Sin ser juez y parte, la Comisión Federal de Electricidad, jugará un doble rol en la cancha de las telecomunicaciones.
Con la nueva Ley de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tendrá un doble perfil: social y comercial.
Por una parte, en su perfil social, buscará ofrecer, conectividad gratuita en las zonas del país que no cuenten con cobertura.
Y por la otra, en lo que será su perfil comercial, competirá en igualdad de condiciones con operadores privados en licitaciones públicas de concesiones de espectro radioeléctrico, para ofrecer servicios comerciales de internet para usuarios finales.
Es decir, por una parte se orientará a ofrecer servicios de telecomunicaciones en las poblaciones remotas y de difícil acceso.
Y por la otra podrá competir con los operadores privados de telecomunicaciones para ofrecer servicios de telecomunicaciones de manera comercial.
La nueva Ley de Telecomunicaciones mantiene el concepto de neutralidad de competencia.
No habrá trato preferencial para ningún operador por parte de la incipiente, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La CFE, en su condición de agente económico comercial, no tendrá trato preferencial.
Pero en su vocación social, sí tendrá condiciones preferenciales en su acceso al espectro.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, asegura que en su espíritu, la nueva ley está diseñada para ofrecer condiciones adecuadas para la inversión privada y que ésta siga desplegando su infraestructura en México.
El de las telecomunicaciones es un sector que requiere mucha inversión frente a los relativamente rápidos cambios en la tecnología.
Figura clave en la presentación y promoción de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, Merino destaca que la intención es lograr cerrar la brecha digital.
Refiere que a la fecha se registran 15 millones de mexicanos sin acceso, 10.2 millones viven en zonas sin cobertura y 4.4 millones no pueden pagar el servicio pese a tener cobertura.
Adicionalmente, el espectro de uso público se destinará a dependencias gubernamentales para respaldar programas sociales como los Programas del Bienestar.
Se promoverá el acceso a internet como un derecho que habilita otros derechos: educación, libertad de expresión y participación ciudadana.
La nueva Ley de Telecomunicaciones prevé la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con independencia técnica, presupuestal y operativa cuyas decisiones serán tomadas por un conjunto de cinco comisionados nombrados por la Presidenta de México y aprobada por una mayoría simple por parte del Congreso.
Por otra parte, será la Agencia Antimonopolios –también en proceso de constitución– a la que competerá resolver los temas de preponderancia y regulación asimétrica.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitirá opinión técnica sobre los temas y será la Agencia Antimonopolios la que resuelva.
Merino defiende también a la nueva ley y asegura que no habrá ni espionaje ni censura.
El espíritu de las leyes es ampliar el acceso a los datos de las mexicanas y mexicanos.
Afirma que la nueva ley no introduce mecanismos de espionaje ni permite la geolocalización sin autorización judicial.
El artículo 183, cuestionado por la oposición, mantiene la misma redacción que el artículo 190 de la ley de 2014, aprobada por el PRI y el PAN.
Los datos de los usuarios no son recolectados por el gobierno, sino que los operadores resguardan información como la CURP al activar una línea, y sólo se accede a ella en investigaciones con autorización judicial
En la etapa previa a su aprobación, la Canieti fijó su postura en torno a la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones.
Expresó que el gobierno no debe tener concesiones comerciales ni competir directamente en el mercado minorista.
La participación del Estado, en la provisión de servicios de telecomunicaciones, está limitada a esquemas sin fines de lucro, para garantizar el acceso donde el mercado no ha sido suficiente.
Tal limitación no es arbitraria, deriva de principios constitucionales, como la neutralidad competitiva y criterios regulatorios que reconocen que el uso de recursos públicos para fines comerciales, puede generar distorsiones en el mercado.
Canieti advirtió que si la ley permite que el gobierno compita en el mercado sería contrario a los acuerdos internacionales y de protección de inversiones.
Ahora lo anticipado por el gobierno mexicano, ya está inscrito en la nueva Ley de Telecomunicaciones.
CFE, tendrá doble perfil. Dará servicio de telecomunicaciones a zonas remotas y también entrará al mercado en calidad de competidor.
Veremos las repercusiones en el sector.
Al tiempo.
Cortesía de El Economista
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