Durante 2023 en México 32,852 adolescentes fueron imputados por, presuntamente, cometer un delito. Este nivel implicó un aumento de 17.7% en comparación con el año previo.
El 77.5% de los menores de edad que se encuentran en esta situación son hombres, mientras que el 22.5% son mujeres, según el reporte de Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
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Destaca que sólo 6 de 32 entidades federativas concentran la mitad de los adolescentes imputados en las carpetas de investigación:
- Nuevo León
- Estado de México
- Guanajuato
- Sonora
- Jalisco
- Chihuahua
Lesiones, robo y abuso sexual, entre los delitos más comunes
En 2023 se registró un total de 33,975 presuntos delitos cometidos por adolescentes; lo que refleja que algunos de ellos están involucrados en más de un delito.
Los presuntos delitos más comunes en la justicia adolescente fueron: lesiones con el 24.8% del total, el robo con 15.2% y las amenazas con 9.4 por ciento.
Adicionalmente, destaca que en la posición cuatro y cinco se encuentran delitos considerados de alto impacto: el abuso sexual que concentró el 9.0% de los casos y el narcomenudeo con 8.4% del total.
Sanciones y privación de la libertad
Del total de adolescentes que enfrentan problemas con la ley, sólo 3,785 fueron acreedores a una sanción efectiva. De ellos, el 66.3% recibió medidas cautelares no privativas de la libertad, mientras que el 33.7% restante sí tuvo alguna restricción preventiva de la libertad.
Una amplia mayoría de los menores de edad que ingresan a los centros de internamiento son hombres; representando cerca del 90% del total.
Con estos niveles de entradas a los centros de internamiento, en 2023 se registró una tasa nacional de 16.6 adolescentes ingresadas a por cada 100,000 menores de entre 14 y 17 años.
La mayoría de los adolescentes que ingresaron a estos centros (85 de cada 100) manifiestan haber tenido el acompañamiento de sus padres o tutores en su proceso penal. Pero sólo la mitad de ellos tuvieron acceso a la asesoría de un abogado durante su estancia en el Ministerio Público.
La serie histórica sobre estadísticas de adolescentes en problemas con la ley muestra un repunte de casos, especialmente después de la pandemia de Covid-19.
Pese a los esfuerzos en política pública dirigidos a atender las causas, la incidencia delictiva en adolescentes no ha logrado ceder. Entre los principales programas que buscan aumentar la cohesión social entre los jóvenes están los apoyos barriales, las actividades culturales y deportivas, los comedores comunitarios, las becas para la educación básica y media superior, el proyecto de universalización de la educación superior y la primera fase del Sistema Nacional de Cuidados.
De acuerdo con informes de la Unicef y la Unodc, agencias de la ONU para la protección de las infancias y combate a las drogas, la evidencia internacional indica que las acciones preventivas son las más efectivas para reducir la incidencia delictiva en jóvenes.
En este sentido, subrayan que es fundamental atender los factores de riesgo, como la pobreza, la violencia familiar, el acoso escolar, los problemas de salud mental y los contextos de inseguridad pública para aumentar la cohesión social, particularmente entre las comunidades más vulnerables.
Cortesía de El Economista
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