Ecuador, aunque la vida de su satélite Pegaso se contabilizó en semanas luego de ser impactado por chatarra espacial.
En la actualidad, si las promesas del gobierno de turno llegan a cumplirse, quien supuestamente estaría expandiendo su agencia espacial para luego lanzar su propio satélite es Colombia, promesa que se hizo al mismo tiempo que se prometía un centro de ciberseguridad nacional y hasta una universidad en la zona roja del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Asimismo, se estaría transformando el país en un eje clave para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en América Latina.
De estas promesas hay varias cuestiones que deben rescatarse y a las que todas las administraciones deberían dar seguimiento. La primera es el tema de la ciberseguridad, sobre todo en un mundo totalmente IP donde el número de conexiones solo se incrementará exponencialmente en los próximos años, haciéndose más sofisticadas. Por otro lado, el tema de la IA debe continuar desarrollándose e integrándose en las estrategias de transformación digital y constituir un nuevo punto de estudio en las instituciones académicas del país.
Luego del trabajo hecho en Colombia con la publicación en 2025 de su Plan Nacional de Inteligencia Artificial (CONPES 4144) es sumamente importante que se le dé la importancia y seguimiento necesario para que el trabajo continue y no suceda lo mismo que se observó con los famosos areneros regulatorios que luego de estar por varios años protagonizando las presentaciones de figuras del gobierno colombiano, súbitamente desaparecieron de la discusión, ojalá no de la práctica.
¿Y el satélite colombiano? Si es para ofrecer cobertura y servicios de telecomunicaciones, el país no lo necesita. Todo lo contrario: se está incrementando la capacidad satelital en toda la región, lo que conduce a una reducción de precios para el consumidor. Una vez que flotas de baja órbita como LEO de Amazon o AST SpaceMobile comiencen a ofrecer servicios comerciales, es de esperar que los precios de la banda ancha satelital continúen bajando.
En términos de tecnologías, la región debe pensar en un 2026 donde se continúe expandiendo la cobertura poblacional de las redes de 5G, se incremente y reemplacen los cables submarinos y terrestres que conectan los diversos mercados de la región, se vean avances en los servicios de D2D, se expanda la oferta de servicios por flotas satelitales de baja orbita, se incremente los puntos de almacenaje de datos y se impulse el desarrollo de aplicaciones y productos que tomen ventajas de las nuevas tecnologías.
No se debe separar el rol de las instituciones académicas en la adopción y el uso de nuevas tecnologías. Cualquier política pública que apunte a una transformación digital o a impulsar el uso de IA debe incluir a las escuelas, universidades e institutos de educación para ser efectiva. Desde modificaciones curriculares hasta entrenamientos docentes, como parte de una estrategia holística de modernización mediante tecnologías digitales.
Claro que ninguna política nacional de telecomunicaciones podrá ser exitosa si no existen las condiciones favorables para su despliegue, que depende del trabajo de las personas que construyen la infraestructura. Si las condiciones de seguridad del país no son favorables, ya sea por secuestros, colocación de artefactos explosivos o ataques armados, entre otros, entonces difícilmente se podrán cumplir los objetivos del gobierno. Temas como el narcotráfico y los movimientos guerrilleros se convierten en un gran impedimento para el desarrollo digital, especialmente en las zonas que más necesitan inversión en infraestructura.
Por último, mientras en la región continuarán las consolidaciones de operadores, los niveles de modernización digital dependerán de los cambios normativos que se implementen para actualizar los marcos legales de la región y eliminar obstáculos artificiales que frenen el uso de la tecnología. Para lograr cambios de manera armonizada, es preciso consultar a los distintos actores del sector de telecomunicaciones para entender e identificar cuáles son sus preocupaciones y principales prioridades. Este diálogo tiene que ser continuo, respetuoso y constructivo; pretender escuchar o hacer consultas para luego ignorar los reclamos del sector es contraproducente y solo produce desconfianza y malestar.
Si estos cambios no se comienzan a dar en la región, continuaremos asistiendo a conferencias de telecomunicaciones para escuchar descripciones de una realidad regional digna de novelas de H. G. Wells o Asimov, ya que la región parece plagada de autos voladores, comunicación mediante hologramas y sistemas de inteligencia artificial que atienden todos nuestros deseos.
Las conferencias de telecomunicaciones de América Latina se dan el lujo de superar en tecnología y desarrollo a Atlantis, Kriptón y Wakanda. Solo nos faltan los superhéroes.
Cortesía de El Economista
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